La lucha contra el narco estalla con Marlaska: "Tenemos una 9mm contra un kalashnikov"

El ataque de un grupo de narcotraficantes a varios agentes de la Policía Nacional en la localidad sevillana de Isla Mayor ha vuelto a encender las alarmas entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con presencia en el Campo de Gibraltar y su zona de influencia. El ataque con armas de guerra a los agentes en este municipio ribereño es el más grave que se ha registrado en Andalucía desde que en febrero de 2024 dos guardias civiles fueran asesinados en Barbate tras ser arrollados por una narcolancha. Y las distintas organizaciones policiales han puesto el foco sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y los medios de los que dota a los agentes para hacer frente a esta amenaza creciente.

"Tenían para repeler la agresión una 9 milímetros, una pistolita al lado de un kalashnikov", se queja Antonio Flores, responsable del Sindicato Unificado de Policía en Cádiz, una de las entidades que convocó el pasado jueves en Sevilla una protesta frente a la Delegación del Gobierno en Andalucía por esta situación. Uno de los agentes resultó herido grave en la agresión protagonizada por varios narcos en un asalto a una guardería, que es como se denomina a los depósitos donde las bandas almacenan la droga para su posterior transporte a las zonas del norte de Europa, donde suele estar su destino final.

Según denuncia el SUP, las bandas están de paso por el sur de España, pero "campan a sus anchas". "¿Dejamos que pasen con impunidad?", se pregunta Antonio Flores, que admite que "no estamos en un estado de guerra, pero tenemos que tener una mínima garantía de seguridad". "Se pueden reír de nosotros", abunda este portavoz sindical, que asegura que las armas cortas al lado de las que utilizaron los narcos en Isla Mayor son "como pelotas de goma".

La queja de los profesionales de las Fuerzas de Seguridad llega justo cuando el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado un informe tras una misión de eurodiputados a la zona que reclama a las instituciones de la UE y los estados miembros que declare esta labor como profesión de riesgo. Esta iniciativa partió de una queja de la Confederación Española de Policía (CEP), que tras el incidente de Isla Mayor ha exigido a Interior la adquisición de "armas largas" para que los agentes puedan enfrentarse con garantías a las bandas.

"El negocio de la droga es tan lucrativo que quienes viven en ese submundo se juegan mucho en cada alijo", expresa esta entidad en un comunicado que explica la proliferación de armas de guerra por la competencia entre bandas rivales. Un vuelco, que es como se llama al robo de droga de una facción a otra, puede suponer una pérdida de "millones de euros", lo que ha llevado a los narcos a hacerse con armas de una "potencia de fuego y letalidad innegable". "No se puede responder a los disparos de un fusil con una pistola", añade la CEP.

Por eso reclaman a Interior que dote a los agentes de la Policía Judicial de "la suficiente capacidad de fuego" para enfrentarse a sucesos sobrevenidos, como el que se registró en Isla Mayor. Al menos, hasta que puedan llegar a la zona dispositivos con instrumental más adecuado, como las Unidades de Intervención Policial (UIP) o los Grupos Especiales de Operaciones (GEO). La Confederación Española de Policía ya ha reclamado la dotación de estas armas "tipo subfusil" para estas unidades, pero también para los agentes como los que se enfrentaron a los narcos el pasado sábado en la localidad sevillana.

"No hay excusas si queremos evitar tragedias", abunda la CEP en su comunicado, que señala que la Policía Nacional tiene "a los mejores profesionales en la lucha contra la delincuencia", pero señala que su seguridad "debe estar por encima de cualquier otra prioridad". "Todo el dinero que se dedique a este objetivo es poco", zanja el escrito difundido por la Confederación Española de Policía.

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Pablo D. Almoguera. Málaga

La respuesta del Ministerio del Interior a este tipo de quejas es la misma desde hace ya tiempo. Grande-Marlaska puso en marcha al poco de llegar al Gobierno un plan especial en el Campo de Gibraltar que se amplió después a todas las provincias andaluzas salvo Córdoba y Jaén. Esto es así porque los narcos han extendido su presencia desde Cádiz a casi toda la comunidad a través de la extensa costa andaluza y también por el río Guadalquivir. El jueves, el titular de Interior desveló que su departamento última la puesta en marcha del quinto plan, que estará vigente hasta 2027.

Según Grande-Marlaska, es "la mayor inversión en recursos personales y materiales" para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. "Sabemos que esa batalla nos va a dejar cicatrices, pero nunca vamos a desfallecer", defendió el titular de Interior, que no desveló más detalles de la ampliación del plan, pero sí destacó que hasta ahora han puesto 200 millones de euros y han aumentado en un 16% las plantillas policiales en la zona. El Sindicato Unificado de Policía pone en duda estas afirmaciones y exige al Ministerio "que explique dónde invierte" esos fondos.