Policías infiltrados, una maleta verde y narcos con ínfulas: el caso de película que cerró una vía de cocaína en Barajas

Sobre las 18:30 del 1 de noviembre de 2022, Ramón B.Á. aparcaba su Seat León en el aparcamiento del hotel Meliá Castilla de Madrid. Junto a él, una segunda persona, que había llegado en otro turismo. Ambos se subieron al ascensor y se dirigieron a la habitación 523. Allí les esperaban dos tipos y 24 paquetes con cocaína. Ramón abrió uno de ellos con un cúter y, tras comprobar que era de la calidad esperada, hizo una llamada para que se procediera al pago.

La recibió Alejandro G.V., alias Leo, que en ese instante se encontraba en la cafetería del hotel Only You de Madrid. A su lado estaba Manuel Alejandro O.R., Manuel. Y, más tarde, se unió el ciudadano colombiano Johan Sebastián Q.D.,Chándal, que portaba una bolsa verde con 105.400 euros y que, tras "un gesto de aprobación" de Alejandro, entregó a una cuarta persona que estaba sentada a la mesa.

Este individuo sin identificar, con el que llevaban meses negociando, y que consideraban de total confianza, sería su perdición. Porque ninguno de ellos había sospechado que esa persona con supuestos vínculos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en realidad, era un policía nacional encubierto. Como las otras tres personas que estaban en la habitación del otro hotel y que ya habían engrilletado a Ramón. Era el destino que les esperaba a todos ellos. Y el final de un entramado internacional de narcotráfico con ramificaciones en Marbella y Madrid que permitió la incautación de uno de los mayores alijos de cocaína rosa del país.

La Sección 6 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a una pena total de 66 años de cárcel y 42 millones de euros de multa a los seis procesados en esta cinematográfica investigación que condujo hasta el canapé de una casa marbellí y con agentes custodiando inmuebles para ahuyentar a los barrederos de la organización que supuestamente querían recuperar la droga.

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Pablo D. Almoguera. Málaga

Las primeras líneas de este guion de buenos y malos, de identidades falsas y crédulos con ínfulas, se empezaron a escribir en distintos puntos del litoral andaluz. Como en El Ejido (Almería), donde las informaciones de la Udyco Costa del Sol condujeron hasta un pintoresco personaje. Se llamaba Serafín y presumía de estar involucrado en múltiples operaciones de narcotráfico. Según se recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, durante una reunión en el aparcamiento de un hospital presumió de que quería "introducir en España 3.600 kilos de hachís por vía marítima" y alardeaba de que también movía alijos de cocaína.

Fue una de las personas que llevaron a los investigadores hasta la red desarticulada. La toma de contacto se produjo el 23 de junio de ese año en un establecimiento de Málaga cápital y después se sucedieron otros encuentros en los que los sospechosos hablaron de introducir grandes cantidades de coca. En un primer momento, comentaron la posibilidad de traer una tonelada por la ruta africana; pero posteriormente cambiaron a un plan mucho más ambicioso: utilizar un avión privado para transportar 2.500 kilos.

Una semana después de estas citas, y con la certeza de que la organización pretendía adquirir importantes cantidades de coca desde Sudamérica que introduciría por el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la Brigada de Estupefacientes de la Udyco Central solicitó a la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional (AN) la apertura de diligencias y el nombramiento de ocho agentes encubiertos que se encargarían de descifrar a todos los miembros de la organización y neutralizarla desde su interior. Los nombres en clave de estos policías fueron: Lasa, Zadorra, Cueza, Biela, Maragota, Loup, Valle y Sayago.

Evaporadas las primeras operaciones con aires chulescos, el caso se centró en el deseo de los investigados de introducir cocaína a través del aeródromo madrileño. La idea de los investigados era hacer pasar una maleta cargada de coca. Y ahí es donde entraron en juego los agentes. Uno de ellos se ofreció a los cabecillas de la organización para, a cambio de 100.000 euros, recuperar la droga de la bodega de la aeronave cuando tomase tierra. Una tarea que podría hacer sin pasar por los filtros de seguridad porque contaba con la colaboración de un supuesto trabajador de AENA.

Una app 'secreta' y dos intentos

El 10 de agosto fue el día en el que los investigados se decantaron por un plan en el que venían pensando hace tiempo. En una reunión en el parque de la Paloma (Benalmádena) explicaron que tenía contactos en Colombia para adquirir la cocaína y que querían introducirla cuanto antes, por lo que abrieron un grupo en la aplicación de mensajes Session en los que estaban todos los implicados y en el que irían ofreciendo los detalles de la operativa. Se llamaba Aire y las personas que lo formaban se comunicaban con pseudónimos como Tmax new, Pannucci, Lucas, Sur, Mónica Bellucci o Leo. Para acceder al mismo era necesario un código QR facilitado por los sospechosos.

La red, según se recoge en la sentencia, realizó dos intentos previos de introducir un bolsa de equipaje cargada con cocaína que resultaron frustrados. Una circunstancia por la que el agente encubierto recibió 30.000 euros —15.000 el 12 de octubre de 2022, y la misma el 25 de ese mes— "por las molestias causadas". Este dinero fue "entregado al responsable policial de la cadena de custodia".

