Los regantes de Huelva y Vox presionan a Moreno para romper el pacto de Doñana

Los regantes del Condado de Huelva y Vox elevan el tono y abren la puerta a reactivar la proposición de ley que contemplaba la ampliación de los cultivos de regadío en el entorno de Doñana. La norma que desató un sonoro choque entre el Gobierno andaluz y el Ejecutivo central, con el apoyo de Bruselas a la tesis de Moncloa, vuelve a la palestra en un ejercicio de presión por parte de los agricultores que ha recibido el apoyo de la formación de Santiago Abascal. Los regantes aludieron a la posibilidad de reimpulsar el texto en el Parlamento andaluz ante la tardanza del Ministerio de Transición Ecológica en sacar adelante las ayudas que sirvieron para cimentar el pacto de Doñana.

Juanma Moreno y la entonces vicepresidenta Teresa Ribera, ahora mano derecha de Ursula Von der Leyen en la Comisión Europea, firmaron la paz después de año y medio de envites con un acuerdo millonario que supondrá el despliegue de 1.300 millones de euros en el humedal andaluz y su entorno. La clave de bóveda de aquel pacto eran las ayudas a la reconversión de los cultivos de la corona norte forestal de Doñana, que 18 meses después de la rúbrica del acuerdo todavía no se han puesto en marcha. El compromiso de Transición Ecológica, ahora en manos de Sara Aagesen, es que la convocatoria con las bases se apruebe este verano, pero los regantes han empezado a impacientarse.

Las subvenciones pueden llegar a un máximo de 100.000 euros por hectárea en una década a aquellos productores que opten por renaturalizar sus tierras de regadío y convertirlas en terreno forestal. Hay otras dos líneas con cantidades más pequeñas encaminadas a profundizar en los cultivos ecológicos o de secano, que requieren menos recursos hídricos. El objetivo de estas ayudas era animar a los agricultores a facilitar la reducción de la presión hídrica sobre el sistema de acuíferos en el que se asienta Doñana para poder rehabilitar así el humedal y cumplir con las exigencias de Bruselas en materia de medio ambiente y conservación de hábitats.

La dilación que acumula la publicación de esas ayudas ha contrastado con el avance de otras líneas del pacto de Doñana, como las encaminadas a facilitar la diversificación económica en los 14 municipios de la zona e incluso las que deben servir para acabar con los asentamientos de temporeros en los pueblos freseros. Es ese motivo el que ha llevado a los regantes a solicitar a PP y Vox recuperar el texto que ya llevaron al Parlamento en 2021 y que acabó en un cajón tras la convocatoria electoral de junio de 2022.

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Lo llamativo es que Vox inauguró la legislatura registrando de nuevo el texto en solitario y su portavoz en el viejo Hospital de las Cinco Llagas, Manuel Gavira, amenaza ahora con reactivarlo. Para que la norma salga adelante necesita los votos del PP, ya que los populares tienen mayoría absoluta en la Cámara autonómica. "Ni en broma", expresan fuentes del Gobierno andaluz cuestionadas sobre la posibilidad de una reactivación de la ley de ordenación de los regadíos de la corona norte forestal de Doñana. Ese fue el principal giro del Ejecutivo de Juanma Moreno, que en su momento se llegó a comprometer con los agricultores a sacar adelante la polémica norma, una promesa que quedó abandonada con el pacto con el Gobierno y, sobre todo, el despliegue de estas ayudas.

"El pacto de Doñana es un fraude", defendió el portavoz de Vox en una comparecencia en Huelva en la que recogió la queja de los agricultores del Condado de Huelva. Gavira ha denunciado que mientras las ayudas siguen sin llegar, la labor de inspección de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sigue funcionando y multando a quienes captan agua de forma irregular. Hace unas semanas la entidad dependiente de Transición Ecológica informó de que el número de hectáreas que riegan sin permiso se había reducido al mínimo histórico, con apenas 445 de las más de 4.500 que hay en el entorno de Doñana.

La presión sobre el riego irregular ha sido posible gracias a la puesta en marcha de un mecanismo de teledetección combinado con Inteligencia Artificial, según informó la oficina técnica de Doñana el pasado mayo. En el Ministerio de Transición Ecológica dejaron claro hace ahora un año que para acceder a las subvenciones es necesario que los agricultores regularicen sus terrenos, es decir, que no habría ayudas para los que sigan captando agua ilegal. Entonces, el departamento que ahora encabeza Sara Aagesen constató que existía un amplio interés por parte de los freseros de acogerse a las subvenciones que supondrán en total 135 millones de euros de gasto público.

El consejero de Agricultura de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, urgió al Gobierno central el martes a que pusiera en marcha la convocatoria de las ayudas para que la Administración autonómica pueda lanzar también la subvención complementaria a la que se comprometió en la firma del acuerdo. "Que no le den más vueltas y las presenten ya", expresó el político popular, que mantuvo una conversación con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en medio de esta escalada de presión que protagonizan Vox y los propios regantes.