La Audiencia de Sevilla planta cara a Pumpido por sus trabas para llevar los ERE a Europa

La Audiencia Provincial de Sevilla planta cara a las resistencias del Tribunal Constitucional a su intento por llevar a la Justicia europea la revisión del caso de los ERE que la corte de garantías consumó el pasado verano. La sección Primera del tribunal sevillano, que juzgó y condenó a la cúpula socialista por el reparto de ayudas sociolaborales sin controles, ha planteado una diligencia de ordenación ante el TC para que justifique sus movimientos. Esta reacción de la Audiencia busca que el organismo que preside Cándido Conde-Pumpido explique por qué ha reclamado la providencia en la que los jueces de los ERE exponen a las partes la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para dilucidar si la actuación del TC con este caso es contraria a la jurisprudencia comunitaria.

El tribunal sevillano responde así a la estrategia puesta en marcha por el Constitucional para evitar que los jueces ordinarios puedan acudir al TJUE para eludir los posicionamientos de la corte de garantías. Tras el aldabonazo de la Audiencia hispalense, que puso en jaque a Conde-Pumpido, el TC optó por reclamar la providencia sobre los ERE al secretario de la Sección Primera como primer paso para después reclamar un informe técnico que le sirva como defensa. Este paso es el que ahora, como ha adelantado Europa Press y ha confirmado esta redacción, cuestionan los jueces sevillanos de la sala que condenó a Manuel Chaves y José Antonio Griñán por su papel en el caso junto con la cúpula de los gobiernos socialistas entre los años 2000 y 2008.

Fue el PP, como acusación particular en los ERE, quien puso encima de la mesa la posibilidad de plantear la cuestión prejudicial ante los ERE, pero la Sección Primera de la Audiencia asumió gran parte de las tesis populares. Según la providencia emitida el pasado 18 de marzo, el tribunal sevillano plantea a las partes la posibilidad de que las sentencias del TC "no sean del todo compatibles con el derecho de la UE" y por eso reclama que se posicionen sobre una serie de cuestiones. En el escrito incluso se contempla que la sala no aplique los fallos que el Constitucional lanzó entre junio y julio del año pasado y que redundaron en la salida de la cárcel de varios altos cargos y la exoneración de gran parte de las penas por los delitos de prevaricación y malversación.

La Audiencia dio 10 días a las partes para posicionarse antes de decidir sobre la cuestión prejudicial, un plazo que se cumple el próximo jueves 3 de abril a las 15:00. La irrupción del TC y la respuesta de la Sección Primera sirve para que el tribunal sevillano tome algo de aire en este conflicto que ha puesto contra las cuerdas a Conde-Pumpido. La maniobra de los jueces sevillanos es una forma de resistencia a remitir la providencia a la corte de garantías, que estudia la posibilidad de declarar nula la decisión de la sala que juzgó el caso de los ERE y evitar así que entre en el tablero el tribunal de Luxemburgo y activar un cambio de paradigma sobre el papel del Constitucional.

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El escrito, firmado el 25 de marzo por una letrada de la Audiencia, pide al TC que "justifique la finalidad o cuestión de ser" de su petición. Esta decisión puede ser impugnada con un recurso de reposición en un plazo de tres días, que hace correr el calendario. La mayoría progresista que exoneró a los ex altos cargos del PSOE en la Junta es la misma que tiene en su mano declarar nula la providencia que plantea que la corte de garantías se "extralimitó" en su revisión del caso de los ERE por vulnerar el derecho fundamental a la legalidad penal de los condenados.

El escrito inicial de la Audiencia de Sevilla plantea a las partes si la interpretación del Constitucional sobre las leyes de presupuestos de la Junta en las que se repartieron las ayudas "se opone a la normativa y jurisprudencia europea". Es decir, sobre la posibilidad de que el diseño de normas que contravienen a leyes anteriores no sea nunca objeto de discusión jurídica. Esta duda responde a la decisión del TC de exonerar a los ex altos cargos de la Junta por el hecho de diseñar y ejecutar un sistema de reparto de ayudas muy laxo al defender que la elaboración de leyes no puede ser considerada un delito, ya que esas normas después resultan avaladas por el poder legislativo.

En concordancia con la sentencia original, el tribunal sevillano duda si la postura del TC podría "dejar al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria" desde su redacción hasta su ejecución. El tribunal sevillano plantea que esa posición del Constitucional "podría generar una situación de desprotección del patrimonio público, una merma de la actividad patrimonial del Estado y de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos".

Plantea que esa posición del TC "podría generar desprotección del patrimonio público y una merma de la actividad patrimonial del Estado"

Entre las cuestiones que deberán abordar las partes antes del planteamiento de la cuestión prejudicial está también la posibilidad de que la doctrina creada por el Constitucional sobre los ERE "incumpla las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política". En este punto, la Audiencia alude a la posibilidad de un incumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la UE en materia de lucha contra el fraude y la actividad que afecta a los intereses financieros comunitarios. La providencia expresa también un temor por un posible prejuicio contra "la aplicación de sanciones eficaces y disuasorias" en caso de que haya infracciones en esta materia.