La incursión de Montero en el Algarrobico reabre la batalla entre Moncloa y la Junta y augura un nuevo bloqueo

El desembarco de María Jesús Montero en el Algarrobico ha desembocado en un formidable choque entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía que amenaza con enrevesar más si cabe el futuro del enorme hotel que lleva varado en esta playa almeriense desde hace dos décadas. En el Ministerio de Hacienda y Función Pública aseguran que la mole blanca del paraje de Carboneras, en pleno parque natural del Cabo de Gata-Níjar, desaparecerá con el apoyo del Ejecutivo andaluz o sin él. Mientras eso ocurre y no en San Telmo han entonado una sonora queja por las formas de Montero en su anuncio de expropiación y no aclaran si procederán a asumir la parte del edificio que está bajo terreno que corresponde a la administración autonómica.

"Está mareando a los andaluces", ha expresado este martes la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, que ha salido en tromba contra la "falta de lealtad" de la que ha acusado a Montero. La también titular de Hacienda ha recordado que la fórmula de la expropiación se desechó en 2009 por parte del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que ha calificado de "vuelta al pasado" la expropiación que ha echado a andar este mismo martes en el Consejo de Ministros, como ha detallado la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

La Administración central tiene competencia sobre el terreno calificado como "superfice de tránsito", que se extiende entre 6 y 20 metros desde la zona de dunas y playas. Dentro de esa delimitación está en torno al 40% de la superficie del hotel impulsado por Azata del Sol y que lleva paralizado desde 2007 por un lío jurídico que no hace más que embrollarse. El otro 60% corresponde a la Junta, que ganó en los tribunales en 2016 la posibilidad quedarse con los terrenos si ejercía su capacidad de tanteo, auque no ha hecho uso de este derecho. Esto es responsabilidad tanto del anterior gobierno socialista, en manos de Susana Díaz y con Montero como titular de Hacienda, como de los distintos ejecutivos que ha tenido Juanma Moreno desde que llegó a San Telmo en 2019.

La tesis que manejan en la Junta es que la idea de expropiar el hotel es "una cortina de humo", ya que el proceso de adquisición forzosa de los terrenos "se puede judicializar de forma eterna". "Que digan el día y la hora a la que van a aparecer las excavadoras", ha retado España, que defiende que la vía "idónea" pasa por promover la nulidad de la licencia de obras concedida en su momento por el Ayuntamiento de Carboneras, entonces en manos del PSOE. Es ese el camino por el que iba el asunto hace unos meses, cuando se reunió por última vez la comisión de seguimiento creada en 2011 por acuerdo entre Gobierno y Junta y que no se ha convocado por el momento para abordar el nuevo statu quo del paraje almeriense.

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España ha recordado que en el último encuentro, la representante de Transición Ecológica se posicionó a favor de la vía a la que se agarra el Gobierno andaluz y que pasa por presionar al consistorio que encabeza Salvador Hernández (Cs) para que revise el permiso de obras. Esto no es sólo una petición política, sino que hay una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reclama al ayuntamiento carbonero que lleve a cabo este trámite. Lo llamativo es que la presión de la Junta sobre el regidor naranja se extiende también a su propio partido.

Desde el pasado diciembre el PP forma parte del equipo de gobierno local de Carboneras e incluso uno de sus concejales ha asumido las competencias de urbanismo. Carolina España ha admitido este martes que no le constan contactos entre el Gobierno andaluz o el PP regional y sus compañeros de la localidad almeriense. Ha llegado incluso a calificar de "excusas" los argumentos que utilizan en el ayuntamiento para explicar por qué no atienden la petición del TSJA. En conversación con este periódico, Hernández ha achacado a la falta de recursos de personal la dilación en revisar la licencia concedida en 2003 a la empresa Azata del Sol. La intención del alcalde de este municipio costero es firmar un convenio con el Ayuntamiento de Garrucha, la localidad adyacente, para poder contar con sus técnicos municipales.

En cualquier caso, el alcalde de Ciudadanos reconoce que la revisión puede llevar a retrotraer el asunto a la normativa vigente hace más de 20 años, cuando se concedió el permiso. "El objetivo es hacer el expediente en cuestión de semanas", afirma al tiempo que se muestra convencido de que tendrá que afrontar alegaciones de "grupos ecologistas, alegaciones y recursos". "Es un asunto escabroso", reconoce el regidor, que en el pasado mandato tuvo un acuerdo con el PSOE de José Luis Amérigo, a la sazón el sobrino del alcalde socialista que concedió la licencia al hotel del Algarrobico.

