El Gobierno de Juanma Moreno abona este año 4,1 millones de euros de las ayudas de los ERE

Las ayudas que se repartieron en el caso de los ERE se concedieron entre los años 2002 y 2008, pero casi un cuarto de siglo después siguen fluyendo desde los presupuestos de la Junta de Andalucía. El actual Gobierno andaluz afrontará este año pagos por valor de 4,1 millones de euros entre el pago directo de prejubilaciones (2,16 millones) y las pólizas (1,94 millones), según datos facilitados por la Consejería de Empleo y Trabajo Autónomo del Ejecutivo que encabeza Juanma Moreno. Cuando el barón popular llegó a San Telmo todavía restaban por abonar en torno a 60,9 millones de euros y todavía habrá varias cuentas autonómicas más que incluyan partidas para completar estos pagos.

Esta continuidad es posible porque en 2012 hubo un cambio legal que regularizó las ayudas concedidas por medio del sistema ideado por la Consejería de Empleo de los mandatos socialistas, que derivó en el reparto de 680 millones de euros con controles laxos. Es la fórmula que la Audiencia Provincial de Sevilla consideró fraudulenta en 2019, una posición que fue refrendada después en 2022 por el Tribunal Supremo. Dos años después, en el verano de 2024, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional desmontó estas tesis al considerar que la elaboración de leyes contrarias a las normas preexistentes y su aplicación posterior no puede traducirse en un delito de prevaricación y malversación.

Ese es el leitmotiv de la revisión del caso de los ERE aplicada entre junio y julio del año pasado, que discute la minoría conservadora del Constitucional, pero que no es incompatible con el desarrollo normal de estos pagos que se han producido de forma ininterrumpida desde entonces. Los beneficiarios fueron más de 6.000 trabajadores que se han ido prejubilando o falleciendo en este periodo, entre los cuales había intrusos vinculados al PSOE. Esta continuidad en los pagos responde a la aprobación de un decreto bajo el mandato de José Antonio Griñán, que contó con el apoyo de los socialistas y sus socios de IU, pero también la abstención del PP.

En julio de 2022, cuando el Supremo confirmó las tesis de la juez instructora, Mercedes Alaya, y Juanma Moreno logró su mayoría absoluta, todavía restaban por abonar unos 27 millones de euros. Las previsiones entonces pasaban apuntaban a que la culminación de los pagos llegaría en torno a 2025, pero en Empleo ahora lo descartan. Fuentes del departamento que encabeza Rocío Blanco estiman que en 2026 todavía habrá partidas para pagar las ayudas de los ERE, que rozarán los 2,9 millones de euros. Un millón irá para los pagos directos, mientras que el dinero de las pólizas se mantendrá en torno a 1,9 millones.

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Carlos Rocha. Sevilla

Contando con los 1,9 millones previstos para 2026, todavía restarán por abonar unos 8,9 millones si se tienen en cuenta las cantidades consignadas en las cuentas regionales de los años 2023 y 2024, así como los registros de la cuenta general de la Junta de Andalucía que elabora cada año la Cámara de Cuentas. Esto significa que el próximo Ejecutivo andaluz, que saldrá de los comicios de junio de 2026, todavía tendrán que reservar pequeñas partes de sus presupuestos para afrontar estas ayudas y prejubilaciones.

A pesar de esta circunstancia, el Gobierno de Juanma Moreno decidió la pasada semana dar un nuevo paso en medio de proceso de presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y dio la orden de personar a la Junta en el caso. Según explicó el propio presidente andaluz, el objetivo de este movimiento es poder "recuperar los 700 millones" en alusión al total de los fondos repartidos con el sistema ideado por el PSOE. El gabinete jurídico de la Junta hizo lo propio a petición del titular de Presidencia, Antonio Sanz, y este martes la Audiencia Provincial de Sevilla dio tres días a las partes para pronunciarse sobre la solicitud de la Administración autonómica.

La decisión del Ejecutivo andaluz corrige el paso atrás dado en 2016 por el Gobierno de Susana Díaz, que decidió salir de la pieza política de los ERE como parte perjudicada. Según defienden ahora en San Telmo, la posibilidad del que el caso llegue a Luxemburgo abre otra puerta al proceso de reclamación del dinero defraudado y para ello es necesario que la Junta figure de nuevo en la causa. El objetivo es que el Gobierno se persone para "ser oído" y pueda "defender sus intereses", explican fuentes del entorno de Sanz

En San Telmo consideran que el Tribunal Constitucional "se ha extralimitado" en su reinterpretación de las sentencias de los ERE y su personación va en la línea de presionar a la Audiencia para que finalmente plantee la situación ante el TJUE. Fue el PP andaluz, que está en el caso como acusación particular, quien impulsó la posibilidad de llevar el asunto a Luxemburgo ante la pasividad de la Audiencia. La Fiscalía Anticorrupción se ha pronunciado en contra de la intención de los populares, que derivó en un sonoro choque con Cándido Conde-Pumpido, que maniobró para paralizar el paso del tribunal sevillano.

La presentación de la cuestión prejudicial, que supondría un retraso de unos dos años en la resolución definitiva del caso de los ERE, está en su recta final. Los magistrados de la sala creada ad hoc para aplicar las sentencias tras la revisión del Constitucional finalizaron su deliberación el pasado 13 de mayo y fuentes de la Audiencia informan a esta redacción que ahora resta la redacción de la resolución, un paso para el que no existe plazo establecido.