La Junta maniobra para frenar el almacén de gas en Doñana que autorizó el PSOE en 2010

El Gobierno andaluz aboga por revisar el proyecto de almacenamiento de gas bajo Doñana que recibió el aval ambiental de los ejecutivos del PSOE en Moncloa y la Junta de Andalucía a principios de la pasada década. La consejera autonómica de Sostenibilidad, Catalina García, llevará este viernes al Consejo de Participación de Doñana una serie de reclamaciones encaminadas a paralizar estas instalaciones que ya generaron una polémica en 2018, cuando el Parlamento Europeo envió una misión de eurodiputados a indagar en una infraestructura que funciona de forma provisional desde hace ya más de una década.

El Ejecutivo autonómico abordará en el órgano que rige el funcionamiento del espacio natural un nuevo examen después de que la actual propietaria del almacén de gas, Trinity Capital, haya propuesto ampliar su capacidad. Estas infraestructuras fueron impulsadas a principios de la pasada década por Gas Natural, ahora Naturgy, en cuatro almacenes individuales, de los cuales solo uno salió adelante. Se trata del proyecto Marismas Occidental, que recibió los parabienes regulatorios con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y José Antonio Griñán como inquilino de San Telmo. Teresa Ribera, hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, era la responsable de la secretaría de Estado de Medio Ambiente cuando se dieron los permisos.

En 2016 el Gobierno de Susana Díaz cambió el paso y retiró la autorización ambiental unificada (AAU) a los otros tres almacenes proyectados, que no salieron adelante. Y ahora Juanma Moreno abunda en esa misma posición y reclamará un nuevo examen ambiental a la instalación después de que entidades como Greenpeace o Salvemos Doñana hayan elevado la voz contra la profundización del almacén situado en el entorno del humedal andaluz.

Además de la petición a la Administración central para revisar los permisos, la Junta quiere que la Unesco indague sobre los posibles efectos de los almacenes subterráneos en la red de acuíferos que nutren el espacio natural declarado en riesgo por parte de la Comisión Europea por los incumplimientos de las directivas de aguas y hábitats. Las organizaciones ecologistas, ante la nueva petición del propietario del almacén, alertaron de posibles daños a las masas de agua que hay bajo Doñana que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ya considera sobrexplotadas desde 2021.

TE PUEDE INTERESAR

La presión sobre el riego ilegal en Doñana deja en el mínimo histórico los invernaderos piratas

Carlos Rocha. Sevilla

Según desveló el pasado abril El Economista, el Ministerio de Transición Ecológica defendió en su momento que la petición del nuevo sondeo tiene que ver con una necesidad de reparar uno de los pozos del almacén, que ha funcionado a bajo rendimiento en el último lustro por problemas técnicos. El departamento que hoy encabeza Sara Aagesen explicó además al citado medio que los trabajos están amparados por la declaración de impacto ambiental original que ahora quiere la Junta que sea revisada.

"La documentación técnica aportada en aquel entonces, de evaluación de los daños que se pueden ocasionar a los valores del espacio protegido, ha sido dada aún por válida quince años después", ha criticado recientemente Greenpeace en una posición que coincide con la del Gobierno de Juanma Moreno. Los ecologistas defienden que las técnicas de evaluación han evolucionado lo suficiente en estos 15 años para volver a analizar los riesgos hidrogeológicos y sísmicos vinculados a este tipo de proyectos. Y de fondo está el debate sobre la conservación de Doñana y la posibilidad de que este nuevo sondeo sea una nueva "agresión".

El debate político sobre los almacenes de gas en el entorno del espacio natural tiene muchas aristas y llega hasta Felipe González, que formó parte del consejo de administración de Gas Natural cuando el proyecto fue impulsado. Naturgy vendió en 2022 la instalación a Trinity Capital, la entidad que ahora ha solicitado la realización del nuevo sondeo en un contexto geopolítico muy distinto, ya que el gas natural licuado ha adquirido una gran importancia en el contexto de invasión rusa de Ucrania. La capacidad de almacenamiento de este combustible fósil fue clave para España cuando el gas dejó de llegar en grandes cantidades desde los gasoductos de Europa del Este.

Este debate sobre el almacén de gas bajo Doñana llega 20 meses después de la firma del pacto entre el Gobierno y la Junta de Andalucía sobre la conservación del espacio natural. En aquella ocasión la pugna estaba originada en los planes de PP y Vox de abrir la puerta a la regularización de los regadíos en el entorno del parque, una amenaza que quedó zanjada con un acuerdo dotado con 1.300 millones de euros y con unas ayudas a la reconversión de los agricultores como clave de bóveda. Hace apenas unos días la buena salud de esta entente quedó clara al descartar la Junta cualquier posibilidad de romper el pacto a pesar de la presión de los agricultores y Vox ante el retraso en la llegada de las subvenciones prometidas, que acumulan ya una importante dilación.