Los hechos que abaten el discurso triunfalista de Marlaska: no, el narco no está acorralado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazaba el 9 de febrero de 2024 a Algeciras (Cádiz) y sacaba pecho por el refuerzo de medios policiales contra el narcotráfico impulsado por su Administración. La noche de ese mismo día, dos guardias civiles eran asesinados en el puerto de Barbate tras ser arrollados por una narcolancha. Iban subidos en una pequeña zodiac con la que debían interceptar una embarcación semirrígida con varios motores de gran potencia. Cuando se ha cumplido un año de este trágico crimen que conmocionó al país, el exjuez viajaba a la capital gaditana para presidir la cumbre de la Coalición contra el Crimen Organizado. Durante su intervención ante los medios, volvía a glosar el trabajo eficaz y la inversión del Gobierno en la lucha contra estas redes internacionales. Pero tan solo unas horas después, un video de unos traficantes con subfusiles y chalecos antibalas echó abajo su discurso triunfalista.

Habrá quien piense que tiene mala suerte. Hay quien sostiene que niega la realidad. Y están los que directamente le acusan de mentir. Pero lo cierto es que, a pesar de las cifras de operaciones, detenidos e incautaciones de droga, el argumentario que despliega el Gobierno para defender que las fuerzas de seguridad están ganando la guerra al narcotráfico se diluye con cada nuevo alijo a plena luz del día, con cada agente atacado, con cada imagen de traficantes exhibiéndose con total impunidad. Guardias civiles, miembros del aparato judicial y políticos cuestionan el optimismo de Grande-Marlaska ante una maquinaria delictiva que está poniendo en jaque a paraísos democráticos como Suecia o Países Bajos.

El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Huelva, Lucas Lavilla, ha tenido que atender a muchos medios de comunicación en los últimos días. La última grabación de narcos con armas de guerra ha sido muy impactante y "refuerza lo que venimos denunciando desde hace tiempo", explica a El Confidencial. "No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez" que se han registrado escenas así, más propias de Ciudad Juárez o el cartel de Cali, que de un país occidental. Y por eso critica la postura del Ejecutivo frente a una problemática que se extiende por todo el litoral andaluz.

"Se piensan que esto es la fiesta del corcho", lamenta tras las manifestaciones de Fernando Grande-Marlaska y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en las que afirmaban que la presencia de narcolanchas en el Guadalquivir es consecuencia de que "se encuentran necesariamente acorraladas" y "no tienen lugares de tranquilidad".

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Lavilla reprocha que, "una cosa es hacer unas declaraciones políticas, y otra es mentir", por eso sostiene que el Ejecutivo enmascara la realidad de provincias como Huelva —"que si no es la primera, es la segunda puerta de entrada de la droga"— con un bombardeo de datos de intervenciones y cifras de partidas económicas. El día a día, sin embargo, deja episodios de gomas jugueteando con las embarcaciones del Servicio Marítimo —que no están averiadas—, tiroteos, agentes heridos y peligrosas persecuciones que en los últimos días han dejado dos presuntos narcos muertos.

"No me estoy inventando nada, si hasta la fiscal Antidroga de Sevilla ha dicho que está alarmada", remarca el representante de la AUGC. Se refiere a las declaraciones realizadas por Raquel de los Ríos, al frente de la Fiscalía Especial Antidroga en la provincia hispalense, en las que advertía de la "falta de medios" para afrontar la creciente entrada de droga por el río Guadalquivir. La carencia de agentes y materiales, según señaló en los micrófonos de la Cadena SER, "aboca a que la posibilidad de interceptar y localizar estas narcolanchas sea ínfima".

Esta situación "garantiza que la droga entre a través de Sevilla al resto de Europa" a través de gomas que recorren el río con una tranquilidad pasmosa. Lo que ha hecho girar el foco desde el Estrecho de Gibraltar a este punto que, según Lucas Lavilla, es actualmente el más conflictivo y la consecuencia de "la falta de presión policial". "Y esto no es un problema de la Guardia Civil o la Policía Nacional, es un problema del Ministerio del Interior".

