La Justicia marroquí da la razón al empresario al que el obispado de Tánger prohibió abrir un colegio

Disputa enquistada en Tánger entre dos españoles: el empresario y constructor de origen cordobés, Rafael González Ceballos, y el arzobispo de la ciudad, Emilio Rocha Grande. El último capítulo de esta polémica llega después de que el arzobispo prohibiera la apertura de un colegio el pasado septiembre en unos terrenos que él mismo cedió meses antes para la construcción de un centro educativo. En ese momento el constructor del colegio elevó el asunto a los tribunales ante el bloqueo de Rocha. Y ahora la Justicia marroquí ha dado la razón al empresario y obliga a la iglesia a pagar 500.000 dirhams —unos 47.300 euros— al demandante. Pero el asunto no queda aquí: la diócesis se mantiene en pie de guerra y presentará un recurso de apelación a la sentencia.

La tesis principal que argumenta la diócesis es que "en mayo de 2024, a raíz de algunas cuestiones planteadas por el representante de la Promotora del colegio Alhambra, nuestro abogado encontró serias irregularidades en el contrato establecido". Por esto, decidieron trasladar entonces el asunto al tribunal mercantil de la ciudad. Meses después, con la disputa sin resolver y el colegio cerrado, el cordobés decidió también dejar el problema en manos de la Justicia.

El inicio de la polémica se remonta a 2022. En el mes de mayo de ese año, los representantes del arzobispado de Tánger llamaron a la puerta de Rafael González para ofrecerle el arrendamiento del terreno colindante de la catedral. El objetivo de la iglesia con el alquiler era "recaudar fondos para financiar las obras sociales", explica González Ceballos. A partir de entonces, ambas partes firmaron hasta dos contratos para que el empresario levantase allí un colegio de preescolar y educación primaria en la parcela. No era un centro cualquiera. Sería el primero de titularidad privada con el español como lengua oficial, además del francés, inglés y árabe.

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Guillermo Cid

Entre julio y septiembre de 2023 el empresario obtuvo el aviso favorable del Ministerio de Educación Nacional, la autorización de construcción y el contrato definitivo validado por Emilio Rocha Grande. La duración del contrato especificada por escrito en ese momento fue de 40 años. Con los papeles arreglados, a principios de octubre comenzaron unas obras de construcción que costaron al empresario 1,5 millones de euros.

El mar estaba en calma hasta que a principios de enero surgió un problema en la fachada del edificio y su alineación con la acera de la calle, lo que provocó que los constructores tuvieran que presentar un plan alternativo. En ese momento, el arzobispo Rocha "mostró todo su apoyo" a los constructores. "Teníamos muy buena relación, pero de un día para otro dejó de responderme a los mensajes y comenzó a tener una actitud mucho más agresiva", concreta el cordobés en una conversación con este medio.

El 18 de mayo del año pasado todo acabó de torcerse. Los asesores del arzobispo se reunieron con el empresario y le informaron de que el contrato de alquiler firmado nueve meses atrás era nulo. "Insistieron en que no me preocupara y que su objetivo era únicamente corregir los elementos defectuosos del contrato", explica González Ceballos. Un mes después, en otro encuentro entre ambas partes, el abogado del arzobispo propuso dos soluciones: destruir y demoler el edificio o venderlo a la archidiócesis por un precio simbólico —unos 200.000 euros—. Finalmente, según el testimonio del constructor, a menos de dos meses de empezar las clases con más de 300 alumnos ya preinscritos, la diócesis comunicó oficialmente que ya no deseaba tener allí una escuela e insistió en las dos alternativas ya planteadas.

"Era un proyecto sin detractores. Los ciudadanos estaban muy contentos porque los centros públicos en español están muy saturados, y una escuela así ayudaría a que empresarios españoles viniesen con sus familias a Tánger", cuenta González, y subraya que "decenas de familias quedan sumidas en la incertidumbre sobre el futuro de la escuela".

En septiembre de 2024, los promotores decidieron judicializar el caso y denunciar al obispo por estafa. Entonces, la diócesis sacó su última carta: apelar a la intermediación del Vaticano. Pero el llamamiento a la Santa Sede no ha sido suficiente. La respuesta de los tribunales hace menos de un mes ha sido contundente: el arzobispado debe respetar el contrato e indemnizar a los promotores. Sin embargo, la diócesis recalca a este medio que "respetan la sentencia", pero que recurrirán. "Resulta paradójico que quienes insistieron en que la justicia marroquí resolviera el caso ahora se nieguen a acatar su veredicto y busquen ganar tiempo", incide González Ceballos.

"Los promotores de la escuela Alhambra han intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo amistoso, tanto antes como después de la sentencia, pero se han encontrado con una total intransigencia por parte del arzobispado", sostienen. El equipo de González Ceballos se muestra tajante y anuncia que exigirá una indemnización de 2 millones de euros en la vía civil. "Es un tema que ha generado mucho rechazo aquí: los pocos fieles cristianos que hay, están dejando de acudir a la catedral y los empresarios ya no hacen tantas donaciones", zanja.