La Oficina Antifraude andaluza ve "vicios de nulidad" en un contrato de la Junta con José Manuel Soto

A José Manuel Soto no le hizo falta cantarle a Juanma Moreno aquello de "déjate querer", como dice uno de los grandes éxitos del cantante sevillano, para lograr el apoyo de la Junta a su proyecto Destino Rocío. El plan del autor de Por ella pasa por crear una especie de Camino de Santiago pero con final en la aldea almonteña a la que cada primavera peregrinan miles de personas para ver a la Blanca Paloma. Y la idea es que ese goteo de personas sea una constante, como explicó en la presentación de la iniciativa, que contó con la presencia de Juanma Moreno. El presidente de la Junta calificó el plan como "una bocanada de aire fresco", pero ahora se enfrenta a un problema, ya que la Oficina Andaluza Antifraude ha detectado "vicios de nulidad" en un contrato vinculado a los senderos rocieros de Soto.

El organismo creado en la pasada legislatura por el impulso de Ciudadanos no tiene capacidad para anular el contrato menor por valor de 14.472 euros que la Administración regional concedió a una empresa vinculada a Soto, Fundación Destino Rocío SL. Esta es una competencia de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, que fue quien la adjudicó a la entidad que impulsa el cantante y que ahora tendrá que poner en marcha una investigación a petición de la citada oficina. El problema, según la resolución firmada por Marta Blazquez, directora adjunta de la entidad, es que la empresa que recibió los fondos "carecía de la capacidad" para actuar en actividades que incluye el contrato.

El dinero concedido por la Junta debía destinarse a la "promoción, organización y realización de actividades artístico-musicales". El escrito de Antifraude expresa que la prestación del contrato "estaría fuera del ámbito de su capacidad de actuación", por lo que habria "una falta de idoneidad y capacidad" para recibir los fondos públicos. Por ese motivo encomienda a Turismo una revisión de oficio del citado contrato. El escrito parte de una denuncia interpuesta por Por Andalucía, la coalición de Podemos e IU en el Parlamento autonómico, que en su queja destaca también que el contrato no se ofreció a 3 empresas del sector para favorecer la competitividad, un tramite no obligatorio pero que sí se considera "muy recomendable".

El contrato concedido por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior a una empresa vinculada con Soto estaba dedicado a la contratación del servicio técnico de márketing para el proyecto Senderos del Rocío. En enero de 2024 la Junta de Andalucía asumió las labores que hasta ese momento llevaba a cabo la Fundación Destino Rocío. El Ejecutivo autonómico decidió encargar entonces el desarrollo de las rutas hacia la aldea almonteña a un comisionado, que sería el responsable de los caminos pensados para hacerse andando, a caballo o en bicicleta.

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M. Rosa Font. Huelva

Además del citado contrato, el proyecto ha sido seleccionado para recibir una subvención de 275.000 euros. Fuentes de la Oficina Andaluza Antifraude admiten que no han hallado irregularidades en esta ayuda nominativa que la Junta concedió a la entidad vinculada al cantante. "Se trata de una potestad gubernamental", expresan estas fuentes, que aluden a una prerrogativa del Gobierno y aseguran que cumple con los requisitos necesarios, como la existencia de disponibilidad presupuestaria y la consideración de un proyecto de interés público.

Los diputados de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado y Esperanza Gómez han explicado este miércoles que la resolución sólo hace mención al primer contrato concedido, pero aseguran que la Junta ha invertido "más de 500.000 euros". Los diputados consideran que la relación de la Junta con esta iniciativa supone, de facto, la financiación del proyecto de José Manuel Soto. "Tenía la sede en su vivienda y sólo un trabajador como auxiliar administrativo", han explicado en una comparecencia en la Cámara autonómica, aunque asunto ha llegado también al primer pleno de 2025, que se ha sustentado este miércoles en el viejo hospital de las Cinco Llagas.

La actividad parlamentaria ha vuelto con los mismos asuntos con los que acabó el año. La consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha dado cuenta de los ceses que se han producido en la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA). El pasado 8 de enero se hizo público que el Gobierno autonómico había nombrado a un nuevo interventor general después de la marcha de María Antonia González. Miguel Ángel Figueroa asumió el cargo y al poco tiempo destituyó a cuatro altos dirigentes de la IGJA para colocar en sus puestos a personas de su confianza.

Para la oposición de izquierdas esto es una represalia por los informes críticos sobre la gestión de la contratación en el Servicio Andaluz de Salud, parte de la cual está ahora mismo siendo investigada en un juzgado de instrucción de Sevilla. "El que habla, cae; es una forma de matar al mensajero", ha dicho José Ignacio García, de Adelante Andalucía, que ha marcado el paso al resto de portavoces de la oposición. Incluso Vox se ha mostrado crítico con el cambio al frente del organismo que revisa el funcionamiento de la Administración autonómica.

"Es un hecho natural", ha dicho Carolina España, que ha parafraseado en varias ocasiones a María Jesús Montero, que en su etapa como consejera de Hacienda afrontó una situación similar. La también portavoz de la Junta ha insistido en que la salida de González responde a "motivos personales" y se produjo a petición propia. De fondo hay también una pugna entre el cuerpo de interventores creado recientemente en Andalucía por medio de una ley, en la pasada legislatura, y la propia Administración. El motivo hay que buscarlo en un conflicto salarial relacionado con los complementos que cobran estos trabajadores públicos altamente cualificados.