La Fiscalía se alinea con Conde-Pumpido y se opone a llevar los ERE a la Justicia europea

La Fiscalía toma parte en el conflicto entre el Tribunal Constitucional y la Audiencia Provincial de Sevilla a cuenta del caso de los ERE y la posibilidad de elevar la sentencia definitiva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Ministerio Público se ha alineado con las tesis de Cándido Conde-Pumpido y se muestra contrario a consultar a la Justicia europea sobre la revisión del caso de corrupción vinculado al PSOE. Este es el criterio de la Fiscalía, según fuentes cercanas al Ministerio Público, sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al tribunal de Luxemburgo, como pretende la sala que condenó a los ex altos cargos socialistas, con Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza.

El tribunal sevillano planteó a las partes la posibilidad de acudir al TJUE antes de emitir la sentencia definitiva del caso de los ERE, circunscrita sólo a los hechos probados que restan tras la revisión que el TC puso en marcha el pasado verano. La cascada de fallos dictados entre junio y julio de 2024 redundó en la exoneración de casi todos los altos cargos socialistas que diseñaron y ejecutaron el sistema de reparto de ayudas sociolaborales con controles laxos. El último paso era el fallo definitivo de la pieza política, pero la sala creada ad hoc para emitir la sentencia optó por la consulta al Constitucional después de una petición del PP andaluz, que está personado en la causa como acusación particular.

Antes de elevar el caso a la Justicia europea, la sección primera de la Audiencia de Sevilla ha dado traslado a las partes, entre las que está la Fiscalía. No está claro si el Ministerio Público ha emitido ya el escrito en el que defiende su posicionamiento, pero el criterio está claro y se alinea con el rechazo de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional. El ala que lidera Cándido Conde-Pumpido considera que la cuestión prejudicial no tiene visos de prosperar en Luxemburgo, pero está maniobrando para paralizar el movimiento del tribunal hispalense para evitar un "efecto llamada" de tribunales rebeldes con las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Esta estrategia se dejará ver de forma patente en la reunión del próximo pleno de la corte de garantías, previsto para el 8 de abril. El orden del día que se ha aprobado este lunes incluye un debate jurídico sobre "el planteamiento de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias definitivas" dictadas por el TC u otros tribunales superiores y la posibilidad de "suspender" la ejecución de esos fallos. El entorno de Conde-Pumpido ya dejó claro en conversación con esta redacción que este debate responde al "deber de velar por el cumplimiento de las resoluciones" del Constitucional y combatir ese posible "efecto llamada". La pasada semana, con este objetivo, reclamó a la Audiencia de Sevilla la providencia en la que planteó la posibilidad de elevar el caso a Luxemburgo y existe la posibilidad incluso de anular el texto.

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Ahora, además, tendrá más tiempo para hacerlo antes de que se haga efectiva la hipotetica elevación al TJUE. El plazo de presentación de los escritos con el posicionamiento es de 10 días e inicialmente finalizaba este jueves, 3 de abril, a las 15:00. Fuentes judiciales explican que esta situación ha cambiado por una maniobra de la defensa del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. La representación que encabeza el letrado José María Calero planteó a la Audiencia Provincial de Sevilla una aclaración sobre la providencia del 18 de marzo que activó este conflicto entre el tribunal sevillano y la corte de garantías.

Según ha recogido la agencia Efe, la jueza que encabeza la sala que debe dictar la sentencia ha respondido ya a los abogados de Griñán. La Sección Primera del tribunal hispalense defiende que "no hay lugar" a ninguna aclaración, ya que la providencia "expone con claridad las cuestiones que se someten a las partes". Estas cuestiones, además de la posible "extralimitación" del Constitucional al revisar el caso de los ERE, son un posible incumplimiento de la jurisdicción europea en materia de lucha contra la corrupción.

El escrito plantea la posibilidad de que la doctrina que el TC estableció el pasado verano sobre los ERE "incumpla las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política". Concretamente, alude a un conflicto con el Tratado de Funcionamiento de la UE en materia de lucha contra el fraude y la actividad que afecta a los intereses financieros comunitarios. La providencia de la Audiencia de Sevilla expresa también un temor por un prejuicio contra "la aplicación de sanciones eficaces y disuasorias" en caso de que haya infracciones en esta materia.

El escrito menciona la posibilidad incluso de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del Constitucional que interpretaron las normas legales autonómicas, en alusión a los citados presupuestos de la Junta, que "conducen a entender como lícitas las conductas" de los acusados en el caso de los ERE. Estas son las cuestiones que tendrán que abordar las partes en el plazo de 10 días que empieza a correr ahora, una vez que la Audiencia de Sevilla ha respondido a la aclaración de los abogados de Griñán.

En esa contestación deja claro también que no cabe recurso sobre la activación de la cuestión prejudicial en medio del conflicto con el TC. La mayoría progresista del Constitucional reclamó la pasada semana al tribunal sentenciador el escrito que puso en marcha la elevación de los ERE a la Justicia europea. Ese movimiento se leyó como un intento por paralizar el pulso de la Audiencia Provincial de Sevilla.