La Junta eleva el tono contra Marlaska por el narco: "Lo de Barbate puede volver a ocurrir"

El Gobierno andaluz eleva el tono contra el Ministerio del Interior por la respuesta que da al desafío del narco en el Campo de Gibraltar y el resto de la comunidad. "Lo que ocurrió en Barbate puede volver a ocurrir cualquir día", ha defendido este lunes Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta que también tiene las competencias en interior y emergencias a nivel autonómico. Sanz, que fue delegado del Gobierno en su momento, ha criticado que el Ministerio de Interior se centre en dar "datos sobre la reducción del narcotráfico" mientras que la situación en el último año "no ha cambiado"

"Esto es mucho más que tres lanchas, el debate es la desprotección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha abundado el dirigente popular en un desayuno organizado por El Correo de Andalucía. Según Sanz, el principio de autoridad en la zona afectada por el narco "está en entredicho" por la falta de medios y ha anunciado que el Ejecutivo autonómico reclamará al Gobierno central que declare como profesión de riesgo el desempeño de la Guardia Civil y la Policía Nacional. "Los niños de los narcos van a los mismos cumpleaños que los de jueces y guardia civiles", ha alertado el dirigente del PP.

Esta crítica de Sanz coincide en el tiempo con la llegada de una misión de eurodiputados que indagará en la situación de policías y guardias civiles y que pone en solfa la gestión del Ministerio del Interior que encabeza Fernando Grande-Marlaska. La petición original reclamaba la conversión en las agresiones a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en eurodelitos para endurecer el castigo penal. "Esto cubriría cualquier tipo de agresión", indica David Gutiérrez, miembro de la Confederación Española de Policías e impulsor de la misión.

La Comisión de Peticiones es un organismo llamativo dentro de la arquitectura de la UE, ya que permite a los ciudadanos trasladar sus reclamaciones a Bruselas sobre casi cualquier asunto. Eso ha provocado que los partidos lo hayan instrumentalizado para darle lustre a asuntos de su interés o utilizarlo para llevar al terreno europeo asuntos domésticos. No es la primera vez que ocurre en Andalucía, donde hace 8 años ya hubo una visita de eurodiputados para analizar los proyectos de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana en una iniciativa que recibió el respaldo de IU Andalucía. Ahora han sido PP y Vox los que han aprovechado la mayoría de sus familias europeas y han elevado la petición de un policía nacional retirado para reclamar más protección para los agentes en toda Europa a un debate sobre la respuesta al narco en el Campo de Gibraltar.

El despliegue de una decena de eurodiputados en Barbate, Algeciras y Sevilla no tendrá una consecuencia legislativa, pero sí habrá un diagnóstico realizado después de verse con las administraciones, responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional y también con una de las viudas de los agentes fallecidos en febrero del año pasado. El jefe de la delegación es el polaco Bogdan Rzonca, del partido ultra Ley y Justicia, que cuenta con otro integrante, Kosma Zlotowski. El quinteto de miembros de Peticiones lo completan el popular austriaco Alexander Bernhuber, la socialista portuguesa Isilda Gomes y el francés Fabrice Leggeri, del partido de Marine Le Pen y además exdirector ejecutivo de Frontex, la agencia europea de Fronteras.

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Carlos Rocha. Barbate

Los cinco integrantes de la misión cuentan con el apoyo de otros cinco diputados españoles. Destacan dos andaluces, el popular Juan Ignacio Zoido, que fue ministro del Interior; y la socialista Lina Gálvez. Del PP también acude Maravillas Abadía, mientras que destaca la presencia de Mireia Borrás, de Vox y de Nora Junco, del partido de Alvise Pérez. La representante del PSOE ya ha criticado antes del despliegue de los eurodiputados la "utilización" de la comitiva por parte de la formación de Santiago Abascal y el PP para hacer oposición al Gobierno y ha recordado que el origen del viaje está en la reclamación del policía español.

Aunque ese origen es tal y como lo cuenta Gálvez, la agenda de los miembros de la Eurocámara está muy relacionada con los sucesos del 9 de febrero de 2024 y también con la situación que afrontan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Campo de Gibraltar. Tras aterrizar en Málaga, acudieron hasta Barbate, donde los recibió el alcalde Miguel Moreno, andalucista que gobierna en coalición con el PP y ha reclamado en numerosas ocasiones una mayor atención de las administraciones a este rincón de la península.

En Barbate también se vieron con el peticionario, el policía David Gutiérrez, miembro de la Confederación Española de Policía. Y en ese mismo contexto estuvieron con Isandra Fernández, Mónica Mójica y Carolina Freire, representantes de la asociación de familiares de guardias civiles creada después de los sucesos de la localidad gaditana. Ya se han constituido como asociación en el registro de Interior y tienen ramificaciones por todo el país, pero desde hace un año su principal exigencia tiene que ver con aclarar cómo se produjo la orden que envió a los agentes fallecidos a hacer frente a los narcos resguardados en el puerto de Barbate a pesar de la falta de medios.

El jueves la agenda se trasladará a Algeciras, donde serán recibidos por el alcalde popular José Ignacio Landaluce antes de dedicar la mañana a la situación del Campo de Gibraltar. Un veterano de la lucha contra los estragos sociales del narco será quien les explique a los eurodiputados la situación en la zona. Se trata de Paco Mena, presidente de la coordinadora antidroga del Campo de Gibraltar y conocedor de los efectos en la población desde las primeras manifestaciones que se registraron como protesta, a mediados de los 80.

También habrá un encuentro con Ana Villagómez fiscal antidroga de Cádiz, con responsables de Vigilancia Aduanera y con una letrada de la administración de Justicia con el objetivo de abordar las consecuencias que tiene el narco en los tribunales de la zona, que sufren un colapso mayor que el del resto del país. En Algeciras se verán con miembros de la Udyco de la Policía Nacional, la unidad contra la droga y el crimen organizado, y también con integrantes de la UCO de la Guardia Civil y el servicio marítimo del instituto armado. Esta mesa no es baladí, si se tiene en cuenta que gran parte de la crítica a Interior tiene que ver con la forma de responder al narco tras la disolución del grupo OCON-SUR.

El miércoles está prevista la reunión con la Delegación del Gobierno en Andalucía y, después, con la Junta de Andalucía, pero el choque entre Administraciones empezó en la primera jornada. "Es la humillación de nuestro Estado de derecho, una invasión", expresó Juanma Moreno antes de un acto sobre inversiones en Madrid, donde aprovechó para reclamar al Ejecutivo central una respuesta similar a la que se dio a la lucha antiterrorista contra ETA. "La coca trae sangre siempre", abundó el barón popular antes de aludir al uso de armas de guerra o a las amenazas a agentes de Guardia Civil o Policía. Moreno sugirió incluso que pedirá responsabilidades "por todas las vías", sin aclarar si se refería a acudir a los tribunales para formalizar esa exigencia.

En el departamento que encabeza Grande-Marlaska niegan la mayor insisten una y otra vez en los éxitos que derivan del plan especial de seguridad que el Gobierno puso en marcha en 2018 y que ha redundado en más de 5.000 detenciones y la intercepción de casi 250 toneladas de droga. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, será quien defienda esta vía, pero ya acusó el lunes al presidente de la Junta de "faltar a la verdad" y acercarse a los "discursos extremistas" de Vox. "Hace uso del miedo", criticó el político socialista antes de aludir al citado plan especial.