El alcalde de Estepona, a juicio por malversación por contratar a una "amiga íntima" como asesora

Un jurado popular juzgará al alcalde de Estepona, José María García Urbano, por un presunto delito de malversación por contratar durante mes y medio a Cristina. P. B, una mujer con la que mantenía "una relación íntima de amistad". En un auto dictado este martes al que ha tenido acceso El Confidencial, el juzgado de instrucción 5 de Estepona explica que el alcalde la fichó como cargo de confianza y que no llegó a desempeñar ningún trabajo efectivo para el municipio.

La resolución indica que hay indicios de que García Urbano, “aprovechando su condición de alcalde”, contrató a esta mujer “con la finalidad de proporcionarle una mejora o ayuda económica”. En total, percibió algo más de 5.200 euros netos entre febrero y marzo de 2023.

Este procedimiento para de una denuncia que el pasado octubre presentó la pareja de Cristina P.B, que es policía local y aseguró ser víctima de acoso sexual por parte del alcalde. La mujer después declaró que había estado contratada por el Ayuntamiento de Estepona sin desempeñar ningún trabajo mientras mantenía una relación con el regidor en la que también estaba involucrado el policía.

La causa por acoso sexual terminó por archivarse, pero su declaración provocó la investigación paralela por malversación

Cristina P.B. declaró que fue “pareja” de García Urbano durante unos dos años, lo que le permitió acceder a un cargo de confianza con la teórica función de comprobar que las farolas, las calles o las macetas del municipio estaban en perfecto estado de revista y revisar lo que se decía en las redes sociales. La causa por acoso sexual terminó por archivarse, pero su declaración provocó la apertura de esta investigación paralela por malversación.

Un jurado popular juzgará al alcalde

"Estamos muy satisfechos con la resolución de este auto de procesamiento, porque ahora se abre la fase de juicio, que se celebrará ante un jurado popular. Todos deberán presentarse ante el juzgado el próximo 4 de junio", asegura a este medio el letrado Antonio Granados, que lleva defensa de Cristina y de Manuel Aguilar, el concejal de Vox y anteriormente del PP de Estepona, que también se ha personado en este procedimiento:

Según el auto al que ha tenido acceso este medio, el juez aprecia indicios del delito tipificado en el artículo 432 bis: “La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinaré a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años”.

5.200 euros sin justificar

El letrado Antonio Granados abunda en que "fue la misma Fiscalía quien emitió la pasada semana un informe a petición del juzgado en el que se mostraba favorable al procesamiento de García Urbano". También remarca que en la causa que se abrió sobre abuso sexual fue su defendida "quien aporto el dato de que le paga este dinero el alcalde sin asignarle ninguna tarea en el mes y medio que estuvo contratada".

En su día, el concejal de Estepona, Blas Ruzafa admitió ante el juez que la contratación y el cese de Cristina.P.B. como cargo de confianza del consistorio fueron ordenados directamente por el alcalde. Según reconoció, la mujer no entregó ni un solo documento de trabajo en el mes y medio que estuvo contratada y, a pesar de estar adscrita a su área, solo la vio “circunstancialmente” una vez en el despacho del regidor.

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El alcalde siempre ha repetido que las denuncias contra él “no tienen fundamento” y obedecen a “motivos espurios”, pero este auto lo cambia todo. La apertura de juicio contra García Urbano culmina una investigación judicial de cinco meses.

El letrado Antonio Granados incide además en que Cristina P.B. no tiene formación o experiencia en contratas de limpieza, jardines o mantenimiento. Tampoco participó en ningún expediente ni tenía un registro horario. Nunca tuvo correo electrónico, ni acceso a los programas internos del consistorio. Según asegura, ni siquiera la vieron en dependencias municipales.