"El TC no se extralimita": la Fiscalía da un varapalo a la Audiencia de Sevilla en su lucha con Pumpido

Varapalo de la Fiscalía Anticorrupción a la Audiencia Provincial de Sevilla en su pugna con el Tribunal Constitucional por la revisión del caso de los ERE. Los fiscales delegados en materia de corrupción de la capital andaluza han respondido con un portazo a la pregunta de la sala que condenó a los ex altos cargos del PSOE. "El Tribunal Constitucional no se extralimita al anular una resolución judicial por entender que incurre en aplicación extensiva de un tipo penal", expresan los responsables del Ministerio Público en un escrito fechado el 1 de abril. Estas tesis están incardinadas en las posiciones que había avanzado la Fiscalía del Supremo y que chocan con la intención de la Audiencia hispalense de enviar el caso de corrupción vinculado al PSOE al Tribunal de Justicia de la UE.

Según el documento firmado por los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, el TJUE ha afirmado en "numerosas resoluciones" que son los jueces nacionales los responsables "de interpretar la normativa interna conforme a las exigencias del derecho de la Unión". "Incluso cuando de evitar un riesgo sistemático de impunidad en materia de corrupción se trate, no autoriza a violentar el principio de legalidad penal", reza el documento. Ese derecho fundamental es el que el Constitucional consideró que se había vulnerado en la sentencia de 2019 sobre el caso de los ERE que condenó por prevaricación y malversación a casi una veintena de exdirigentes socialistas, entre los que estaban Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La mayoría progresista del Constitucional exoneró casi la total responsabilidad de la cúpula del PSOE que diseñó y ejecutó un sistema de reparto de ayudas sociolaborales con controles muy laxos y contraria a la legislación preexistente. Con esa fórmula se repartieron 680 millones de euros entre los años 2000 y 2008 y por esas decisiones la Audiencia Provincial de Sevilla los condenó en un fallo confirmado después por el Supremo. El pasado verano la corte de garantía les concedió amparo y limitó los hechos delictivos a las ayudas concedidas fuera de ese sistema, que quedó blindado en las sucesivas leyes de presupuestos de la Junta.

Esa es la posición que los fiscales delegados de Anticorrupción en Sevilla avalan en su escrito para responder a las dudas planteadas por la sección primera del tribunal hispalense. La sala creada ad hoc para emitir la sentencia definitiva optó —a petición del PP andaluz, que ejerce como acusación— por plantear a las partes la posibilidad de acudir al TJUE ante esa posible "extralimitación". Según el Ministerio Público, que alude a la legislación europea, las dudas que esboza la Audiencia de Sevilla "pueden ser resueltas por el propio tribunal". "Puede ser resuelta con arreglo a las normas de derecho interno sin apreciar incompatibilidad con la norma comunitaria", añade.

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El escrito del Ministerio Público rebate la providencia del 18 de marzo en la que el tribunal sevillano sugiere que el TC ha hecho una "interpretación alternativa" de los tipos penales de prevaricación y malversación, sino todo lo contrario. En la cascada de sentencias sobre los ERE, el Constitucional defiende que los tribunales ordinarios hicieron una "interpretación extensiva" para condenar a los ex altos cargos socialistas, algo que, según la Fiscalía no está basado en consideraciones "irracionales y mucho menos arbitrarias".

En su posicionamiento, los fiscales coinciden con la corte de garantías al defender que la elaboración de leyes es un acto político y no administrativo, por lo que no pueden existir una condena por prevaricación administrativa a esos hechos. El escrito extiende esta postura al delito de malversación al afirmar que quien "se limita a disponer del patrimonio público con arreglo a la ley no puede incurrir en malversación". Es la asunción de la ya célebre frase de José Antonio Griñán, que en el juicio afirmó que "el crédito nunca delinque" para defender sus actos como el consejero de Hacienda que aplicó los presupuestos en los que se incluía el reparto de ayudas.

El documento firmado el pasado 1 de abril rechaza además que el TJUE tenga competencia para pronunciarse, ya que el caso de los ERE no está relacionado con fondos europeos. El tratado de Funcionamiento de la UE en su artículo 325 establece que la Justicia comunitaria tiene potestad para intervenir en un asunto nacional si las conductas enjuiciadas afectan a los intereses financieros de Bruselas. Según la Fiscalía, el diseño del sistema de ayudas que funcionó en Andalucía entre los años 2000 y 2008 no cumplen este requisito, por lo que debe ser el tribunal sevillano quien emita la sentencia definitiva.

Los fiscales coinciden con la corte de garantías al defender que la elaboración de leyes es un acto político y no administrativo

La previsión en el ala progresista del TC es que la Audiencia hispalense tardase unos "dos meses" en dictar el fallo final de un caso que lleva casi 15 años en los tribunales. Esto no ha sido así porque la sala que condenó a Chaves y Griñán ya no existía cuando el Constitucional puso en marcha su revisión. El ponente de la sentencia, Juan Antonio Calle Peña, se jubiló poco después, mientras que otra de las jueces, Encarnación Gómez Casielles, pidió el traslado a Alicante. Finalmente, tuvo que volver para volver a sentarse con Pilar Llorente, que ahora ejerce como ponente, y otros dos magistrados.

Serán ellos los que tomen la decisión final sobre acudir al TJUE una vez las partes se pronuncien, aunque está por ver qué posición toma el TC, que en su pleno del próximo 8 de abril abordará la maniobra de la Audiencia Provincial y existe la posibilidad incluso de que anule su intento por plantear una cuestión prejudicial que alargaría el caso al menos dos años más.