Alta tensión por la quita de la deuda: portazo de la Junta a Hacienda si no hay nueva financiación

Choque de trenes entre el Ministerio de Hacienda y la Junta de Andalucía por la quita de la deuda. La reunión técnica entre las dos Administraciones para concretar los siguientes pasos de la condonación que el Gobierno ha ofrecido a las autonomías tras el pacto del PSOE con ERC ha durado cinco minutos. Es lo que han tardado en abandonar el encuentro telemático los dos responsables de la Consejería de Economía y Hacienda que acudieron a la llamada del departamento que encabeza María Jesús Montero. Pese a la sorpresa que trasladan en Hacienda, la reacción del equipo de Carolina España era esperable, ya que incluso se planteó la posibilidad de no participar en la reunión ante el rechazo frontal que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha mostrado respecto a lo que consideran una "cesión" a los independentistas por parte de Pedro Sánchez.

Al encuentro han acudido el jefe de gabinete de la consejera, Agustín Aguilera, y el secretario general de Hacienda, Manuel Vázquez, pero no han entrado en los detalles de la oferta técnica del equipo del Ministerio, compuesto por seis altos cargos del departamento de Montero. La oferta de Hacienda pasa por condonar 18.741 millones de euros del pasivo que acumula la Junta, lo que supone un 47% del total y el 85% de la deuda que Andalucía mantiene con el Estado. Esta cantidad responde al endeudamiento que se produjo durante los años de la crisis económica, cuando muchas comunidades no tenían solvencia para acudir a los mercados y el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha una serie de mecanismos de facilidad financiera, con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como principal exponente.

La excusa de Montero para ampliar la condonación de Cataluña al resto de comunidades es precisamente un intento por aliviar la deuda acumulada por los problemas de financiación de aquella época, pero su argumento no ha convencido a los barones del PP. La oferta concreta para Andalucía consiste, explican desde el Ministerio, en cancelar los préstamos concedidos entre los años 2016 y 2019 y, una vez agotados, comenzar con las cantidades conseguidas por medio de los métodos de financiación del Estado desde el año 2024 hacia atrás. "La justificación es cancelar los préstamos que producen un mayor ahorro de interés a la comunidad", detallan en Hacienda.

Los beneficios, según el departamento de Montero, redundarán en la solvencia que permitirá a la comunidad "recuperar su autonomía financiera" y ahorrarse 1.400 millones de euros en intereses. Según Hacienda, si Andalucía acepta la condonación podrá financiarse a través del mercado en su "totalidad", ya que los vencimientos estimados para los próximos años no excederán los 3.000 millones, la cota limita esta autonomía. En roman paladino, la Junta podría financiarse "íntegramente en los mercados sin la tutela del Gobierno".

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Estos cantos de sirena no convencen en San Telmo, como demuestra el plantón del equipo de Carolina España en la reunión telemática y como viene avisando la propia consejera de Hacienda y también el presidente de la Junta. Moreno, en su discurso institucional por el Día de Andalucía, dejó claro que su comunidad quiere "dinero contante y sonante", lo que se traduce en la reforma del modelo de financiación autonómica que el Gobierno de la Junta ya reclamaba cuando Montero era la responsable de las cuentas públicas.

El mensaje que sale del Gobierno andaluz es que la región no tiene un problema de deuda, ya que el porcentaje de pasivo respecto al PIB ronda el 24% frente a situaciones límite como tienen en Cataluña y, sobre todo, en la Comunidad Valenciana. "La condonación no puede sustituir el debate", ha dejado claro Carolina España, que ha explicado que el plantón de sus representantes en la reunión responde a que el Ministerio de Hacienda no ha incluido en el encuentro las prioridades de la Junta: la reforma del modelo de financiación y, mientras eso ocurre, la aprobación de un fondo de nivelación para las comunidades que reciben menos cantidades que la media.

"Acabará la legislatura y no tendremos nuevo modelo", ha vaticinado España, que ha acusado a María Jesús Montero de "eludir sus responsabilidades" por no hacer esa propuesta del nuevo sistema". "O se está con [Oriol] Junqueras y [Carles] Puigdemont o se está con Andalucía", ha espetado la responsable de las cuentas andaluzas, que considera que la falta de diligencia del Gobierno central en esta materia tiene que ver con su prioridad por "atender los caprichos de los independentistas".

En el argumento de la Junta contra la quita de la deuda destaca su alusión al acuerdo de financiación firmado por PSOE y PP en el Parlamento autonómico en 2018, en el que la quita de la deuda estaba asociada a la reforma del modelo, como un elemento complementario. En Hacienda aseguran que aquel escrito demuestra que Montero "no quería" entonces la condonación que ahora ofrece y por eso la rechazan. Y, además, también niegan los beneficios de la quita por la imposibilidad de gastar el ahorro en intereses en sanidad, educación o infraestructuras porque ese dinero, por la regla de gasto impuesta por la UE, sólo puede dedicarse a amortizar más deuda.

"Qué necesidad tenemos en Andalucía de pagar la fiesta del independentismo", ha zanjado España, que ha asegurado que Andalucía ya tiene solvencia para salir a los mercados y ha acusado a Montero de "falta de lealtad" hacia las comunidades autónomas. Ha afeado además que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y la prórroga de los de 2023 han provocado que las entregas a cuenta no se hayan actualizado y hayan dejado de llegar 863 millones de euros en los tres primeros meses del año.

El PSOE ha puesto toda la carne en el asador con la quita de la deuda, aunque los socialistas aseguran que no renuncian al nuevo modelo de financiación. Hace unas semanas reactivaron el proceso de reforma con el debate sobre el cálculo del criterio de población ajustada, pero no han ido más allá. El problema de fondo es la falta de mayorías que hagan posible esta reforma dada la debilidad parlamentaria y la voluntad expresada por Montero de contar con el PP en la reforma. Esa posibilidad es, hoy por hoy, una quimera y el debate se ha convertido en un cruce de reproches sobre la responsabilidad de poner en marcha la remodelación del sistema de reparto de fondos entre comunidades.