Tres policías en el "núcleo" de una trama de pesca furtiva que quería capturar 50 atunes rojos

Tres agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Marbella están siendo investigados como presuntos cabecillas de una red de pesca furtiva de atún rojo que supuestamente pretendía capturar 50 ejemplares y comercializarlos a través de una empresa mayorista de pescados y congelados ubicada en la capital malagueña. La operación Galete, desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, se ha saldado —de momento— con ocho personas investigadas por delitos contra la fauna, contra la salud pública, relativo al mercado y a los consumidores y pertenencia a organización criminal.

La intervención policial se produjo el pasado mes de julio, como consecuencia de las pesquisas que iniciaron en febrero, después de que pescadores y profesionales del sector informasen de que había personas ejerciendo la pesca furtiva de manera continuada y en periodo de veda.

Los agentes del Seprona sitúan a los tres policías nacionales en el "núcleo principal" de un entramado del que también formaban parte algunos familiares. Las indagaciones revelaron que no estaban ante un "hecho puntual" y que los investigados supuestamente obtuvieron 35.000 euros con las capturas ilegales que llevaron a cabo en 2023. Y se supo que vendían las piezas a 10 euros el kilo.

El objetivo, según se recoge en la documentación a la que tuvo acceso El Confidencial, era alcanzar la cifra de 50 atunes rojos pescados ilegalmente durante el pasado año. El Instituto Armado ha logrado certificar la pesca furtiva de 16 ejemplares con pesos aproximados oscilaban entre 70 y 200 kilogramos.

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La red utilizaba dos embarcaciones de recreo —vinculadas a los policías nacionales— que atracaban en el puerto deportivo de Marbella, así como una furgoneta y un todoterreno en los que transportaban y distribuían las piezas pescadas ilegalmente. Los atunes estaban siendo comercializados "entre establecimientos públicos de hostelería, mayoristas y minoristas, sin ningún tipo de control sanitario y con el consiguiente riesgo y perjuicio para el consumidor", señalaron los responsables del caso.

La investigación constató las pésimas condiciones de salubridad de los vehículos utilizados para su desplazamiento y eran tan malas condiciones higiénico-sanitarias de algunos de los ejemplares, que las autoridades sanitarias certificaron que podían causar intoxicaciones alimentarias graves a los consumidores.

"En el caso especial que estamos tratando, en el que no existe control sanitario de la cadena alimentaria, subsiste un elevado riesgo de que, en las fases de captura y transporte a muelle, de descarga, almacenamiento, distribución y posteriores tratamientos en minorista o restauración, el producto esté expuesto a pérdidas de temperatura que incidiría enormemente en su deterioro", recalca el Seprona.

"¿No podemos arreglar esto?", dijo uno de los agentes investigados al ser interceptado cuando transportaba unos atunes

Este peligro no disuadía a los investigados, que presuntamente "alardeaban" de los ingresos que estaban obteniendo, pero que también adoptaban numerosas medidas de seguridad cuando regresaban a puerto con las capturas. "Se sospecha que pudieran contar con ayuda informativa desde tierra que les alertase de la presencia de Guardia Civil o del Servicio de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía", advirtieron a la autoridad judicial los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza, que plasmaron en un informe que uno de los policías llamó en varias ocasiones a uno de los responsables del operativo después de que otro de los agentes detectase un dispositivo de vigilancia. Una conversación en la que el mando interpretó que "pudiera estar intentando sacar información si su personal subordinado estaba realizando algún tipo de actividad y control por la pesca de atunes".

El documento, además, recoge las sospechas de los investigadores de que los agentes —"directamente o a través de terceros"— pudieron consultar la matrícula de uno de los coches camuflados utilizados por el Instituto Armado en los seguimientos hasta la capital malagueña.

Los cabecillas

Los responsables del caso determinaron que el conjunto de personas investigadas "viene operando bajo una estructura aparente y perfectamente organizada, de modo que la relación de sus miembros y la distribución de funciones está vinculada a un esquema preestablecido y por consiguiente realizando actividades propias de la delincuencia".

Como cabecillas sitúan a los tres policías nacionales, aunque creen que podría haber un cuarto agente implicado con otro rol. De 44, 40 y 35 de edad, se encontraban de "baja médica" durante el transcurso de las pesquisas, supuestamente pescaban los atunes rojos y eran propietarios o copropietarios de los dos barcos utilizados para la pesca ilegal. Los seguimientos muestran que estarían —presuntamente— "implicados" en la mayoría de los casos documentados. Para las capturas usaban cañas con "carretes específicos para peces de gran tamaño".

Las vigilancias "se han realizado de manera aleatoria en función también de los recursos de personal y medios disponibles", advierten los agentes del Instituto Armado, "por lo que no se descarta que haya habido más episodios de pesca furtiva, pero que, obviamente, no se pueden demostrar".

Las pesquisas apuntan a que el grupo operaba de forma "coordinada" en aguas de Málaga capital y con documentación fraudulenta introducía las capturas de atunes en el mercado a través de empresas que comercializaban estos atunes sin control sanitario. Estos negocios —aparentemente— eran conocedores de la procedencia ilegal de los peces, pero aprovechaban su actividad empresarial y comercial para falsear la información de su procedencia, lo que les aportaba grandes beneficios económicos.

En esta parte del entramado, era básica la cobertura que proporcionaba una empresa mayorista de pescados y congelados de Málaga, así como la necesaria complicidad de al menos un restaurante marbellí que daba salida al producto.

Cuando dos de los policías fueron interceptados trasportando varios atunes en una furgoneta, uno de ellos se dirigió al investigador de la Guardia Civil y le dijo: "Somos policías nacionales, vaya lío en el que nos vais a meter". En el instante en el que otro de los agentes que participaba en el operativo les explicó que tenían que entregar sus teléfonos móviles, el mismo policía insistió: "¿No podemos arreglar esto?". Su principal preocupación después era si sus superiores iban a ser informados.