La moda de los 'CSI de cacas de perro': si Grissom y Horatio levantaran la cabeza...

Calle Julio Gómez. Málaga capital. El pasado domingo. Una a la altura del número 8. Otra, casi a su lado. Unos pocos metros adelante, una más. Junto a ella, el rastro de una pisada. Y antes de llegar al cruce con Practicante Fernández Alcolea, la última que se observa a simple vista. Cinco heces de perro en un tramo de unos 50 metros que transcurre junto al campo de fútbol de El Palo.

En unas ciudades donde la presencia de las mascotas se ha disparado, la falta de civismo de algunos propietarios está generando un problema de limpieza y salubridad. Para atajarlo, los ayuntamientos han puesto en marcha innovadoras propuestas que consiguen rápidos titulares, aunque con resultados cuestionables. Es el caso —nunca mejor dicho— de lo que se llamó el CSI de las cacas de perro. Una iniciativa que se ha extendido por muchos municipios del país que consiste en realizar pruebas de ADN a excrementos dejados en la acera para cotejar las muestras con un registro genético de canes obligatorio.

¿Pero está siendo útil este sistema? En Málaga se implantó en julio de 2017 y su aplicación no parece muy efectiva. En los tres primeros trimestres de este año se llevaron a cabo 230 análisis para un censo de 51.800 perros registrados genéticamente. Una proporción ínfima cuando se compara con los nueve positivos que arrojaron las pruebas realizadas.

Pero antes de exponer más datos, cuando piensen en este servicio, no se imaginen a Gil Grissom o al pelirrojo Horatio Caine arrodillado frente a una caca de perro y, mientras se quita sus gafas de sol y comienza a sonar Won’t get fooled again de The Who, hace un escorzo para sentenciar: "Este caso apesta".

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Los encargados de investigar a los dueños de perros incívicos pertenecen a ADN Canino, la empresa que trabaja con el Consistorio malagueño. Su personal realiza la analítica y el registro de las muestras que se toman bajo la supervisión de funcionarios municipales que verifican la cadena de custodia. El coste de cada prueba —actualmente— es de 36,3 euros, según se recoge en la información del Área de Sostenibilidad y Medioambiente a la que ha tenido acceso este periódico.

Desde 2018 hasta septiembre de este ejercicio se han realizado un total de 2.051 de estos análisis, lo que implica un coste para las arcas municipales que se aproxima a los 74.400 euros. El primero, con 390, fue el año en el que se hicieron más test. Le siguieron 2023 —359— y 2022 —332—. Mientras que en 2020, año de la pandemia, la actividad cayó a 128.

Si el cuarto trimestre de 2024 sigue la tendencia de los tres anteriores, este año —como todos, salvo 2018— se quedará por debajo de la media de una prueba por día. Una cifra mínima si tenemos en cuenta que, según recogía una encuesta de la Universidad de Málaga (UMA), el 44% de los malagueños afirma convivir con un perro o un gato y que el Consistorio asegura que se tiene la huella genética del 85% de las mascotas de la ciudad.

163 identificados

El efecto preventivo que persigue esta medida, que están aplicando 78 municipios del país, según ha cifrado el blog Pipper on tour, se diluye cuando se enfrentan los datos de canes registrados y las analíticas con los infractores que son detectados con este sistema. 2019, con 57 propietarios denunciados gracias a la prueba de ADN, fue el año con mayor número de positivos: el 19,5% de las 292 analíticas que se realizaron entonces. Pero la cifra de sancionados —salvo el paréntesis del covid— ha ido cayendo ejercicio tras ejercicio, pese a que paralelamente crecían las analíticas y las inscripciones en la base genética. 32 multados en 2021; 28, un año después; 19, en 2023; y tan solo nueve, en los tres primeros trimestres de 2024. Un total de 163 desde 2018.

Fuentes del Ayuntamiento de Málaga, a preguntas de este periódico, explicaron que la Policía Local realiza controles diarios para 'obligar' al registro del ADN de los perros y recordaron que cada ejemplar tiene que llevar chapa informativa o el dueño portar una tarjeta que acredite que está en el censo.

"Si no lo lleva, la sanción es de 217 euros. La misma cantidad, por no recoger excrementos", precisaron, por lo que las 163 multas interpuestas gracias al análisis de las muestras de heces recogidas en la vía pública supondrían 35.371 euros recaudados. Un importe que es menos de la mitad de lo invertido en las pruebas.

La cifra de positivos, además, representa escasamente el 8% del total de test realizados, por lo que el 92% restante de los restos de heces tomados eran de canes que no habían sido registrados y cuyos propietarios se fueron de rositas ante la imposibilidad de identificarlos científicamente.

Aunque no todos. Según las fuentes municipales, el incremento de las inscripciones en el censo genético está provocando casos de "rematchings de perros cuyas cacas se recogieron hace meses, y que entonces dieron resultado negativo, pero que ahora se vuelven positivos al haber sido dado de alta recientemente".

Los datos también muestran que Carretera de Cádiz es, con diferencia, el distrito en el que se han realizado más analíticas. Un total de 399,103 más que el segundo: Centro. El tercer cajón del podio lo ocupa Palma-Palmilla, con 242 toma de muestras en sus calles desde 2018. Teatinos-Universidad y Campanillas, con 51 y 57, son las zonas donde menos se aplica esta iniciativa.

Las propuestas novedosas para frenar el problema de los dueños de perros incívicos también pueden llevar hélice. Y un curioso nombre: Poopcopter, que se podría traducir como cacacóptero. Es el invento de Caleb Olson, un estadounidense que ha creado un robot volador capaz de rastrear, recoger y tirar a la basura las deposiciones de las mascotas. Como se enteren los alcaldes españoles, habrá atascos en los cielos.