Marchena ve una "infamia" achacar a los jueces una motivación política en sus sentencias

Manuel Marchena ha cambiado la toga por el birrete para lanzar andanada en defensa del poder judicial desde Sevilla. El presidente de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha calificado como "infamia" las acusaciones de parcialidad contra las sentencias judiciales que llegan desde el poder político. "Atribuir motivaciones políticas a una sentencia debería considerarse una infamia", ha dicho el magistrado en su discurso de recepción del doctorado honoris causa de la Universidad CEU Fernando III de la capital andaluza, que ha estrenado con el juez y con la empresaria Concha Yoldi este reconocimiento en un acto celebrado en la sede de este nuevo centro privado de Sevilla que ha echado a andar este mismo curso.

El juez que fue responsable de la sentencia del procés ha admitido en un breve discurso su "pesimismo" sobre la situación que vive actualmente la judicatura en sus relaciones con el poder político. Las acusaciones de lawfare del indepententismo y parte de la izquierda se han expandido ya al PSOE, aunque con cierta prudencia, lo que ha puesto en alerta a parte de los togados, como demuestra el mensaje que ha lanzado este lunes Marchena. El magistrado del Supremo ha admitido que la crítica a las resoluciones judiciales es "legítima" y "saludable para la convivencia", pero ha hecho una salvedad. Si esa crítica está envuelta "en un mensaje destructivo se ponen en riesgo las bases del Estado de derecho".

"Los jueces tenemos que hablar por nuestras sentencias", ha dicho Marchena, que cree que sería "una insensatez" pronunciarse sobre alguna de las causas que se están instruyendo en el Supremo. "Sin embargo, esta contenida y aconsejable prudencia no está reñida con una llamada de atención", ha matizado el magistrado para después alertar de los peligros de tener una administración de Justicia expuesta a la "estratégica e interesada descalificación del poder político". "Nos aleja del modelo de convivencia propia de una sociedad democrática" ha zanjado el juez del Alto Tribunal.

Marchena ha lanzado un mensaje directo al poder político, sin más especificaciones, al advertir que las "reacciones no pueden valerse del insulto o la descalificación" a los magistrados cuando se trata de una causa que afecte a los políticos. "Dividir a los jueces con frívolas etiquetas representa un error que está laminando de forma irreversible la legitimidad de los profesionales", ha sentenciado el magistrado, que ha censurado el uso del "lenguaje de confrontación propio de la batalla política" en los asuntos relacionados con la judicatura.

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"Los jueces no podemos seguir siendo vistos como amigos o enemigos de cada una de las opciones políticas que se alternan en el ejercicio del poder", ha abundado el magistrado, que ha insistido en que las decisiones del Supremo no dependen del "color político del querellante o del querellado". Para argumentar esta afirmación, ha aludido a las sentencias que ha dictado a lo largo de los años el Alto Tribunal, que han supuesto condenas para miembros de distintos partidos por parte de un mismo juez. "Me provoca rubor proclamar un mensaje que debería formar parte de los hábitos democráticos de la sociedad española", ha zanjado.

Marchena ha puesto el foco en la "profunda división que socava la convivencia" y sus consecuencias para con el poder judicial, ya que cree que parte de la sociedad no percibe a los jueces como los responsables de velar por sus intereses. "Es un peligro", ha dicho, esbozando un escenario en quienes no se sienten identificados con los jueces opten por no cumplir los procedimientos judiciales. Este mensaje deja ver entre líneas otro dardo al poder político y su "producción normativa" con especial dedicación a la ley de amnistía a los implicados en el procés.

"Cuando el legislador aprueba leyes con nombres y apellidos se resiente una sociedad respetuosa con los valores democráticos", ha deslizado Marchena. El nuevo doctor honoris causa es el responsable de la sala del Supremo que ha optado por no aplicar el perdón general aprobado por el Congreso de los Diputados a los líderes independentistas al considerar que Carles Puigdemont, entre otros, no puede ser amnistiado por el delito de malversación por el enriquecimiento indirecto que supuso el desvío de fondos públicos para hacer posible el intento de secesión.