La Eurocámara acusa a Marlaska de "eliminar pruebas" al mover la zódiac de los agentes asesinados en Barbate

La misión de eurodiputados que acudió a Barbate para indagar en las condiciones en las que las fuerzas de seguridad españolas luchan contra el narco en el Campo de Gibraltar carga duramente contra el Ministerio del Interior. Las conclusiones de la visita que se desarrolló hace unos meses a Andalucía incluyen una dura acusación contra el Gobierno central por "eliminar pruebas" antes del viaje de la delegación de Bruselas. Así lo denuncian en el escrito aprobado por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que afea el traslado de la zódiac en la que iban los dos guardias civiles asesinados en febrero de 2024 tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de la localidad gaditana.

"Fue una seria obstrucción a la transparencia y la investigación de los hechos que eran objetivo de la misión", expresa el documento al que ha tenido acceso esta redacción. El escrito es el resultado de una visita que se produjo entre el 26 y el 28 de mayo y dirigida por un eurodiputado polaco del grupo ECR, una de las facciones ultraconservadoras con presencia en Bruselas. Estas conclusiones se aprobaron el pasado 4 de noviembre con el apoyo del PP europeo y el resto de fuerzas a la derecha del hemiciclo, incluidos aquí los Patriotas, donde se integra Vox. Los socialdemócratas, los liberales, los verdes y el grupo de la izquierda se abstuvieron en la votación.

Además de la acusación de "eliminar pruebas", destaca también otra crítica al Ministerio del Interior por conceder "un ascenso profesional" el pasado agosto a los responsables de la operación que derivó en la muerte de los dos guardias civiles. Según el escrito, esta decisión se llevó a cabo contra "los deseos de las familias" de los dos agentes fallecidos tras el incidente en el puerto barbateño, donde tuvieron que enfrentarse a los narcotraficantes con unos medios mucho menos potentes que la narcolancha en la que éstos se habían refugiado del mal tiempo.

El documento de conclusiones también recoge una vieja petición del PP y Vox en España respecto a la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Se trata de la reinstauración de la unidad especializada OCON-Sur, que fue eliminada por el Ministerio del Interior a pesar de sus buenos resultados. La petición de la misión de eurodiputados pasa por exigir "financiación, personal y mandatos permanentes adecuados para operar en zonas fronterizas de alto riesgo".

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Los eurodiputados apoyan también la designación de esta comarca gaditana como "Zona Especial de Seguridad" por la presencia de delincuencia organizada y por el "elevado peligro que supone para los agentes". En ese sentido, recomienda "financiación estructural y refuerzo de los recursos humanos", aunque esto es algo que, según Interior, ya se aplica por medio del plan especial del Campo de Gibraltar, extendido ya a casi todas las provincias andaluzas por la extensión de la zona de influencia de los narcotraficantes.

La divulgación del documento aprobado en Bruselas se produce apenas unos días después del último incidente grave provocado por los narcotraficantes en la comunidad. El sábado un miembro de una de estas bandas disparó con un arma de guerra a un policía nacional cuando estaban desarrollando una operación para desmantelar una guardería de droga en la localidad sevillana de Isla Mayor. "Por ahí van los perros, mátalos", gritaron los atacantes, según el relato divulgado por El Correo de Andalucía a partir de las declaraciones de uno de los agentes que fueron tiroteados.

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La investigación de estos eurodiputados partió de una petición registrada por la Confederación Española de Policía, que a raíz del informe ha reclamado la dimisión de Grande-Marlaska. "Ha agotado toda credibilidad y su permanencia en el cargo es ya insostenible", defienden desde esta entidad, que califica la gestión del ministro como "la más desastrosa y dañina para la Policía Nacional". La organización afea al titular de Interior un "abandono institucional y una falta de respaldo político inédito" y deja claro que el documento de Bruselas apoya sus peticiones históricas, como reconocer la profesión policial como de alto riesgo.

El informe asume las reclamaciones de este colectivo en ese sentido al pedir al Parlamento que tramite una propuesta de ley de la unión sobre protección del empleo de agentes de policía, personal militar, funcionarios de prisiones y de aduanas y fronteras. También exige que los actos violentos contra los agentes del orden se consideren "eurodelitos", lo que implica penas más severas, así como el debate del asunto en el Consejo Europeo de Justicia e Interior para la definición común de esos delitos. Y no sólo los que se cometen mientras están en servicio, sino también fuera. La intención es que incluya los casos de "resistencia grave, intimidación o agresión contra el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones".

El documento también recomienda "un enfoque integral" para abordar las "causas profundas" de la prevalencia del narcotráfico en esta zona de Andalucía y cita motivos como "el desempleo, la exclusión social y la falta de oportunidades. Y reconoce la necesidad de "cooperación internacional" para abordar el problema. En términos más concretos, pide a los Estados "mecanismos rápidos" para poder utilizar los bienes confiscados a organizaciones criminales, un problema acuciante en el Campo de Gibraltar, sobre todo con las narcolanchas.