La presión sobre el riego ilegal en Doñana deja en el mínimo histórico los invernaderos piratas

En el entorno de Doñana hay menos invernaderos ilegales que nunca. La última medición del Ministerio de Transición Ecológica establece que en la zona de influencia del espacio natural hay ahora mismo 445 hectáreas de cultivos bajo plásticos que se nutren de agua subterránea captada de forma irregular. Es apenas un 10% de las 4.468 hectáreas de este tipo que existen junto al humedal andaluz, mientras que el pasado otoño alcanzaban las 700 hectáreas. Esto supone una reducción de un 36% en apenas unos meses, que es el tiempo que ha pasado desde que se ha puesto en marcha la nueva herramienta de teledetección de regadíos piratas que aplica la fotografía por satélite y la inteligencia artificial.

Esta fue una de las medidas estrella que derivan del pacto por Doñana que cerraron el Gobierno central y la Junta de Andalucía a finales de 2023, después de dos años de conflicto entre las dos administraciones. Concretamente, es un trabajo que depende de la Confederación Hidrográfica del Gualdaquivir (CHG), que es la entidad que da los permisos de riego en la zona, y revisada por la oficina técnica creada por Transición Ecológica a raíz de este acuerdo. Esta semana este organismo creado hace ahora un par de años, pero que ha echado a andar a pleno rendimiento recientemente, ha revisado el avance de los distintos proyectos que llevan aparejados una inversión que supera los 700 millones de euros y que van encaminados a garantizar la supervivencia del espacio protegido.

La reducción de la superficie regada de forma irregular es una de las principales medidas encaminadas a reducir la presión sobre la red de acuíferos que nutren al humedal andaluz. Las masas de agua que hay bajo Doñana y su mal estado -han sido declaradas sobreexplotadas- fueron una de las razones que llevaron a la Comisión Europea a levantar la voz ante la intención de PP y Vox de abrir la puerta a aumentar los cultivos en el entorno del parque. Esa posibilidad derivó en el choque con el Gobierno central y, en última instancia, hizo posible el acuerdo entre administraciones que ha derivado en el actual consenso y la apuesta de los dos gobiernos.

Para ello cuentan con varios instrumentos, como la citada herramienta de teledetección, que permite afinar las inspecciones por parte de la CHG, pero también ejerce como presión sobre los propios regantes ilegales, que se saben más vigilados. Esta herramienta se puso en marcha de la mano de la Universidad de Sevilla y actualiza la situación en el entorno de Doñana cada cinco días. Con las imágenes por satélite de los invernaderos, el sensor mapea la zona y luego compara estos cultivos bajo plástico con las zonas habilitadas para esta fórmula, lo que permite localizar las áreas que usan agua de forma ilegal.

TE PUEDE INTERESAR

Este escarabajo está matando decenas de miles de pinos desde Doñana al Mediterráneo

Víctor Romero. Valencia

La otra vía para rebajar la presión pasa por reconvertir parcelas de regadío legales en explotaciones menos exigentes con los recursos hídricos e incluso explotaciones forestales. Para ello el Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto sacar una convocatoria de ayudas que permitirán a los agricultores que acepten cambiar sus cultivos hasta 100.000 euros por hectárea en una década.

Estas ayudas son una de las asignaturas pendientes del departamento que ahora encabeza Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno tras la marcha de Teresa Ribera a la Comisión Europea. El pasado 4 de abril, en una visita a la capital andaluza, la responsable de Transición Ecológica se mostró convencida de que la línea de subvenciones para la conversión de explotaciones agrícolas echará a andar "antes del verano". Los técnicos de la oficina creada ad hoc para atender Doñana mantienen desde hace meses contactos continuos con los productores onubenses y existe un gran interés por parte de los agricultores para poder acogerse a estas ayudas que servirán para mejorar la salud del acuífero.

Otra de las fórmulas, que todavía están por desarrollar, es la posibilidad de adquirir con dinero público fincas en las que hoy se están extrayendo recursos de forma legal, para lo que el Ministerio de Transición Ecológica reservó hasta 100 millones de euros en su momento. El departamento de Sara Aagesen también está enfrascado en la sustitución de las tomas de agua que sirven para surtir de agua potable el núcleo costero de Matalascañas (Almonte), que cada verano congrega a mas de 160.000 habitantes. El objetivo último es que esta urbanización acabe recibiendo agua en superficie y no procedente de sondeos.

La presión también llega desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el pasado febrero denunció el robo "masivo y sistemático de agua". Y un par de meses después, el 8 de abril, los fiscales delegados de Medio Ambiente en Sevilla y Huelva anunciaron que en lo sucesivo reclamarían penas de prisión para las personas procesadas por sustracción de recursos hídricos en el entorno de Doñana.

En lo que respecta a la superficie y la restauración de la marisma, más allá de las mejoras experimentadas por las lluvias registradas en los últimos meses, destacan los proyectos de renaturalización como el que está en marcha en la finca Los Mimbrales. Y en el horizonte está la reconexión del brazo del río Guadiamar con la zona inundada. Esta conexión quedó interrumpida hace décadas y que es una asignatura pendiente desde el anterior marco de actuaciones en Doñana. Es una de las apuestas de Transición Ecológica, pero también es la que requiere una inversión más abultada, por lo que los pasos que se dan son más lentos.