2 kilómetros por un arcén para ir al médico y el concejal díscolo que se rebela contra Moreno

Desde la plaza de la Constitución, en pleno centro de Cazorla (Jaén), hasta el Hospital de Alta Resolución que la Junta inauguró en 2020 hay 2,3 kilómetros a pie por una carretera que apenas tiene arcén o algo más por un sendero rural. Es la distancia de la discordia en este pueblo de unos 7.000 habitantes en el corazón de la sierra jiennense, una de las capitales del turismo rural del país. Hace menos de un mes la Consejería de Salud y Consumo cerró el centro de salud de esta localidad por el mal estado del edificio, empeorado después de las últimas temporadas lluviosas. Desde entonces la atención primaria se presta en el moderno hospital, lo que ha derivado en un enfado del ayuntamiento, en manos del PSOE, los vecinos y en un mensaje discordante del portavoz popular en el municipio.

"Este traslado debe ser provisional en el tiempo", expresó en un comunicado recogido por Diez TV Cazorla el concejal Daniel Albusac, que es también diputado provincial y enfermero del centro de salud. El mensaje lanzado por el edil cazorleño reconoce el "gran malestar" generado por la decisión de Salud, que por el momento no se ha comprometido a devolver la atención primaria al casco urbano. El departamento que encabeza Rocío Hernández centra sus esfuerzos en reclamar al Consistorio de la localidad jiennense que establezca un servicio de transporte público que permita llegar a los vecinos al hospital comarcal, como el que ya existía para llegar al centro de salud.

La propia consejera defendió esta postura en el Parlamento en el último pleno que se celebró en el viejo Hospital de las Cinco Llagas. "¿Por qué no se mantiene ese autobús para llevar a los pacientes al hospital de alta resolución?", preguntó Hernández un día antes de que el asunto llegase a la sesión de control a Juanma Moreno. Según los socialistas, los vecinos de Cazorla "se juegan la vida" por acudir al citado hospital, en palabras de la portavoz del PSOE en la Cámara, María Márquez. Salud defiende que la "irresponsabilidad" habría sido mantener el centro de salud abierto a pesar de los informes contrarios y, según la consejera Rocío Hernández el problema hay que buscarlo en la propia concepción del consultorio y el emplazamiento en el que fue ideado.

"La atención primaria debe ser accesible y cercana", defiende el edil popular en su comunicado, en el que defiende que el traslado al hospital del centro de salud debería ir aparejado a un compromiso de devolver el consultorio al casco urbano. "De mantenerse definitivamente supondría un menosprecio a Cazorla y una desigualdad con el resto de andaluces", añade el también miembro de la Diputación de Jaén. Para solucionarlo, Albusac propone incluir la construcción de un nuevo edificio o la adecuación del existente como parte del plan de infraestructuras sanitarias 2020-2030 y que estos trabajos tengan ya su reflejo en los presupuestos de la Junta para 2026, que comenzarán a elaborarse después del verano.

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En el vídeo recogido por el medio local, el edil cazorleño alude a la consejera de Salud y a la delegada territorial del ramo en Jaén, Elena González, pero también al propio Juanma Moreno, al que reclama un "esfuerzo" por esta localidad jiennense. Albusac también llama a la colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento "sin disputas políticas ni competenciales" para que los vecinos de Cazorla no tengan obstáculos para acudir a la "puerta de acceso al sistema nacional de salud", en alusión al centro de Atención Primaria. Albusac, después de este comunicado, hizo unas declaraciones matizando su postura y mostrando su confianza en la labor del Gobierno autonómico en Cazorla y acusó a los socialistas de haber "abandonado" el centro de salud original.

El pasado lunes hubo una manifestación en Cazorla contra el cierre del consultorio y su traslado al hospital comarcal, en lo que se ha convertido uno de los principales dolores de cabeza para la gestión sanitaria del PP. Moreno acudió en 2020, poco antes del estallido de la pandemia, a la inauguración del centro de alta resolución después de invertir 25 millones de euros. La apuesta del Ejecutivo popular por la mejora de las infraestructuras sanitarias es una constante desde que el político malagueño llegó a San Telmo, hace ya casi seis años y medio. Pero eso no ha impedido que la sanidad sea el principal talón de Aquiles de la Junta, por más que el presupuesto haya crecido de forma notable en este periodo.

Hace apenas un mes más de 20.000 personas salieron a la calle en Sevilla en una manifestación de las mareas blancas que contó con el apoyo de la oposición de izquierdas. La sanidad es el segundo problema más acuciante para los andaluces, sólo por detrás del paro, desde hace ya varios trimestres, tal y como demuestran las encuestas del Centra, organismo dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta. PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía ponen el foco en el funcionamiento de la sanidad pública y acusan a Moreno de profundizar en la "privatización" que ya comenzó con los socialistas en el poder, convencidos de que es una forma de erosionar al Ejecutivo popular.

La gestión sanitaria del Gobierno autonómico tiene dos principales puntos negros, más allá del problema endémico existente en todo el país relacionado con la falta de profesionales de atención primaria. Para paliar esta carencia y los retrasos para acceder a los médicos de familia, la Junta puso en marcha un plan para garantizar la atención sanitaria en 72 horas, ya sea presencial o de forma telemática, con un médico ajeno al asignado a cada ciudadano. El aumento del número de andaluces en las listas de espera desembocó también en un plan de choque de Salud para reducir la cantidad de personas que aguardan pasar por un quirófano con un importante papel para la sanidad privada que no está dando los resultados tan rápidos como esperaban en el equipo de Rocío Hernández.

En el plano judicial destacan los dos procesos abiertos por los métodos de contratación utilizados por el Servicio Andaluz de Salud. Los últimos tres gerentes del SAS, incluida la actual titular, Valle García, figuran como investigados en una pieza que indaga en el uso de contratos de emergencia sin respaldo legal, mientras que el responsable de compras del SAS en Cádiz declaró la pasada semana ante un juez por el fraccionamiento de contrato. En la primera causa, que partió de una denuncia del PSOE, el magistrado ha reclamado los informes del Consejo de Gobierno que hicieron posible la contratación, según desveló en fechas recientes eldiario.es.