El objetivo: una maleta con 22 paquetes que contenían "23.988 gramos" con un valor en el mercado ilícito de 999.132,29 euros

El envío finalmente se concretó días después. El policía fue informado por los narcos de que a las 11:15 del 1 de noviembre, y en un vuelo de Air Europa procedente del aeropuerto de Asunción (Paraguay), llegaría una maleta en la que se ocultaban 20 kilos de coca. Le concretaron que era una maleta rígida de la marca Roncato y color verde, pero respondió que necesitaría una foto de la corbata —código identificativo de la maleta—.

La recepción, y posterior entrega controlada, estuvo tutelada por el juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Las medidas de seguridad se extremaron con la colocación de dos dispositivos de geolocalización cuando el test reveló que los 24 paquetes que hallaron en la maleta contenían cocaína. Estaban distribuidos en dos mochilas de color negro que contenían "23.988 gramos, con una pureza de entre el 82,6% y el 85% y un valor en el mercado ilícito de 999.132,29 euros en venta por kilos".

La operación policial se precipitó en dos hoteles de Madrid separados por tan solo siete kilómetros de distancia. Mientras el investigado Ramón B.Á. era detenido por tres de los agentes encubiertos que le acompañaban mientras daba el visto bueno a la droga; Manuel y Leo, junto con Chándal, eran capturados después de que pagaran 105.400 euros a Maragota, el policía de incógnito que creían que había hecho pasar el alijo por el aeropuerto de Barajas.

El operativo se prolongó en la Costa del Sol con las detenciones de Juan José P.M. —alias Sur— y Miguel Ángel G.G. —con el pseudónimo de Lucas—, así como el registro de cuatro viviendas en Vélez-Málaga, Estepona y Marbella —dos—. Como la entrada en estos inmuebles no obtuvo la autorización judicial hasta un día después, los responsables de la intervención decidieron que fuesen custodiados, ya que temían que alguien tratase de acceder para eliminar pruebas. El paso de las horas confirmó esta sospecha.

Cinco miembros del Grupo I de la Sección de Estupefacientes de la Udyco Costa del Sol que vigilaban un domicilio en la urbanización Toscana Hills, en el municipio esteponero, cuando observaron que un hombre accedía al complejo. Esta persona, según observaron desde un balcón, estaba dentro de la casa propiedad de Juan José P.M., por lo que la interceptaron cuando salía en un turismo. Se trató de A.I.P.O., un individuo investigado en la causa desde que recibió cinco llamadas de un nombre en clave que los investigadores asignan a Miguel Ángel G.G.. En ese instante portaba 3.000 euros en efectivo, que aseguró —sin poder aportar documentación— que eran para la compra de un vehículo.

Una situación similar se vivió la madrugada de ese 2 de noviembre de 2022 en el domicilio de Alejandro G.V. en Marbella. Los agentes que la aseguraban detectaron a unas personas que, "con la excusa de ir a pasear al perro", supuestamente pretendían "llevarse la sustancia" que sospechaban que había en el piso.

Una chica entregó la llave que portaba y que fue la que permitió entrar a los policías para realizar un registro que se saldaría con la incautación de un importante alijo que incluía cocaína rosa —o Tussi— Esto es todo lo que encontraron en la vivienda, la mayoría, oculto en el canapé de una cama: 22 kilogramos netos de coca con una pureza del 77,97% y valorados en 851.928,38 euros; otros 1.232 gramos de la misma sustancia, pero con distinto calidad; 1.770 gramos de ketamina; 4,18 kilos de MDMA o 1.280 gramos de 2C-B.

No fueron las únicas incautaciones. En los otros tres registros se descubrieron otros 1,99 kilos netos de cafeína, más de 425 cartuchos del calibre 9 milímetros o 170 gramos neto de cocaína tasados en 6.598,28 euros.

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EFE

El valor total de todas las drogas intervenidas se cifró en 2.127.799,93 euros, cantidad que se elevaría notablemente con su corte con otras sustancias y la venta al por menor.

El tribunal consideró probado que los investigados consumaron delitos contra la salud pública —de sustancia que causa grave daño a la salud— y otro de pertenencia a grupo criminal. Por lo que les impuso una pena de 66 años de cárcel en total para cada uno de los procesados —nueve por el primer cargo, y dos por el segundo—, a lo que se sumaba una multa conjunta de 42 millones de euros.

Los tres magistrados que enjuiciaron el caso, con esta resolución, desestimaron las variadas objeciones de las defensas para lograr la absolución de sus patrocinados. Alegaron que se realizó una "investigación prospectiva", que se había producido una "intromisión de los derechos fundamentales" de los investigados en el tratamiento de las conversaciones mantenidas en Session o que los delitos fueron "provocados" por "agentes provocadores" que operaron encubiertos.

El fallo, por último, concluye que las declaraciones exculpatorias quedaron "desvirtuadas" con la prueba practicada en el plenario y que quedó acreditado que las drogas incautadas en Madrid y Málaga iban a ser vendidas por los acusados.