Trump en Palomares y 6.000 metros de tierras nucleares que van a cumplir 60 años

Desde que varias bombas nucleares de la US Air Force cayeron en Almería en 1966 han pasado 11 presidentes por la Casa Blanca y un dictador y otros ocho jefes del Ejecutivo por el Palacio de la Moncloa. Demócratas, republicanos, centristas, socialistas y populares han ocupado el poder en Madrid y en Washington en estas casi seis décadas y la tierra que quedó contaminada por la caída de aquellos obuses cerca de Palomares sigue ahí. Y los ecologistas que llevan años reclamando que se actúe en este extremo de la península señalan al Ministerio de Transición Ecológica, al que acusan de no tener "el menor interés en limpiar".

Este es el último capítulo de una larga historia que comienza con la caída de cuatro proyectiles tras el choque de dos aviones estadounidenses que sobrevolaban Almería y afectaron a esta pedanía de Cuevas del Almanzora. Célebres son las fotos que se hizo el entonces ministro de Turismo e Información, Manuel Fraga, saliendo del agua en la playa andaluza para dejar claro que el peligro estaba lejos. Y desde entonces ha habido un largo intercambio de dimes y diretes que dejan ver la escasa urgencia de la administración de EEUU de solucionar este problema y la necesidad de la española por hacer algo más que vallar la zona afectada.

El mandato de Joe Biden se vislumbró como la luz al final de un largo túnel que en Ecologistas consideran que ha acabado por taponarse tras la vuelta de Donald Trump al poder. "Hubo una reunión entre Sánchez y Biden que dio esperanzas, pero ahora ya nada, no hay ninguna posibilidad", señala José Ignacio Domínguez, responsable del caso Palomares en Ecologistas en Acción, que es muy pesimista sobre un hipotético acuerdo entre Madrid y Washington: “No van a entrar en el tema, está roto totalmente”.

Según recuerda este activista, los norteamericanos limpiaron unos 1.000 metros cúbicos de material en su momento, pero todavía quedan otros 50.000 que tienen rastros de plutonio y americio. La previsión, una vez que se trate el terreno que ahora mismo está vallado, es que la cantidad de tierra contaminada quede en 6.000 metros cúbicos. "Cabrían en Hornachuelos", aventura Domínguez, en alusión al almacén de residuos nucleares de baja y media intensidad que hay en Córdoba y que se utiliza para recoger lo que resulta del funcionamiento de las centrales que funcionan en España. Otra opción, indica, sería la creación de “un almacén temporal individualizado”, ya que, en teoría, la limpieza y la recolección de estas tierras corresponde a EEUU, ya que fue el país responsable del vertido.

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"El Gobierno sigue con la disculpa de que el plutonio hay que mandarlo a EEUU", remarca el portavoz de Ecologistas en Acción, organización que ha denunciado la situación ante la Audiencia Nacional. Y es en ese contexto en el cual la Abogacía del Estado se ha mostrado contraria a la petición de la entidad porque usa “tergiversaciones” y “valoraciones sin base legal ni científica” para exigir la retirada de las tierras contaminadas.

El escrito de la Abogacía del Estado alude a informes del Consejo de Seguridad Nuclear y al reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. "Sólo se emprenderá una intervención cuando la reducción del detrimento de la salud debido a la radiación sea suficiente para justificar los efectos nocivos y los costes de la intervención", recoge el documento. En su respuesta a la demanda de Ecologistas en Acción, los letrados del Estado recorren los trabajos realizados para remediar los efectos del accidente y las revisiones posteriores, como la misión de la Comisión Europea que en 2010 certificó que e "los estudios radiológicos y los programas de vigilancia establecidos para la zona afectada son adecuados y eficientes". Bruselas repitió en 2019 estos trabajos y volvió a dar el mismo resultado.

"Los informes anuales enviados al Consejo de Seguridad Nuclear dejan claro que en escasísimas muestras apenas se alcanzan los valores de referencia", defiende la Abogacía del Estado. Esos valores de referencia derivan en que la "dosis efectiva" que reciben los habitantes de Palomares es inferior a 0,1 milisieverts (mSv) por año, "un orden de magnitud inferior al nivel de referencia establecido para la zona". El milisievert es la unidad que se utiliza para medir la dosis de radiación absorbida por una persona y una radiografía de tórax, por ejemplo, supone un impacto de 0,1 mSv.

El portazo de la Abogacía del Estado defiende que en Palomares "se han adoptado y se ejecutan medidas de vigilancia y control adecuadas" y que han sido verificadas por organismos internacionales. Y también rechazan, como defiende Ecologistas, que el incidente de la localidad almeriense sea el tercer accidente nuclear más grave de la historia tras Chernóbil y Fukushima "como afirma tan alegre como indocumentadamente la parte recurrente", zanja el escrito firmado por el abogado del Estado Juan José Torres.

Este sonoro rechazo no ha desanimado a Ecologistas en Acción, quienes aseguran que acudirán al Tribunal Supremo si en la Audiencia Nacional no sale adelante su demanda. Y después, insisten, irán al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "El vallado no es suficiente", explica José Ignacio Domínguez, que asegura que la radioactividad "no puede estar al aire libre" porque entra y sale del recinto acotado por la fauna silvestre y también por los fenómenos meteorológicos. "Es injustificable que no limpien", sentencia.