El principio del fin de los asentamientos de temporeros del corazón agrícola de Huelva

Los asentamientos de inmigrantes temporeros en las localidades agrícolas de la provincia de Huelva tienen los días contados. O al menos esa es la intención de las distintas Administraciones que parecen haberse tomado en serio este fenómeno que acumula ya más de tres décadas y que ha sido señalado como un problema por las instituciones europeas e incluso la ONU. El Gobierno central y la Junta de Andalucía, en colaboración con los ayuntamientos onubenses donde existen los poblados efímeros, han desplegado una serie de medidas que tienen por objetivo ofrecer una alternativa a las personas que acuden, en el caso de Huelva, a la recogida de la fresa y el resto de frutos rojos, una de las principales actividades económicas de esta zona del país.

El último paso de este plan de acción lo han avanzado este martes el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y los alcaldes de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto. El departamento que encabeza Isabel Rodríguez y los tres regidores han rubricado un protocolo que hará posible mejorar las condiciones de habitabilidad de los temporeros dentro del apartado socioeconómico del plan de actuaciones en Doñana y su entorno. Esta iniciativa supuso el final de las hostilidades entre San Telmo y Moncloa a cuenta de los regadíos en el entorno del espacio natural y lleva aparejado un despliegue de medidas de distinto ámbito para garantizar el desarrollo de la comarca que circunda al humedal andaluz.

Este apartado del plan atiende directamente a la situación de los temporeros y tendrá una duración inicial de tres años. Con la firma del protocolo se sientan las bases que servirán para desplegar después los "instrumentos jurídicos" que servirán a los citados municipios para desplegar las soluciones de vivienda para los inmigrantes que acuden cada año a recoger fresas, frambuesas y arándanos. La subsecretaria de Vivienda, Llanos Castellanos, fue la responsable de la firma junto con los primeros ediles de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto: Gustavo Cuéllar, Milagros Romero y Álvaro Regidor.

El acuerdo hará posible que los ayuntamientos articulen iniciativas para facilitar la adquisición de viviendas por parte de los trabajadores temporales o la rehabilitación de pisos para este mismo objetivo. También se contempla la adecuación de espacios no destinados inicialmente a uso residencial para atender a estas personas y acabar con los asentamientos en los que las distintas entidades sociales han denunciado condiciones de insalubridad. El siguiente paso será el desarrollo de un "mecanismo normativo específico" que permita canalizar apoyo financiero desde el Gobierno a los tres municipios para desarrollar las medidas ya citadas.

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EFE

En 2020 el relator especial de la ONU para la pobreza extrema, Philip Alston, visitó los campamentos y alertó de que las Administraciones "hacen la vista gorda" sobre la situación de las personas que habitan en estas poblaciones improvisadas en los entornos de las localidades onubenses y que también existen en Níjar (Almería). Desde entonces, Junta, Gobierno y ayuntamientos se han puesto manos a la obra para atajar en lo posible las malas condiciones.

La principal de estas acciones es, quizás, el protocolo firmado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Consejería de Inclusión Social de la Junta junto con los ayuntamientos de Lepe y Moguer. Inicialmente, ambas administraciones se aliaron para dotar a Lepe con 1,8 millones de euros e hicieron lo propio con 818.000 euros para Moguer. Ambos consistorios debían poner en marcha programas para eliminar los asentamientos y dotar de una iniciativa habitacional a los inmigrantes, pero el acuerdo fue anulado por el Tribunal Supremo, ya que lo consideró irregular al no incluir a los ayuntamientos de Lucena del Puerto y Palos de la Frontera.

En 2020 el relator especial de la ONU para la pobreza extrema visitó los campamentos y alertó de que las Administraciones "hacen la vista gorda"

En julio de 2023, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno avanzó en solitario con la aprobación del Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía conformadas por población migrante. Este proyecto salió también de la Consejería de Inclusión Social que encabeza la onubense Loles López y tenía por objetivo la "integración residencial y sociolaboral" de temporeros.

La organización Andalucía Acoge, que revisa cada año las actuaciones de las Administraciones respecto a los campamentos, admitió que el proceso de elaboración de este plan estaba siendo "más lento de lo esperado. Pero también reconoció que es la ocasión en la que la Junta reconoce que es la "administración competente" para atajar este problema. En su último informe, hecho público hace unos meses, la ONG destaca que el Gobierno andaluz ha dedicado 3,5 millones de los fondos Next Generation para la creación de alojamientos "alternativos" en Níjar (116 plazas), Lepe (152 plazas), Lucena del Puerto (72 plazas) y Moguer (12 plazas). Se trata de una propuesta que encaja precisamente con el protocolo firmado este martes por el Ministerio de Vivienda y dos de esos ayuntamientos.

Huelva Acoge atiende en 16 de los 21 asentamientos que existen en la provincia onubense y que tienen unos 1.000 habitantes fuera de la temporada agrícola. Durante la campaña de los frutos rojos, según la ONG, la población puede triplicarse, por lo que los problemas de precariedad se multiplican. Especial atención requieren, según la entidad, los incendios que se registran casi todos los años, sobre todo en momentos de calor como los que acaban de empezar a registrarse.