Varapalo al PSOE andaluz en su intento por ampliar la denuncia de los contratos de emergencia
El juez niega la ampliación de la querella y establece que deben ser los juzgados provinciales quienes indaguen al respecto. La Junta andaluz sustituyó el martes a la interventora que alertó sobre el fraccionamiento de contratos
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El juez que investiga los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud ha rechazado una segunda ampliación de la querella del PSOE sobre el uso de este tipo de contratación utilizada por el SAS entre 2021 y 2024. En un auto con fecha de 7 de enero, el titular del juzgado de instrucción 13 de Sevilla, Javier Santamaría, rechaza la petición de los socialistas, que estaba encaminada a extender su denuncia sobre los contratos de emergencia realizados por las centrales provinciales del SAS. El magistrado establece que la "competencia" para indagar en las fórmulas que sigue el SAS en los territorios corresponde a los juzgados de instrucción de la provincia en la que se suscriben los contratos y "se despliegan sus efectos".
La decisión del juez Santamaría supone un varapalo en la estrategia del PSOE andaluz, que buscaba extender la investigación al conjunto de la contratación de emergencia de la sanidad pública andaluza. El argumento de los socialistas pasaba por añadir una serie de contratos formalizados por las plataformas logísticas y centrales de compras provinciales para hospitales y clínicas de distintos territorios. Según el magistrado, la causa ya abierta por el delito de prevaricación por el uso de esta fórmula exprés no puede incluir estos contratos. "No hay coincidencia en cuanto a su objeto ni en cuanto al sujeto, más allá de la posible tipología del contratación de emergencia", zanja el juez.
El auto circunscribe la investigación a las "posibles irregularidades" que tengan relación con los servicios centrales del SAS. "No existe justificación para asumir (...) la ampliación de la querella de todos los incumplimientos, no se puede extender a toda la contratación ni hacer una revisión general que no corresponde a este juzgado", expresa el escrito del juez Santamaría. En el Gobierno de Juanma Moreno consideran que esta decisión del magistrado echa por tierra parte de la argumentación de los socialistas en su intento por hacer una causa general de la proliferación de los contratos de emergencia utilizados cuando la pandemia empezó a remitir.
Fue entonces cuando el Ejecutivo central derogó la norma que permitía utilizar esta fórmula para paliar las consecuencias del covid en la presión del sistema sanitario público. En la Junta, fue la Consejería de Hacienda, encabezada entonces por Juan Bravo, la que alertó contra el uso de los contratos de emergencia, con una orden de junio de 2021. A pesar de esta instrucción, el SAS siguió utilizando el mecanismo que inauguró Jesús Aguirre como consejero de Salud y que luego mantuvo Catalina García cuando asumió la cartera. Esa práctica es la que llevó al juez a aceptar la denuncia del PSOE, aunque rechazó el posible delito de malversación que sí veían los socialistas, y a abrir una causa en la que figuran como investigados la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos antecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.
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Inicialmente, sólo Vargas y Guzmán figuraban en la investigación, pero las adendas a los contratos realizadas en 2024 extendieron el caso sobre la actual jefa del SAS. García, que fue antes gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba, se personó en la causa de forma individual. El Gobierno andaluz no lo hizo inicialmente y estudió esta posibilidad, pero fuentes del entorno de Juanma Moreno desvelaron a final de año que no tenían intención de hacerlo. El mensaje que envían en San Telmo desde el inicio de este asunto es que se trata de una "denuncia política". El Gobierno andaluz confía en que la denuncia acabe por desinflarse y el entorno del presidente insiste en que no hay preocupación por la apertura de un presunto caso de corrupción a raíz de los contratos de emergencia.
La decisión del juez sobre la segunda ampliación de la denuncia se produce apenas tres días después de conocerse que el Gobierno de Juanma Moreno había decidido relevar a la interventora general, María Antonia González Pavón, y sustituirla por Miguel Ángel Figueroa. González Pavón fue nombrada en septiembre de 2022, poco después del arranque de la legislatura y a los pocos meses elevó un informe de actuación para alertar contra el exceso de fraccionamientos de contratos. Según el escrito de González Pavón, hubo un "abuso" en la formulación de "contratos menores en fraude de ley". Se trata de un asunto distinto de la investigación sobre los contratos de emergencia. Según ha publicado eldiario.es, la Consejería de Hacienda explicó que la ya exinterventora general había reclamado el relevo por "motivos personales".
El juez que investiga los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud ha rechazado una segunda ampliación de la querella del PSOE sobre el uso de este tipo de contratación utilizada por el SAS entre 2021 y 2024. En un auto con fecha de 7 de enero, el titular del juzgado de instrucción 13 de Sevilla, Javier Santamaría, rechaza la petición de los socialistas, que estaba encaminada a extender su denuncia sobre los contratos de emergencia realizados por las centrales provinciales del SAS. El magistrado establece que la "competencia" para indagar en las fórmulas que sigue el SAS en los territorios corresponde a los juzgados de instrucción de la provincia en la que se suscriben los contratos y "se despliegan sus efectos".