La Junta se pierde en un laberinto de consultoras para recortar la "administración paralela"

PP y Ciudadanos llegaron a San Telmo en enero de 2019 con una carpeta de promesas bajo el brazo. Algunas, como la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, fueron casi automáticas. Otras, como la supresión de los aforamientos, quedaron descartadas por el camino. Y hay algunas que todavía colean, seis años después. Es el caso de la revisión en profundidad del sector público instrumental, esa parte del organigrama de la Junta que los populares demonizaron en la oposición al colocarle el sobrenombre de la "administración paralela" y que sigue funcionando, en una importante proporción, de una forma similar a como venía haciéndolo durante los años de los gobiernos del PSOE.

El primer Gobierno de Juanma Moreno puso en marcha un ambicioso plan de auditorías internas encaminadas a revisar esta red de agencias, fundaciones y empresas públicas vinculadas a las distintas consejerías. El resultado era claro y hablaba de duplicidades en algunas funciones, una cierta desproporción y gastos innecesarios. Juan Marín, entonces vicepresidente y líder de Cs en Andalucía, presentó el resultado de aquellas indagaciones en una comparecencia con Elías Bendodo, que era consejero de Presidencia y hombre fuerte del Ejecutivo.

La Junta había puesto en marcha algunas fusiones y la eliminación de algunos de esos entes, como explicaron en su momento Bendodo y Marín en julio de 2021. Pero había demasiada información y el Gobierno andaluz optó por externalizar la elaboración de un plan de acción para acabar con los vicios en ese apartado de la Administración andaluza donde hoy trabajan 21.406 empleados públicos. Aquel contrato fue formalizado en marzo de 2022 con un plazo de ejecución de 24 meses, pero ya acumula casi un año de retraso después de dos prórrogas de seis meses.

El contrato se formalizó en los últimos compases de la pasada legislatura, el 31 de marzo de 2022 y consistía en el encargo de un servicio de "consultoría consultoría estratégica y de recursos humanos y asesoramiento legal para el diseño y definición de las estrategias a realizar en el sector público instrumental". Los adjudicatarios fueron la UTE conformada por la consultora Accenture y el despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo por un valor de 1,485 millones de euros más IVA. Esta alianza logró el contrato en junio de 2021, pero se paralizó durante un tiempo por un recurso de otro de los aspirantes en el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta que resultó finalmente desestimado.

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Desde entonces el camino de este proyecto ha estado plagado de obstáculos. En noviembre de 2023, ya en la presente legislatura, se declaró "insuficiente" el plazo inicial previsto de 24 meses por "causas sobrevenidas". Según la resolución de la dirección general del Sector Público Instrumental, dependiente de la Consejería de Justicia, este retraso se debe a los "cambios en puestos directivos responsables de los trabajos en diferentes entidaes instrumentales". Aquella decisión amplió el plazo en 6 meses más, hasta el 30 de septiembre de 2024, para "adaptarlo a las exigencias derivadas de los procesos de transformación del sector público instrumental".

Justo cuando el plazo estaba a punto de agotarse, la misma dirección general amplió el plazo otros 6 meses hasta el que está ahora vigente, el próximo 31 de marzo. En esta ocasión el departamento que encabeza José Antonio Nieto alude a la "complejidad" de las tareas encomendadas. Estas dificultades hacen necesaria la participación directa de los entes instrumentales y de las consejerías a las que están adscritas. La Junta dejó claro en este último escrito que las circunstancias que obligan a esta última prórroga no son "en ningún caso imputables al contratista".

Estas dos prórrogas están amparadas por el artículo 96 del reglamento de la Ley de Contratos del Sector Público, según deja clara la respuesta de la Consejería de Justicia y Administración Pública a esta redacción tras una consulta por medio del portal de transparencia de la Junta. Esta norma permite este tipo de cambios en los contratos si están "debidamente justificados" y existe la posibilidad incluso de que se reajusten los créditos necesarios para la consecución del contrato.

El resultado de este contrato debe servir para que se ejecute la reordenación integral que Juanma Moreno aspiró a poner en marcha al poco de llegar a San Telmo pero que se ha demostrado mucho más difícil de lo esperado. El número de trabajadores que había en 2019 —el primer año del malagueño en San Telmo— en los entes instrumentales ascendía a 29.742 empleados, según figuraba en la ley de Presupuestos de aquel ejercicio. En 2024 sólo se había reducido en 1.232 trabajadores para quedarse en 28.510 personas. Sí es cierto que en el año vigente la cantidad ha descendido hasta los 21.406 empleados públicos, pero este descenso responde, sobre todo, a la integración de las plantillas de las agencias públicas empresariales hospitalarias en el Servicio Andaluz de Salud. Estos organismos eran los que gestionaban los hospitales comarcales que impulsó el PSOE en sus mandatos y ahora forman parte de la empresa más grande de Andalucía, la que gestiona la sanidad pública.

La mayor parte de las reducciones en el número de organismos que formaban la "administración paralela" se han realizado a partir de fusiones de otras prexistentes. Es lo que ocurrió con Andalucia Trade, que resultó de la unión de tres entidades, el Instituto de Salud de Andalucía o la nueva Agencia de Emergencias y Seguridad (Asema), impulsadas todas por el actual Ejecutivo. En la etapa socialista también se produjeron algunas, como la integración de la polémica Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo) en el Servicio Andaluz de Empleo. Un juzgado investiga ahora mismo los posibles enchufes a personas vinculadas al PSOE en esta entidad extinta, pero muchos de esos trabajadores acabaron consolidando su puesto de trabajo y siguen en nómina de la Junta.