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El plan andaluz para paliar el déficit de vivienda: 41.000 pisos en suelos municipales
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A la espera de la ley autonómica

El plan andaluz para paliar el déficit de vivienda: 41.000 pisos en suelos municipales

La Consejería de Fomento publica el visor de parcelas para viviendas protegidas que exigió a las localidades de más de 100.000 habitantes. Más de 8.000 pisos saldrán de suelos industriales o dotacionales reconvertidos

Foto: Obras de vivienda en Sevilla impulsadas por la empresa pública Emvisesa y el apoyo de la Junta. (EP / M. J. López)
Obras de vivienda en Sevilla impulsadas por la empresa pública Emvisesa y el apoyo de la Junta. (EP / M. J. López)

La vivienda es la obsesión en la gestión por parte del Gobierno andaluz en el último tramo de la legislatura. La ley del ramo que acaba de llegar al Parlamento y su tramitación se utiliza incluso como argumento para rechazar un adelanto electoral por parte de Juanma Moreno. Y ese texto no es más que un desarrollo del decreto de medidas urgentes aprobado a principios de año y que ya empieza a dar sus frutos. Uno de los principales objetivos de la norma fue la creación de una bolsa de suelo municipal que se pondría en uso para la construcción de pisos asequibles.

El problema era que gran parte de esas parcelas están bajo control de los ayuntamientos y por eso la Junta les dio varios meses para ponerse manos a la obra. El resultado es un visor en el que figuran terrenos donde se podrán levantar casi 41.000 viviendas en suelos municipales. Cuando estén desarrolladas, podrán paliar casi un cuarto del déficit de viviendas que figura en los datos del Banco de España para la comunidad más poblada del país. Así lo explicó este martes Ignacio Peinado, presidente de FADECO Promotores, que citó la previsión del regulador para final de 2025, que alude a un déficit de 200.000 pisos.

Peinado estuvo en la puesta de largo de la presentación de la bolsa de suelo creada por la Consejería de Fomento que dirige Rocío Díaz. Esta iniciativa ha cristalizado en un visor, un mapa de la comunidad donde figuran las parcelas destinadas ya para vivienda protegida y las que son susceptibles de entrar en ese catálogo por medio de una recalificación. Esto no es baladí, ya que casi un cuarto de los 40.937 pisos que se pueden construir en los suelos que entran dentro de la bolsa corresponden a suelos terciarios y dotacionales que deben cambiar de uso para que empiecen a llegar las grúas.

En total son 8.115 las futuras viviendas resultado de esta recalificación, que fue aprobada por el Gobierno andaluz a principios de año precisamente para lograr el objetivo que se ha marcado Moreno: poner en uso todo el suelo susceptible de albergar alojamientos. Del total, 6.796 viviendas se levantarán en parcelas que estaban destinadas a oficinas o comercios e incluso edificios públicos de la Administración. Otras 1.319 estarán en terrenos reservados inicialmente para la industria que los ayuntamientos han decidido dedicar a vivienda para bajar la presión habitacional.

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Las casi 40.000 viviendas estarán repartidas entre 659 bolsas de suelo que ocupan casi 1,5 millones de metros cuadrados en las ciudades más pobladas de la comunidad. El decreto autonómico solo instó a los municipios de más de 100.000 habitantes a adherirse a esta iniciativa, por lo que afecta a las 8 capitales de provincia, además de Jerez, Algeciras, Cádiz, Marbella, Dos Hermanas y Roquetas de Mar.

Málaga es donde podrán hacerse más pisos con el suelo habilitado en la bolsa, con un total de 8.511, seguida de Sevilla, con 7.469, y Dos Hermanas, con 6.805. El hecho de que la ciudad nazarena le pise los talones a la capital andaluza provoca que la provincia de Sevilla sea donde hay más disponibilidad de terrenos, mientras que en Málaga, que presenta un mayor déficit, haya menos. Esto es así porque la otra localidad malagueña presente es Marbella, con espacio disponible para solo 172 pisos. "Nosotros tenemos a la montaña por el norte y al sur el mar", explicó el gerente del Instituto Municipal de Vivienda de la capital de la Costa del Sol, José María López Cerezo.

"Tenemos que dar más ayudas a las promociones y el desarrollo de suelos para apostar por la vivienda protegida", defendió la consejera de Fomento, que hizo un llamamiento a "sumar esfuerzos" con las empresas constructoras. López Cerezo hizo suyas estas palabras y defendió que las administraciones públicas deben centrarse en facilitar al sector privado la construcción y dejar a los gobiernos las promociones que no sean atractivas para los inversores. Por su parte, Helena Ruiz, presidenta del Colegio de Arquitectos Técnicos de Sevilla, puso el foco en la necesidad de apostar por la edificación en altura y también de "construir más pisos, pero más pequeños" para responder a las necesidades de las actuales familias, más pequeñas que décadas atrás.

La presentación de la bolsa de suelo se produjo ante una nutrida presencia de empresarios del sector, con quienes la Junta mantiene buenas relaciones, ya que la apuesta de Juanma Moreno pasa por facilitar la inversión para así agitar el mercado. No en vano, abrió la posibilidad de incluir la promoción de viviendas protegidas dentro de la unidad aceleradora de proyectos, una de las medidas más alabadas que ha puesto en marcha el barón popular desde que llegó a la Junta.

La liberación de suelo para construir 41.000 viviendas se produce en los primeros compases de la tramitación de la nueva ley autonómica del sector, que ha recibido críticas de entidades como el Sindicato de Inquilinas de Sevilla. "El objetivo [de la ley] no es solucionar el problema de la vivienda, sino construir más", señaló hace unos días el portavoz de esta entidad, el profesor de la Universidad de Sevilla Jaime Jover, que considera que el texto que se debate en la Cámara regional "calienta el mercado".

La vivienda es la obsesión en la gestión por parte del Gobierno andaluz en el último tramo de la legislatura. La ley del ramo que acaba de llegar al Parlamento y su tramitación se utiliza incluso como argumento para rechazar un adelanto electoral por parte de Juanma Moreno. Y ese texto no es más que un desarrollo del decreto de medidas urgentes aprobado a principios de año y que ya empieza a dar sus frutos. Uno de los principales objetivos de la norma fue la creación de una bolsa de suelo municipal que se pondría en uso para la construcción de pisos asequibles.

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