Los investigadores se revuelven en la Universidad de Granada: “Está en juego la excelencia”

Una modificación en el Plan de Estabilización de la Universidad de Granada (UGR) que liga la incorporación de investigadores altamente competitivos a las necesidades docentes de cada departamento, podría hacer que este centro universitario perdiera su excelencia en investigación. Eso es lo que denuncian tanto personal investigador como docentes y sindicatos de la UGR, una universidad que solo en 2024 consiguió atraer 6,5 millones de euros a través de la contratación de 25 investigadores del programa Ramón y Cajal.

Este programa es la cúspide de la investigación a nivel nacional. Se trata de un tipo de ayuda en la que viene especificada que, tras completarse, se debe crear una plaza en el departamento indicado para poder estabilizar laboralmente al investigador. Lo mismo sucede con otros programas considerados altamente competitivos como EMERGIA o el European Research Council (ERC). Por su parte, la Universidad defiende que para algunos de estos tipos de programas las necesidades docentes no se tendrán en cuenta, mientras asegura que el cambio en la normativa busca dar salida, mediante la convocatoria de plazas de titulares, a la “bolsa de talento muy alta con derecho a estabilización” que actualmente existe.

Este giro por parte del Equipo de Gobierno de la UGR ha encontrado respuesta en un manifiesto firmado por más de 300 miembros de la comunidad universitaria. La financiación obtenida por algunos de los firmantes alcanza los 20 millones de euros, de los que el 10% va directamente a las arcas de la UGR, aseguran. Además, la UGR fue la universidad española que más investigadores Ramón y Cajal atrajo el año pasado.

Alba Soto es una de las investigadoras que protesta por este cambio en el Plan de Estabilización. Actualmente, disfruta de una ayuda Ramón y Cajal en el campo de la física teórica. Considera que este giro puede poner en riesgo la atracción de talento que históricamente ha beneficiado a la UGR tanto en términos económicos como de prestigio. Además, critica la falta de claridad del término “necesidades docentes”, al considerarlo ambiguo y determinante para poder continuar o no con su trabajo de investigación de vanguardia en la universidad.

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Esta investigadora, que ha trabajado en Estados Unidos, Suiza, Francia y Alemania, considera que el conflicto nace de que algunos departamentos han crecido mucho en los últimos años gracias a la atracción de talento, lo que ha reducido su carga docente respecto a otros. Apunta que interrumpir nuevas contrataciones no beneficiaría a los departamentos con más carga docente, sino que simplemente limitaría la incorporación de investigadores. Propone como alternativa una redistribución de dicha carga.

También denuncia que algunos contratos incluidos en el plan, como los Marie Curie, no deberían estar contemplados en las exigencias de estabilización, ya que no lo requieren por convocatoria. Además, alerta de que cortar la incorporación de investigadores afectará también a contratos ligados a sus proyectos actuales con doctorandos.

La UGR dejaría de ser primera opción

En una línea similar se manifiesta Paco Martínez, investigador especializado en inteligencia artificial aplicada a la neurociencia y beneficiario de una ayuda Ramón y Cajal. Cree que este cambio puede hacer que la UGR deje de ser una opción atractiva para investigadores potentes, comprometiendo su nivel de excelencia. Considera que modificar cada año los criterios de admisión generaría una incertidumbre contraproducente, tanto para los investigadores como para los propios departamentos. En la actualidad, participa en varios proyectos de investigación nacional que requieren contratar personal postdoctoral, y teme que la inseguridad lleve a estos perfiles a decantarse por otras universidades.

Pablo Ortiz, doctor en Física y Ciencias del Espacio, también expresa su preocupación. Aunque aún no ha logrado una Ramón y Cajal, ha trabajado como ayudante doctor en el extranjero y desea consolidarse en Granada. Cree que el nuevo modelo pone en duda su permanencia, incluso aunque obtuviera una ayuda con estabilización. El cambio le ha hecho replantearse su futuro profesional fuera del ámbito académico.

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Subraya que la UGR fue pionera en establecer estas estabilizaciones, lo que luego fue imitado por otras universidades andaluzas. Advierte del riesgo de un efecto dominó si este cambio se consolida.

Un choque de dos culturas ante la contratación

Docentes e investigadores ya estabilizados también critican este nuevo enfoque. Charo Rueda, catedrática y directora del departamento de Psicología Experimental, recuerda que llevan más de 15 años sin convocar plazas tradicionales, dependiendo de figuras competitivas como las Ramón y Cajal. Su departamento no tiene necesidades docentes, por lo que la nueva norma limitaría seriamente la entrada de nuevos perfiles.

Reconoce que es razonable buscar sostenibilidad para el plan, pero considera que en el fondo se enfrentan dos visiones de universidad: una más tradicional, centrada en controlar la contratación basándose en la docencia, y otra que apuesta por reforzar también la investigación. Sugiere que se incentive la contratación de talento en departamentos con necesidades docentes, sin restringirla en los que ya tienen un modelo exitoso de atracción investigadora.

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Apunta que el actual Equipo de Gobierno no lo tiene fácil, pero debería ser valiente y definir una cultura clara. Cree que si se quiere mantener el liderazgo investigador de la UGR en Andalucía, esta no es la vía adecuada para garantizar la sostenibilidad. Añade que su departamento gestiona 6 millones de euros activos en investigación gracias a estas figuras, una contribución muy por encima de la media universitaria.

Hacer un balance sin perder la excelencia

Según los afectados, el concepto de “necesidades docentes” será definido cada año por una mesa sectorial con representación de los vicerrectorados de Investigación y Docencia, la gerencia de la UGR y los tres sindicatos representados: UGT, CSIF y CCOO. Adrián Carmona, delegado de este último, considera fundamental mantener la estabilización sin que la investigación se vea afectada.

Advierte que una restricción total provocaría un descenso en la capacidad investigadora y en el posicionamiento en rankings. En la mesa de negociación se discuten los criterios que permitirán contratar personal en áreas sin carga docente elevada, y desde CCOO proponen que no sea una eliminación generalizada, sino una poda ordenada, donde la docencia no sea el único criterio determinante.

Carmona señala que el tiempo es clave: en los próximos meses se resolverán muchas convocatorias para el siguiente curso y los departamentos deben saber con antelación si podrán incorporar a nuevos investigadores. La situación afecta directamente a la estabilidad y el futuro de la investigación en la universidad.

La UGR defiende el nuevo modelo

El vicerrector de Investigación de la UGR, Enrique Herrera, asegura que la incorporación de investigadores se permitirá en todas las áreas, independientemente de sus necesidades docentes. Sin embargo, aclara que los compromisos de estabilización sí dependerán de estas necesidades. Explica que la universidad ha captado mucho talento en los últimos años y que actualmente existe una bolsa considerable de investigadores con derecho a estabilización, a quienes se les dará salida mediante convocatorias de plazas de titulares, vinculadas por ley a necesidades docentes, no investigadoras.

Preguntado por cuántos investigadores podrían verse afectados por este cambio, el vicerrector afirma que no hay una cifra concreta, aunque no cree que el programa se vea perjudicado en términos de captación. Además, puntualiza que en algunos programas como el ERC, el ATRAE o el Beatriz Galindo Senior, las necesidades docentes no se tendrán en cuenta.