Andalucía revoluciona sus oposiciones: se buscan funcionarios adaptados al puesto

En el Gobierno andaluz tenían claro que el sistema de incorporación de los funcionarios a la administración necesitaba darse la vuelta como un calcetín. Tanto es así que la ley de función pública aprobada esta legislatura hunde sus raíces en el primer mandato de Juanma Moreno y todavía tardará varios años en funcionar a pleno rendimiento. El primer paso lo dieron a finales de febrero con la aprobación del decreto que debe regular el acceso al empleo público, la promoción interna y la forma en la que la Administración General de la Junta realiza la provision de puestos de trabajo. El objetivo último de esta revolución pasa por la modernización de un cuerpo de empleados públicos que debe adaptarse a una realidad cambiante a pesar de que históricamente ha sido poco permeable a los cambios.

Fue la Consejería de Presidencia que dirigía Elías Bendodo la que comenzó este camino, pero ahora el departamento de Justicia, en manos de José Antonio Nieto, tiene las competencias. Los despachos de la calle Alberto Lista, en pleno centro de Sevilla, han sido la olla donde se ha preparado esta receta con Arturo Domínguez, secretario general para la Función Pública. La norma que entró en vigor el pasado 27 de febrero debe regir la relación de los empleados públicos desde que empiezan a prepararse las oposiciones hasta que se jubilan, pero se enmarca en el plan de recursos humanos vigente hasta 2030 que tiene, entre otros retos, el de rejuvenecer a una plantilla que tiene una edad media de 54 años.

EL 71,3% de los casi 40.000 empleados públicos supera los 50 años, aunque hay que tener en cuenta que ahí no se incluyen los profesores ni los sanitarios, que son la principal fuerza laboral de la Junta. Además se da un fenómeno llamativo que es resultado de la evolución del mundo laboral y también de los procesos de estabilización puestos en marcha por la Administración para acatar la normativa europea sobre temporalidad. La edad media de acceso a la función pública ha pasado de 29 a 36 años en la última década, lo que genera un cuerpo de empleados públicos con mucha experiencia, pero también más reacio a los cambios.

La reforma integral del acceso a la función pública busca que la Administración General de la Junta sea más adaptable a la realidad, por eso incluye una parte destinada a la búsqueda de perfiles en los que ahora hay un déficit o que ni siquiera existen todavía. Esto ocurre en áreas como el desarrollo informático o la transformación digital, por lo que el nuevo proceso de promoción interna ya incluye un fomento de la especialización de los puestos. Esto se traduce en que se favorecerá la promoción específica de los funcionarios con las capacidades más adaptadas a la labor que debe desempeñar, algo que no siempre ocurre. Y el objetivo es que este tipo de especialización empiece también a reclamarse en los procesos de incorporación, es decir, en los niveles base del funcionariado

TE PUEDE INTERESAR

El plan para rejuvenecer a la mitad de una administración andaluza que se jubila en un lustro

Carlos Rocha. Sevilla

El acceso es una de las partes de la función pública que se verán más afectadas por esta nueva norma. Las pruebas para acceder a un puesto en la Administración General de la Junta siguen los principios básicos del modelo que se instauró en España a principios del siglo XX, pero en el departamento de José Antonio Nieto han detectado que existe la necesidad de que los aspirantes a ser funcionario en Andalucía demuestren que tienen las capacidades específicas para desempeñar su labor. Para paliar este problema, la dirección general de Función Pública ha decidido hacer obligatorias las práctias en el proceso de oposición.

Esto significa que los aspirantes no adquirirán la condición de funcionario hasta que no superen la fase práctica, aunque sacasen adelante el examen en su momento, como ocurre en la Administración General del Estado. El decreto establece también la posibilidad de que los futuros funcionarios pasen por un curso de selección para decidir su destino en el que se aborden materias como la capacidad de trabajo en equivo, la igualdad entre hombres y mujeres, la atención a la ciudadanía o las competencias digitales.

La promoción específica y la reforma del acceso son la base de la especialización a la que aspiran en la Junta de Andalucía para sus trabajadores públicos para hacer posible que cada empleado esté preparado para el puesto que debe ejercer. Para ello habrá también un concurso "abierto y permanente" y se pone en marcha la posibilidad de la movilidad horizontal de los funcionarios que sean ascendidos sin necesidad de cambiar de trabajo.

La planificación es otra de las novedades del decreto. En la Junta han comprobado que el periodo de incorporación de los empleados públicos desde que se detecta que un puesto es necesario ronda los 2 o 3 años. Este decalaje provoca que los procesos de oposiciones culminen, en cierta forma, con un desfase que termina por no suplir las necesidades. Para solucionar este problema las oposiciones contarán con un 20% de vacantes más para cubrir hipotéticas bajas que se produzcan de forma sobrevenida. Esto significa que si un determinado proceso cuenta con 100 plazas inicialmente, los 20 aspirantes que se queden fuera del corte podrán incorporarse como funcionarios de carrera si hay puestos libres a cubrir.

Este decreto ha salido adelante con el aval de todos los sindicatos de la mesa sectorial a excepción del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que, no obstante, ha reconocido la labor de la Consejería de Justicia y Función Pública durante la negociación. El siguiente paso será abordar el decreto de teletrabajo para ampliar la actual situación, que permite a los empleados de la Administración General de la Junta trabajar en remoto una jornada a la semana. En el espíritu de toda la reforma está también la eliminación de trabas burocráticas y la digitalización del proceso, ya que los aspirantes a funcionario tendrán que relacionarse con la Junta de forma telemática.