El alcalde de Carboneras pone el foco en que en la visita de María Jesús Montero no estuvieron presentes los concejales socialistas de Carboneras y afea a la ministra de Hacienda que acudiese a la localidad sin abordar con él otros asuntos. Hernández desconfía del plazo de 5 meses por la intrincada judicialización del asunto y aboga por alcanzar un acuerdo entre la Junta, el Gobierno, el Ayuntamiento que él dirige y la propia empresa promotora. "Que sea lo menos lesivo posible y no tenga coste monetario para nosotros", expresa el regidor, que teme que el consistorio que encabeza tenga que asumir una indemnización que lo dejaría en práctica quiebra. Y recuerda que la edificación se hizo con el aval municipal, pero también con los permisos de la Administración autonómica.

El laberinto legal

La cronología del proyecto exhibe las contrariedades socialistas y cuestiona su actual discurso con un simple repaso a la tramitación administrativa. La construcción del polémico hotel aglutinaba el consenso de la Junta de Andalucía, en manos de Manuel Chaves y el Gobierno central y se justificaba con un —ahora discutido— "interés general". Hay que remontarse a 1987 para encontrar el primer trámite relacionado con el hotel, ya que fue entonces cuando el Ayuntamiento de Carboneras, con el histórico alcalde socialista Cristóbal Fernández al frente, aprueba las normas subsidiarias que clasificaban los terrenos como urbanizables.

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Entonces comienza un laberinto de trámites que, entre otros méritos, incluye ignorar en 1988 la recién aprobada Ley de Costas que situaba en 100 metros el espacio protegido por el dominio marítimo terrestre. El establecimiento hotelero acabó situándose a 14 metros de la ribera del mar. En 1994 la Junta publicó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), así como los mapas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que impedían la edificación en El Algarrobico. Tres años después, el Ejecutivo andaluz publicaba tres nuevos planos donde se cambia la clasificación de la zona para que fuese urbanizable. Esta modificación se lleva a cabo "sin someterlo a exposición pública y sin publicar expediente alguno", denunció Greenpeace.

En 2001 la Junta saca adelante el Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Gata-Níjar para dinamizar la zona de influencia del parque natural con una premisa sostenible. Ese mismo año, Azata del Sol S.L. solicita al Ayuntamiento la licencia de obra para construir un hotel que recibirá en 2003 desoyendo las alegaciones que alertaban de la vulneración de la Ley de Costas. Resulta llamativo que en 2002 la Junta solicitó una ayuda de 2,8 al Ministerio de Economía para sufragar el hotel con cargo a los fondos Feder de desarrollo regional de la UE. Muchos años después, en 2014, la entonces consejera andaluza de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, culpó a José María Aznar del pago de esta ayuda.

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El polémico establecimiento, que siempre contó con el apoyo de los vecinos de la comarca, porque veían en él una oportunidad laboral, contó en 2003 con resoluciones favorables de las consejerías de Turismo y Salud y, ese mismo ejercicio, recibió el beneplácito de la de Medio Ambiente. 2005 es el año de la paradoja del polémico hotel. Mientras el Ministerio de Medio Ambiente inicia los trámites de expropiación del terreno después de que el BOE publique la orden ministerial con el nuevo deslinde para proteger el litoral; la consejería de Medio Ambiente inicia la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y El Algarrobico pasa a ser un lugar urbanizable.

Un año después, Cristina Narbona, la entonces ministra de Medio Ambiente, apostó por el derribo de un hotel que se había convertido en ejemplo del urbanismo depredador. La iniciativa turística estaba sentenciada y Manuel Chaves, cuyo Gobierno había avalado la edificación, se unió a la nueva corriente. Sobre todo porque el proyecto había entrado en vía judicial. Y ahí sigue a día de hoy desde que en 2007 quedó paralizado. Desde entonces se han sucedido las resoluciones judiciales hasta que en 2018 el Supremo declaró en firme que los terrenos en los que estaba construido el hotel constituían un área ambientalmente protegida y no era urbanizable, confirmando una sentencia previa del TSJA de 2016.

Tres años más tarde, el Alto Tribunal andaluz consideró que el Ayuntamiento de Carboneras tenía la obligación de anular la licencia de obras del equipamiento y ahí está embarrancado el asunto. Además del lío judicial hay un asunto económico que ha favorecido el bloqueo del asunto. La propia promotora Azata del Sol estimó en 300 millones los trabajos para demoler y restaurar paisajísticamente la zona. Un portavoz de la compañía, Antonio Baena, declaró a El Mundo en 2009 que echar abajo el hotel era "técnica y físicamente imposible", ya que para su construcción "se han incrustado en la ladera del monte 65.000 metros cúbicos de hormigón que no podrán eliminarse". La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha cifrado en 7 millones el coste de la demolición este martes mientras que la Junta tiene reservado un millón de euros para la restauración ambiental, que le corresponde, según el acuerdo al que llegaron ambas administraciones en 2011 y que sigue vigente.