La Fiscalía de la Audiencia Nacional denuncia la "extracción masiva" de agua en Doñana

Un robo de agua "masivo, sistémico, simultáneo, persistente y fuera de control". Con estos calificativos se despacha la Fiscalía de la Audiencia Nacional en una reclamación a la secretaría de Estado de Medio Ambiente para pedirle que actue en Doñana después de una investigación que ha encabezado el Ministerio Público en colaboración con el Seprona de la Guardia Civil. Las indagaciones han puesto el foco sobre la situación del espacio natural tras varias exploraciones entre 2022 y 2023 en respuesta a la denuncia que el Tribunal de Justicia de la UE impuso a España por su mala gestión del acuífero que sustenta al humedal más importante del país y uno de los más importantes de Europa.

La resolución de la Fiscalía incluye el relato del técnico Juan José Pérez Santos, que constata que el descenso del nivel de agua del acuífero es “generalizado” y no puede atribuirse a la descarga natural o los problemas de sequía. “El balance hídrico se está viendo gravemente afectado porque las salidas de agua son notablemente superiores a las entradas”, añade este experto, que alude a “detracciones de agua fuera del conocimiento”. Esto ocurre con explotaciones ilegales y con aquellas legales que extraen más recursos que los que tienen concedidos. Esto, según su diagnóstico, es una grave afección para el estado global de las masas de agua subterránea y, de forma subsidiaria, en las superficiales, es decir, las marismas de Doñana. “La existencia de extracciones abusivas e ilegales de agua subterránea en el entorno del espacio natural es causa significativa del deterioro medioambiental que dicho espacio viene sufriendo desde hace ya varias décadas”, zanja el informe de la unidad técnica vinculada a la Fiscalía.

Las alertas de Bruselas sobre Doñana son las que provocaron una sonora respuesta al intento de PP y Vox de aprobar una ley para ampliar la capacidad de los regadíos en el entorno del parque natural. Hay que tener en cuenta que las masas de aguas subterráneas que hay bajo el espacio protegido están declaradas sobreexplotadas desde hace años. Para acabar con esa situación, el Gobierno central y la Junta de Andalucía llegaron a un acuerdo a finales de 2023 para revertir la presión sobre el acuífero con una serie de obras hidráulicas y también la reducción de las captaciones legales para dotar de más recursos hídricos a esta zona.

Estas labores se compaginan con labor de inspección que ejerce la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que ha puesto en marcha un sistema de vigilancia por satélite que permite conocer en tiempo real la situación de los pozos ilegales. De forma paralela se ha producido esta investigación impulsada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en coordinación con la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público, tras este análisis, insta al Ministerio de Transición Ecológica a exigir "responsabilidad medioambiental" a las 250 empresas y entidades infractoras, localizadas la mayoría en Huelva (198), aunque también hay en Sevilla (51) y Cádiz (1)

TE PUEDE INTERESAR

Manual para salvar Doñana: sauces donde hubo fresas, cambiar acequias por arroyos

Carlos Rocha. Sevilla

La resolución firmada el 19 de febrero por el fiscal Manuel Campoy Miñarro exige también la imposición de medidas de "prevención y reparación" sobre estas extracciones ilegales de agua que llevan a cabo "una multiplicidad de operadores". Según la investigación, los responsables de estos sondeos los hacen "sin concesión administrativa y en caudales superiores a los permitidos" en las masas de agua que conforman la red de acuíferos que nutren a Doñana. Esta actuación del Ministerio Público es previa a la vía judicial, pero se apoya en la ley de Responsabilidad Medio Ambiental para reclamar a la secretaría de Estado de Medio Ambiente que encabeza Hugo Morán que refuerce su labor en Doñana.

El escrito alude al principio de la UE de "prevención y quien contamina paga", por lo que reclama la "imposición de medidas que impidan a los titulares de las empresas y profesionales identificados, continuar extrayendo ilegalmente agua". Y también que reparen el daño medioambiental ocasionado. Esto pasa por el "cese definitivo o temporal, total o parcial de actividades" para las explotaciones económicas que ha identificado la Fiscalía en colaboración con el Seprona. Mientras se lleva a cabo este procedimiento, la Fiscalía reclama como medida provisional la "suspensión temporal de actividades" en los pozos ilegales detectados "con eventual ejecución forzosa en caso de incumplimiento".

TE PUEDE INTERESAR

El cambio climático podría provocar la inundación con agua salobre de marismas en Doñana

EFE

El listado con las 250 entidades infractoras no es público, pero el historial de este tipo de prácticas apunta a regantes de la zona, una de las más productivas del país y dedicada especialmente a los frutos rojos como la fresa o la frambuesa. La resolución de la Fiscalía alude también a las medidas de reparación en caso de que no se haya realizado la "plena restitución" de los recursos naturales" perjudicados por las extracciones y exige al Gobierno que los infractores detallen incluso el plazo de ejecución de estas medidas. El escrito del Ministerio Público habla también de la posibilidad de imposición de multas coercitivas a los incumplidores.

La investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluyó la comparecencia de los responsables de WWF, la asociación ecologista que denunció el pasado 30 de enero que el agua extraída ilegalmente en Doñana sirve para regar 3.983 hectáreas en el entorno del parque natural. Los recursos hídricos esquilmados ascienden a 14,37 hectómetros cúbicos que, según la organización, van en un alto porcentaje (42%) para hacer posible la producción de cultivos bajo plástico. WWF denunció que en el último año se ha producido un aumento de la superficie regada con agua extraída de forma irregular. "Doñana está cerca de un colapso ecológico", expresó a EFE el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, que reclamó a la Junta y el Ministerio de Transición Ecológica una mayor celeridad en las medidas para revertir la situación.