El agujero de 39.906 millones que lastra la economía de Andalucía, Valencia, Murcia y C-LM

Los perjuicios derivados de los últimos sistemas de financiación autonómica han provocado en las regiones que reciben menos fondos que la media un agujero de 39.906 millones entre los años 2002 y 2023. Es una cantidad que equivale al 81% del presupuesto de la Junta de Andalucía para este año y supera con creces las cuentas vigentes en la Comunidad Valenciana, Murcia o Castilla-La Mancha. Y es también el montante que estos territorios han dejado de recibir en las últimas dos décadas, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigación Económica (IVIE) presentado este martes en Sevilla durante una cumbre que las cuatro autonomías infrafinanciadas han celebrado para presionar en favor de la reforma del sistema.

La cantidad se reparte sobre todo entre los 20.399 millones de la Comunidad Valenciana y los 13.411 millones de Andalucía, mientras que Murcia, con 4.135 millones, y Castilla-La Mancha, con 1.691 millones, están menos perjudicadas. El informe, firmado por investigadores del IVIE y de la Universidad de Valencia, desvela que esta infrafinanciación ha redundado en un mayor esfuerzo de las cuatro regiones para hacer frente a los servicios públicos, lo que ha desembocado en una menor capacidad de gasto en materias como infraestructuras o promoción económica.

En datos, para el periodo 2009-2023, el porcentaje de gasto de estas regiones en sanidad, educación y dependencia respecto al total llega al 86,3% frente al 81,6% del resto de comunidades del régimen común. Murcia, de hecho, llegó casi al 100% de su capacidad de gasto no financiero en el año 2022 y hay dos regiones, Castilla-La Mancha y Valencia, que cuentan con la mitad del dinero por habitante disponible para las políticas de desarrollo regional si se compara con la media del resto de territorios

El resultado de este fenómeno es un círculo vicioso que impide la convergencia y favorece que estos territorios estén por debajo de la media en PIB per cápita en relación con el resto del país. En el periodo analizado, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía no han sido capaces de reducir esta brecha, mientras que la Comunidad Valenciana ha empeorado su comportamiento. Y al mismo tiempo, y al calor de la gran recesión que estalló en 2008, tres de las cuatro se han convertido en las comunidades con mayor deuda en relación con su producto interior bruto: Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha.

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"Para las comunidades infrafinanciadas resulta imposible acercarse a los niveles de gasto medio autonómico en el conjunto de las competencias sin incurrir en un déficit mayor y un endeudamiento más elevado que el conjunto", expresa el escrito presentado en la capital andaluza con la presencia de los responsables de Economía y Hacienda de las cuatro autonomías. Con datos de 2023, los últimos publicados por el Ministerio de Hacienda, el documento expone que hay comunidades con un mayor gasto por habitante que se permiten presentar superávit al cierre del año, como ocurre por ejemplo con Asturias.

La cumbre celebrada en Sevilla ha servido para que los cuatro consejeros de Hacienda y Economía de las comunidades autofinanciadas —tres del PP y una del PSOE— reclamen al Ministerio de Hacienda un mayor impulso a la reforma del sistema de financiación autonómica. El objetivo, en palabras del responsable murciano, Luis Alberto Marín, se trata un requisito previo para "competir en igualdad de condiciones" con el resto de territorios. Para ello, ha abundado, es necesario renovar un modelo elaborado en 2009 y que caducó en 2014 y que los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez no han sido capaces de abordar.

El anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comenzó los trabajos con el cálculo de las necesidades de financiación de cada comunidad. Lo mismo ha hecho María Jesús Montero, que en sus casi siete años en Hacienda apenas ha podido abundar en un intento por definir el criterio de población ajustada. Ahora mismo está a la espera de elaborar un criterio definitivo tras recibir las alegaciones de las comunidades, pero la aritmética parlamentaria y la situación política no invitan al optimismo con mayores avances a pesar de la presión de las comunidades infrafinanciadas.

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"Es imposible que estemos en convergencia", ha dicho Carolina España, titular andaluza de Economía y Hacienda, que ha afeado a Montero que no haya hecho una propuesta a pesar de que lo reclamaba en su etapa como consejera. Andalucía, ha recordado, recibe 183 euros por habitante menos que la media, 214 menos que Cataluña y 788 menos que La Rioja, según el estudio del IVIE. Su homóloga valenciana, Ruth Merino, ha reconocido que la situación está "enquistada" y que en el caso de la Generalitat ha derivado en un "déficit crónico" provocado por su apuesta de gastar lo mismo que la media que solo se sostiene por la existencia de los sistemas de facilidad financiera del Estado.

Merino se ha referido al "elefante en la habitación", es decir, a la propuesta de financiación singular para Cataluña pactada por el PSC con ERC y que los republicanos quieren acelerar. La consellera valenciana ha defendido que todos tienen que ceder, pero que nadie logrará un 100% de sus propuestas. Este mensaje no es baladí si se tiene en cuenta que al mismo tiempo que la cumbre de Sevilla se ha celebrado una similar en Santiago de Compostela. Los presidentes de Asturias, Adrián Barbón; Galicia, Alfonso Rueda; y Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, han abogado por el desarrollo de un nuevo modelo de financiación, aunque sus prioridades son muy distintas a las de los representantes congregados al mismo tiempo en la capital andaluza.

Mientras tanto, el informe del IVIE propone las bases de una remodelación que responde a las propuestas de las comunidades infrafinanciadas. La principal es la creación de un fondo de nivelación que equipare la cantidad por habitante que reciben los territorios. El montante se calcularía cada año, aunque el instituto valenciano ha calculado una media anual para el periodo 2024-2027 que cifra la cantidad en 6.843 millones de euros al año, una cantidad "asumible" para las cuentas estatales dada la "gravedad del problema a resolver".

La investigación también aboga por la simplificación del modelo con la creación de un fondo básico de financiación para las competencias homogéneas de todas las comunidades y que debe nutrirse de las transferencias del IRPF, el IVA y los impuestos especiales, así como de un cupo de solidaridad que corresponda a las comunidades forales. Asimismo, habría un fondo complementario de financiación para cubrir las competencias no homogéneas, es decir, solo para financiar las transferencias que tienen determinadas regiones. La propuesta del IVIE también mantiene la existencia de los tributos de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, aunque armonizados.