Archivan la denuncia contra el alcalde de Estepona por acoso sexual a un policía
La autoridad judicial señala que "no existen indicios de criminalidad" por parte del regidor, José María García Urbano, que vincula este proceso a una campaña para dañar su imagen personal y política
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El juzgado de instrucción número 5 de Estepona ha acordado el archivo de la denuncia contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano, por un presunto delito de acoso sexual a un policía local y a su mujer, según ha confirmado el Ayuntamiento de esta localidad malagueña, que ha añadido que la autoridad judicial concluye que no ha existido delito alguno por parte del investigado.
Fuentes municipales han recalcado que "no existen indicios de criminalidad para la apertura de juicio oral, lo que ha puesto de manifiesto la falsedad y las contradicciones del relato de los denunciantes, así como la absoluta falta de fundamento de la denuncia".
García Urbano, desde que tuvo conocimiento de la denuncia por los medios de comunicación, sostuvo que se trataba de una "inadmisible e injusta campaña para dañar su dignidad personal y su trayectoria política con una única y clara finalidad espuria, para intentar apartarlo del Ayuntamiento y de su compromiso con Estepona".
El archivo, adelantado por Sur, cierra la puerta —de momento—, al primer proceso judicial relacionado con esta pareja que afecta al regidor popular. Sigue en fase indagatoria el relacionado con una presunta malversación derivada de la contratación en el Consistorio de la mujer del policía local.
El abogado del policía denunciante remitió un comunicado a mediados del pasado mes de octubre en el que aseguraba que los presuntos delitos sexuales se produjeron entre marzo de 2022 y junio de 2023. Y que, como consecuencia de los mismos, su cliente llevaba de baja psicológica desde hacía más de un año.
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El letrado, en su escrito, explicó que el regidor presuntamente utilizó su posición de poder para "invitar" a la supuesta víctima a mantener relaciones sexuales y amenazarla con despedirla si no aceptaba. Hay que apuntar que se trataba de un funcionario de carrera, por lo que su despido requeriría un largo y complejo proceso.
El Sindicato de Empleados Públicos de Málaga (Sepma), al que pertenecía el agente cuando supuestamente sucedieron los hechos, se desmarcó de la denuncia tras mostrar su más profunda sorpresa y apelar al derecho a la presunción de inocencia.
"Hemos establecido contacto con el jefe de la Policía Local, quien confirma no haber recibido ninguna manifestación o queja por parte de este empleado. Sin embargo, tenemos constancia que en el breve tiempo en el que el funcionario ha prestado servicio, no ha destacado por su profesionalidad ni compromiso, llevando a cabo incluso conductas inapropiadas fuera de su horario laboral, lo que ha requerido la intervención de otro cuerpo de seguridad".
La organización sindical se refería a un incidente presuntamente protagonizado por el agente en el municipio de Marbella en mayo del pasado año. Entró con su vehículo en una zona no autorizada de Puerto Banús y, tras defecar en la vía pública, hecho que al parecer fue grabado por las cámaras de seguridad, provocó la intervención de la Policía Nacional. Una vez abandonó el recinto, se personó en la Comisaría marbellí "exigiendo hablar con el coordinador de servicio para interponer una queja si no obtenía de manera rápida una disculpa por parte de los agentes actuantes", se recoge en un oficio al que tuvo acceso este periódico.
"Expresamos nuestra perplejidad frente a las afirmaciones del denunciante", remarcó el Sepma, que recordó que la hipotética expulsión de un funcionario está sujeta a un procedimiento reglado, "sumamente estricto y detallado", en el que deben cumplirse numerosas garantías.
El juzgado de instrucción número 5 de Estepona ha acordado el archivo de la denuncia contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano, por un presunto delito de acoso sexual a un policía local y a su mujer, según ha confirmado el Ayuntamiento de esta localidad malagueña, que ha añadido que la autoridad judicial concluye que no ha existido delito alguno por parte del investigado.