El 'blanqueador' de Sri Lanka que desde Marbella se adelantó al (presunto) jefe corrupto de la UDEF

Entre el cúmulo de datos alucinantes que rodearon la detención de uno de los responsables de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, el inspector jefe Óscar S.G., por presuntamente venderse a las redes del narcotráfico a cambio de millonarias mordidas, llamó la atención las decenas de licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en posesión de sus familiares. No es que ensombreciesen los fajos de billetes emparedados entre los tabiques de su casa, pero reafirmaban la versatilidad de las tramas delictivas para encontrar nuevos negocios a través de los que blanquear dinero ilícito.

Pero este novedoso modus operandi tuvo un gran precedente en el banco de pruebas del crimen organizado: la Costa del Sol. Una operación con epicentro en Marbella que se gestó de forma inesperada gracias a unas escuchas telefónicas a los clanes del menudeo que operan en el barrio de Las Albarizas y que condujeron hasta un ciudadano de Sri Lanka al que se consideró el hacedor de una red de sociedades que llevaba asociada 27 permisos de explotación de VTC.

La inspectora del Grupo I de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial de Málaga no se pronuncia con rotundidad, por eso de que alguien en algún punto del país pueda desmentirla, pero "juraría que fue la primera operación de este tipo". El montante lavado con este innovador método se cifró en 1,1 millones. Sólo en un periodo de dos años: de comienzos de 2022 a finales de 2023. Y se identificaron a —al menos— 16 clientes vinculados al narcotráfico.

La investigadora explica que las indagaciones comenzaron a raíz de una serie de conversaciones captadas durante el transcurso de otra investigación por tráfico de drogas y en la que sus protagonistas, asentados en Las Albarizas, mostraban su interés por comprar licencias de Vehículos de Transporte con Conductor. Las pesquisas posteriores "no llevaron a un tipo cualquiera". El principal sospechoso era un esrilanqués asentado en Marbella. Estaba al frente de un negocio de este transporte público apoyado en aplicaciones cuya base era una nave de la localidad en la que se estacionaba la flota de coches y que era el domicilio de numerosas mercantiles.

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Pablo D. Almoguera. Málaga

Lo primero que llamó la atención fue la "confusión", porque este individuo estaba relacionado con "12 sociedades" enfocadas a la adquisición y explotación de permisos de VTC. "Cuando se desarrolla una única actividad, lo normal es contar con una o dos, no 12", apunta la inspectora, que explica que destacaba porque "no era un entramado estático". ¿A qué se refiere? Pues a que, en el periodo de investigación, se constataron 26 transferencias de licencias y diez de vehículos que habían generado un ingreso ilícito de 1.114.520 euros. Por lo que no dudaron en sostener que la maraña societaria tenía como fin "facilitar operaciones sospechosas de blanqueo" y elaboraron un primer informe de "más de 200 páginas" que entregaron a la autoridad judicial.

La inspectora señala que los investigados aprovecharon los cambios normativos realizados en este ámbito de negocios y que posibilitaron la compra de licencias de segunda mano. La peculiaridad de las transacciones estudiadas por los agentes es que se realizaban por un importe fuera del mercado. "Realizamos un estudio del sector y observamos que los precios se disparan después de la pandemia" y llegan hasta los 60.000 euros por licencia.

El análisis de las personas implicadas en estas operaciones reveló que el grueso de las mismas estaban relacionadas con redes del narcotráfico que operan en el litoral malagueño, el Campo de Gibraltar y la ciudad autónoma de Ceuta. Su objetivo, remarca la responsable del caso, era "canalizar dinero en efectivo" procedente del tráfico de drogas a través del negocio de VTC.

Ninguno de los investigados podía demostrar ingresos legales suficientes para justificar sus operaciones económicas

Españoles, algunos de origen magrebí, con antecedentes policiales y penales, que "no estaban vinculados entre ellos", por lo que se piensa que llegaron hasta este entramado por el "boca a boca". Otra característica común en todos, y la más relevante para los investigadores, es que ninguno podía demostrar ingresos legales suficientes para justificar las operaciones económicas en las que estaban inmersos. Queda abierta la hipótesis de si la mecánica de blanqueo incluía la actividad diaria de los vehículos operando al margen de los servicios solicitados por los usuarios de las aplicaciones para actuar como taxi pirata.

En la primera parte de la operación Colombo 22 se arrestó al principal investigado que controlaba el entramado y se realizaron tres registros —dos domicilios en la localidad marbellí, y una gestoría ubicada en Málaga—. El resto de los 16 investigados fueron detenidos en la segunda fase, imputándoles de manera individual un delito de blanqueo de capitales.

En la actuación policial fueron intervenidos cinco inmuebles —tasados en 1.400.000 euros—, 27 autorizaciones VTC —valoradas en 1.350.000 euros—, 27 vehículos por 710.000 euros y 95.500 euros en efectivo. "A día de hoy, las licencias están aseguradas" por orden judicial. "No se puede inscribir un cambio de titularidad", pero sí permite operar con ellas.