Ecologistas y Gobierno se enzarzan en Doñana: el Miteco quiere reactivar un tubo de gas cerrado desde 2019

En Doñana los problemas parecen no tener fin. A la sequía -aliviada muy débilmente pese a los continuos episodios de lluvias de marzo- se le añade ahora una nueva actuación para la búsqueda y almacenamiento de gas en el subsuelo de la marisma. Una situación que enfrenta a ecologistas con el Gobierno central y que los verdes tildan de "contradictoria" porque, aseguran, en esa misma zona, la Administración de Sánchez lleva a cabo la recuperación del Arroyo de El Partido, un cauce muy deteriorado por actividades agrarias que ahora restaura la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La bronca sobre este proyecto encara a las administraciones desde hace más de quince años. Entre 2006 y 2008, la empresa Gas Natural comenzó a tramitar el proyecto de extracción y almacenamiento de gas en Doñana. Una actividad que la empresa dividió en cuatro subproyectos: Saladillo, Marismas Oriental, Marismas Occidental y Aznalcázar. Dos años después, el entonces Ministerio de Medio Ambiente (PSOE) aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) únicamente del proyecto Marismas Occidental, que se ubica en el límite del Espacio Natural. También ese año, la Junta -igualmente gobernada por los socialistas- dio su autorización ambiental.

En 2013 comenzaron los problemas. El Gobierno central, ya liderado por Mariano Rajoy, aprobó los otros tres subproyectos. Esta decisión provocó que los grupos ecologistas elevaran la situación a la Unión Europea, que paralizó los tres proyectos. Así comenzó un larguísimo litigio entre administraciones y grupos verdes. En 2016 la Junta -que continuaba en manos del PSOE- denegó la Autorización Ambiental a Marismas Oriental por su afección negativa. Y por efecto mariposa, cayó también la de Aznalcázar, con la que Marismas Oriental estaba estrechamente conectada. Como contraofensiva, ese mismo año el Ministerio de Industria de Rajoy declaró "de utilidad pública" el subproyecto Marismas Occidental, y solo unos meses después comenzaron los primeros trabajos. Tanto el Congreso de los Diputados como el Defensor del Pueblo pidieron reevaluar el proyecto durante los siguientes meses, sin éxito.

El proyecto continúa vigente a día de hoy. Sin embargo, ahora los ecologistas se encaran a su aliado natural, el PSOE. Desde 2019, uno de los dos tubos que utiliza la compañía Trinity Almacenamientos Andalucía, S.A. - anteriormente Gas Natural- para extraer y almacenar el gas está estropeado. Durante estos años, la actividad se ha limitado a un solo sondeo. El pasado 28 de febrero -coincidiendo con el día de Andalucía- la Subdelegación del Gobierno de Huelva publicó en el BOE un anuncio para someter a información pública la solicitud de autorización y aprobación del proyecto “Sondeo Marismas- 3NE”. El plan contemplaba construir el nuevo tubo a una profundidad de un kilómetro bajo el acuífero y a dos al norte de El Rocío. Es decir, fuera del Espacio Natural, pero en un área muy próxima.

Según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) no es posible arreglar el tubo y por eso ahora la empresa solicita permiso para construir uno nuevo que sustituya al que no funciona. “La situación reduce la capacidad del almacenamiento operativa en 0,8 TWh, equivalente a casi un día de consumo del país, y genera pérdidas que repercuten negativamente en los consumidores”, explican desde el Ministerio que dirige Sara Aagesen. Concretan que las mermas económicas "ascienden a 37,8 millones de euros en 10 años".

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Carlos Rocha. Sevilla

La Plataforma Salvemos Doñana, formada por diversas agrupaciones verdes como Ecologistas en Acción, WWF, Greenpeace, SEO-Bird Life y asociaciones vecinales, pide ahora “coherencia” a la Administración central. “Si están apostando por las renovables en todo el mundo, ¿a qué viene ahora la búsqueda de energía fósil en Doñana?”, cuestiona Juan Romero, el portavoz de Ecologistas en Acción. El viernes pasado acabó el tiempo de alegaciones al anuncio de la Subdelegación del Gobierno.

Salvemos Doñana registró hasta quince argumentos donde defendieron una “carencia de evaluación adecuada y de vanguardia sobre los riesgos sísmicos”, así como la falta de una evaluación de los cambios de las aguas subterráneas, que "están siendo objetivo de proyectos de recuperación por parte del Estado". Según señalan los ecologistas, la última declaración de impacto ambiental data de 2010. “Es un proyecto obsoleto, incompatible con la legislación y las nuevas políticas”, señala Romero.

Sin embargo, el Miteco asegura que “no plantea problemas ambientales y cuenta con todos los permisos: está cubierta por la DIA del pozo Marismas-3 y dispone de Autorización Ambiental Unificada”. Romero, por su parte, recuerda que este año la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza evaluará de nuevo al espacio natural de Doñana después de que en diciembre de 2023 lo sacara de su lista verde - un estándar global que reconoce las áreas protegidas con una buena gestión-. “Esto es todo lo contrario a lo que hay que hacer para que nos incluyan de nuevo”, advierte el portavoz de los ecologistas.