La guerra por la marisma de Doñana: la Junta y los ecologistas chocan con el deslinde de Aagesen

Hace casi dos años que la Junta de Andalucía y el Gobierno central firmaron la paz de Doñana después de casi dos años de bronca por la conservación del humedal más importante de la comunidad, pero el segundo aniversario de aquella entente llega, otra vez, con ruido de sables. El Ministerio de Transición Ecológica que ahora dirige Sara Aagesen ha propuesto un nuevo deslinde de las parcelas del espacio natural que ha levantado en armas a los ecologistas y también a la Junta, que mostró su disconformidad en una reciente reunión del Consejo de Participación de Doñana, el órgano donde están presentes las administraciones, científicos y otras entidades.

El quid de la cuestión es la calificación que este deslinde del dominio público marítimo-terrestre otorga a las marismas del parque, consideradas ahora "pluvio-fluviales" y que pasarían a ser "mareales". Esto, según WWF, tendría "graves consecuencias" para la conservación de los hábitats y las especies protegidas de Doñana. Y así se lo ha hecho saber a la Unesco, a la Comisión Europea y al Convenio de Ramsar sobre protección de humedales y hábitats de especies acuáticas en sendas cartas remitidas a los tres organismos.

Según WWF, el movimiento de Transición Ecológica "contradice claramente las abundantes evidencias científicas existentes sobre el carácter de marisma de agua dulce de Doñana". Y esta disconformidad entre la organización ecologista y el departamento que dirige Sara Aagesen es llamativa, ya que rompe una unidad de acción entre el Gobierno central y las entidades conservacionistas que ha estado vigente desde, al menos, 2021. Fue cuando PP, Ciudadanos y Vox abrieron la puerta a la ampliación de los regadíos en el entorno del humedal y el origen de la pugna que se cerró en noviembre de 2022 con un bucólico paseo entre Juanma Moreno y la entonces vicepresidenta Teresa Ribera, hoy vicepresidenta de la Comisión Europea.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, defendió el pasado 16 de octubre que el deslinde que afecta a Aznalcázar (Sevilla), Hinojos y Almonte (Huelva) sirve para "blindar la preservación del territorio". El dirigente socialista defendió esta postura en una reunión extraordinaria del Consejo de Participación, aunque lo hizo en soledad. Según sus tesis, este paso administrativo está incluido dentro del plan de acción de Transición Ecológica para conservar Doñana que salió del acuerdo de noviembre de 2023.

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"Lo único que establece es la restricción de que no puede haber usos privativos que lesionen las características del bien público", garantizó entonces Morán, que aseguró que el deslinde "no modifica en ningún caso ni las condiciones ecológicas del espacio ni las actuaciones que se desarrollan". La decisión de Transición Ecológica se publicó hace unos días en el BOE y está abierto a un periodo de alegaciones al que tiene intención de acudir la Junta de Andalucía, como anunció en el Parlamento la consejera de Sostenibilidad, Catalina García.

El viceconsejero del ramo, Sergio Arjona ya advirtió en el seno del Consejo de Participación que el deslinde tiene errores "técnicos y jurídicos" y que se ha tramitado "sin consenso y sin respeto al informe preceptivo" del organismo que preside ahora el profesor Enrique Mateos tras la renuncia del histórico Miguel Delibes de Castro. La reclasificación de terrenos por la que aboga Transición Ecológica afecta al 56% de las fincas que dependen de la Administración Autonómica, incluidas todas las que está en la provincia de Sevilla.

"Se trata de fincas perfectamente conservadas, con una gestión ambiental ejemplar, que han sido objeto de restauración, seguimiento científico y control permanente", expresó Arjona, que mostró su rechazo al procedimiento impulsado por el departamento de Aagesen. En la Consejería de Sostenibilidad entienden que abre "una incertidumbre jurídica innecesaria" sobre los límites de gestión que pueden derivar en "conflictos administrativos y operativos en la conservación del espacio".

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Los más críticos con la decisión del Gobierno central son los ecologistas de WWF que aseguran que hay organismos estatales que comparten su preocupación, como la Estación Biológica de Doñana, que depende del CSIC, e incluso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Según defienden en la entidad ecologista, el rechazo que se plasmó en el Consejo de Participación del pasado 16 de octubre parte de que los criterios de la Dirección General de Costas y el Mar, que diseña el deslinde, "son incompatibles con el conocimiento científico, los planes de gestión y la realidad física de Doñana".

WWF asegura que el "mero acto administrativo" de la recalificación propuesta es "un cambio de paradigma en la visión y gestión de Doñana". Esto es así porque la propuesta publicada en el BOE considera a dos tercios de la marisma como "mareal e inundable". El riesgo de esta definición, insiste la organización ecologista, es la posible "desaparición de los actuales humedales de agua dulce"

"Podría darse la contradicción de que la dirección del espacio natural no pudiera poner en marcha actuaciones para defender ecosistemas de alto valor", abunda WWF, que recuerda que se trata de un humedal clave para la reproducción de aves migratorias que hacen el camino entre Europa y África. Según el presidente de la entidad Juan Carlos del Olmo, son favorables a la aprobación del deslinde y a la restauración de los ecosistemas mareales de Doñana, pero no con la actual propuesta de Transición Ecológica, a la que tacha de "grandísimo error".