La presencia cada vez más habitual de narcolanchas recorriendo el Guadalquivir ha incrementado la sensación de impunidad que la ciudadanía intuye en unos narcos que no dudan en mostrarse en las redes sociales mientras transportan alijos o juguetean con AK-47.

"Una cosa es hacer unas declaraciones políticas, y otra es mentir", reprochan los agentes por el optimismo del ministro del Interior y Bolaños

Hace unas semanas llegaron hasta la capital, a la altura del Estadio de la Cartuja, pero ya han llegado incluso más al norte, en la localidad sevillana de La Algaba. A principios de este mes, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, explicó que estas incursiones responden a la presión policial y a los momentos de temporal que empujan a los narcos a buscar refugio río arriba.

"La presión se nota", defendió este lunes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que defendió la labor que hace Interior desde 2018. Después de la muerte de un traficante en una persecución en la desembocadura del Guadalquivir, la segunda que se produce en menos de un mes, las alarmas volvieron a sonar. Fernández, en ese contexto, rechazó que se hable de "impunidad", como hizo el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz.

Pero las gomas ya van mucho más lejos del Guadalquivir. Por cercanía geográfica, era lógico que esta expansión de los narcotraficantes llegara a Huelva o a la Costa del Sol, pero las narcolanchas ya se han hecho habituales incluso en la provincia más oriental de Andalucía. "Puedes estar un domingo en la playa y encontrarte 30 o 40 garrafas de gasolina en una cala a la espera de que las recojan", expresa José Francisco Garrido, alcalde de Níjar, que también alude al aumento en la llegada de pateras "con absoluta normalidad"

El regidor almeriense lamenta que este tipo de prácticas se esté "instalado en la sociedad" y empezando a "penetrar en los jóvenes", que ven un medio de vida la colaboración con las redes del narco para "proporcionarles servicios" como mover las garrafas de combustible o ejercer labores de vigilancia. "Los vecinos están cansados y molestos", insiste Garrido, que asegura que es habitual ver las lanchas tanto en las costas de Níjar como en Carboneras.

Garrido ha trasladado esta situación en varias ocasiones al subdelegado del Gobierno en Almería. "Le hemos mostrado imágenes y siempre nos responde con buenas intenciones, pero no hay hechos ni medios", lamenta el alcalde, que gobierna desde 2023 gracias a un pacto con Vox. El dirigente popular reconoce, como dicen los sindicatos del sector, que la Guardia Civil no tienen medios para luchar contra el narco. "Ni medios personales y ni materiales", insiste Garrido, que ha participado en reuniones organizadas por el PP a nivel provincial para denunciar esta situación.

"Campan a sus anchas y hacen lo que quieren", añade Garrido sobre los traficantes, al tiempo que asegura que "todos los días" hay intervenciones por esta "integración" como una "actividad económica" habitual para cada vez más almerienses.

El ministro del Interior rechaza todos estos reproches y este jueves, durante una visita a Almonte (Huelva), insistió que en España "no hay impunidad" con el narcotráfico y que, "si tenemos operaciones, un día sí y otro no, es porque nuestra voluntad es no dejar ninguna libertad de movimientos a las organizaciones criminales y proceder a su desmantelamiento".

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"Desde 2018, estamos dotando a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los medios necesarios y precisos para hacer frente al narco. Una lucha que incluso es reconocida en Europa", agregó para defender su gestión y la del Ejecutivo.

Frente a estas palabras de optimismo y complacencia, los que están en primera línea de fuego, los que se juegan el tipo y entierran a sus compañeros, recuerdan que aún no son considerados profesión de riesgo, que no se ha cumplido la equiparación salarial con las policías autonómicas y que el litoral no ha sido designado Zona de Especial Singularidad (ZES). "Porque esto es como en los años del plomo", avisan.