Moreno calienta motores para una manifestación contra la financiación singular de Cataluña

Juanma Moreno vuelve a agitar la calle contra las decisiones del Gobierno central y en defensa de un "trato justo a Andalucía". No es la primera vez que ocurre y es una práctica habitual del presidente de la Junta, que busca entroncar estas reivindicaciones con las marchas por la autonomía que cristalizaron el 4 de diciembre de 1977. El "andalucismo moderado" del barón popular se dejará notar si el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace efectivo el acuerdo cerrado por el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y que los republicanos quieren acelerar ahora. Si ese pacto toma forma, San Telmo llamará a la "movilización social", como ha confirmado Moreno este martes en Málaga.

El jefe del Ejecutivo andaluz ya activó esta fórmula de oposición al comienzo de la legislatura como parte de la estrategia del PP nacional, que convocó varias manifestaciones contra la ley de amnistía. En Sevilla, Moreno se rodeó de entidades de la sociedad civil para una gran marcha el 3 de diciembre de 2023, apenas unos días después de la investidura de Pedro Sánchez. Lo hizo precisamente en el día previo al 4-D que él ha institucionalizado en su apuesta por hacerse con la bandera blanquiverde que durante décadas fue patrimonio de los socialistas andaluces.

Aquellas marchas fueron un preludio del "café para todos" que se acabó aplicando en el despliegue del modelo autonómico por las exigencias de los partidos andaluces y la movilización de casi dos millones de personas en las grandes ciudades de la comunidad y también en Barcelona, donde había un gran número de emigrantes de la región. Ese es el espíritu al que apela ahora Moreno, como ha deslizado en un foro del periódico El Mundo en Málaga este martes. "Si se adopta [la financiación singular para Cataluña] habrá respuesta política, movilización social y acción judicial", ha advertido el jefe del Ejecutivo andaluz. Moreno es consciente de que este dardo está dirigido contra la líder del PSOE andaluz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responsable de la renovación del modelo de financiación autonómica.

"Convocaremos a los ciudadanos a la calle para manifestarse por sus derechos y por un trato justo para Andalucía", ha matizado el presidente de la Junta, dando a entender que se trata de una acción que sería impulsada desde el Gobierno autonómico, no una acción orgánica del PP andaluz. El discurso contra el agravio a la comunidad es uno de los ejes de la labor de confrontación del Ejecutivo que dirige Juanma Moreno y ya hace meses que el hipotético cupo catalán es uno de los argumentos habituales en los discursos que salen desde San Telmo.

TE PUEDE INTERESAR

Montero obvia la financiación singular de Cataluña pero alude a la "diversidad" en el Congreso del PSOE-A

Carlos Rocha. Sevilla

Eso sí, el barón popular ha sido más prudente que su portavoz y consejera de Hacienda, Carolina España, y no ha dado por hecha ya la existencia de una financiación singular para Cataluña. Es cierto que se trata de un compromiso de los socialistas con los republicanos, pero la formación que dirige Oriol Junqueras empieza a presionar con que este acuerdo pase del papel a la norma para hacer posible que la Generalitat comience a recaudar y gestionar los impuestos a partir del próximo 1 de enero. Numerosas entidades, como Fedea, han advertido contra el perjuicio que supondría esta ruptura de la caja común, aunque no está clara la fórmula elegida para este nuevo statu quo.

María Jesús Montero siempre ha defendido que el acuerdo con ERC puede servir como una oportunidad para reactivar la reforma del sistema de reparto de fondos entre las comunidades del régimen común, que está pendiente desde 2014. Esa labor es una de las asignaturas pendientes que tiene como ministra de Hacienda, ya que dejó Andalucía reclamando eso mismo y no ha sido capaz de articular la remodelación por falta de mayorías en el Congreso. En el PP andaluz creen que el motivo real de esa dilación responde a que las comunidades de donde proceden los socios habituales del PSOE, Cataluña y País Vasco, no tienen prisa por una reforma integral. Menos aún, defienden en San Telmo, si ahora los independentistas catalanes vislumbran una solución ad hoc en virtud al pacto PSC-ERC.

Esa es una de las razones que lleva a la Junta a rechazar tajantemente la quita de la deuda impulsada por el Ministerio de Hacienda también como consecuencia de un pacto con ERC. A pesar de que Andalucía vería reducido su pasivo en 18.791 millones de euros y dejaría su deuda a la mitad, en San Telmo insisten en que el beneficio sería mínimo y que ese acuerdo busca enjugar las cuentas catalanas para preparar el terreno para su después salida del régimen común. Esa práctica, en palabras de Moreno supone la destrucción de "las bases ideológicas del PSOE" por sus "constantes concesiones a partidos del País Vasco y Cataluña que no creen en el proyecto común y compartido de España".

"No hay una reacción de los dirigentes socialistas más allá del señor [Emiliano García] Page", ha lamentado Moreno en Málaga, donde se ha mostrado confiado en que cuando Sánchez "abandone el poder" haya una "renovación y regeneración de la socialdemocracia" y que las decisiones como el cupo catalán "se paralicen". "Ese trato injusto lo perciben los ciudadanos", ha dicho el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha aludido a la infrafinanciación que sufre Andalucía, pero también a otros agravios como el reparto de sedes judiciales o los fondos para dependencia y universidades.

El hecho de que sea Montero la responsable de las cuentas estatales es uno de los ases que Moreno se guarda en la manga en esta pugna con el Gobierno central. En el entorno del presidente de la Junta defienden que su doble condición como jefa del PSOE andaluz y responsable de Hacienda y, por lo tanto, actriz principal en las negociaciones con los independentistas es negativa para la nueva aspirante socialista a dirigir la Junta. En San Vicente, sede del PSOE-A, rechazan esto y defienden en privado que la política sevillana siempre defenderá a la comunidad de la que procede en sus decisiones en Moncloa.