Joven, hijo de pastores y nacido en Doñana: el heredero de Delibes para salvar el humedal andaluz

Enrique Mateos es biólogo porque es hijo de Doñana. De pequeño acompañaba a su padre, que era pastor, cuando llevaba el ganado por el humedal, algo lógico si se tiene en cuenta que el nuevo presidente del Consejo de Participación de Doñana nació en Hinojos. Casi tres cuartos de la superficie de este municipio onubense está protegido de una forma u otra por estar enclavado en el corazón del viejo coto. Con esos antecedentes, Mateos fue incapaz de negarse a aceptar el cargo que le ofrecieron desde el Gobierno andaluz a pesar de que tiene sobre sus hombros un peso importante. Ha cogido el testigo de una figura mítica como es Miguel Delibes de Castro, el veterano científico que ha pilotado el organismo que ahora dirige el onubense en uno de sus momentos más críticos.

"Cuando me llamaron pensaba que era una broma", relata Mateos en conversación con esta redacción. Profesor de la Universidad de Sevilla, donde es el responsable del servicio de invernaderos, conoce Doñana desde pequeño. Igual que a Delibes, aunque explica que tiene más contacto con el hijo del biólogo, con quien compartió clases en la facultad de Biología de la US. No fue su antecesor quien dio su nombre, admite, pero tiene las cualidades que Delibes de Castro citó cuando anunció su marcha, el pasado mes de julio. Es joven —"aunque cada vez menos"—, por lo que tiene capacidad para dar impulso al Consejo, procede del ámbito académico y natural de Doñana. Y confía en que recibir el testigo del biólogo vallisoletano le servirá como acicate para esforzarse. "Es impensable hacerlo como él, pero intentaré acercarme lo máximo posible", zanja.

Mateos no es nuevo en la gestión, aunque su experiencia se circunscribe al ámbito universitario. Por esa carrera recibió el pasado 13 de noviembre el premio Manuel Losada Villasante, que reconoce la excelencia en sus investigaciones sobre conservación, gestión de ecosistemas y la lucha contra la contaminación ambiental. Y esas son las credenciales de un investigador precoz al que toda su vida ha "perseguido" su juventud. "Hay quien piensa que es una debilidad, pero quien me conoce sabe que soy una persona ambiciosa, que se marca retos", advierte. El reto en mayúsculo y pasa por defender la supervivencia de un espacio natural amenazado y, al mismo tiempo, muy vigilado. Y que muchas veces forma parte de la disputa política, como demuestra la hemeroteca de los últimos tres años.

Fue en el otoño de 2021 cuando PP, Ciudadanos y Vox impulsaron en el Parlamento andaluz una proposición de ley que abría la puerta a aumentar la cantidad de superficie regable en el entorno de Doñana. La estruendosa reacción contraria llegó desde el Gobierno central y también desde Bruselas, que amenazó incluso con multas a España por incumplir directivas europeas en materia de aguas y hábitats. Aquella propuesta generó una disputa encarnizada, con duros enganches entre las dos administraciones y que se prolongó durante dos años hasta que el 27 noviembre de 2023 la Junta y el Ministerio de Transición Ecológica firmaron la paz. El resultado es un pacto de medidas medioambientales y también socioeconómicas para hacer compatible la supervivencia del humedal y compaginar el desarrollo económico de la zona. Doñana está enclavada en una zona donde se producen miles de toneladas de frutos rojos, una de las principales actividades de la provincia de Huelva y de Andalucía.

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"Uno de los principales retos es hacer que esa gestión hídrica sea compatible con el desarrollo", reconoce Enrique Mateos en un contexto de reducción de las precipitaciones como el que se ha registrado en los últimos años. Las medidas pactadas por la Junta y el Gobierno ayudarán a que llegue más agua a Doñana, ya sea por la conexión del río Guadiamar con la marisma o por el cierre de pozos legales e ilegales que sirven para abastecer núcleos como Matalascañas o para la producción agrícola. "Doñana no existiría si el hombre no hubiera estado ahí, tiene que haber agricultura y ganadería, pero no podemos acabar con el recurso principal, que es el acuífero", sentencia el biólogo hinojero.

Es cierto que el Consejo de Participación de Doñana no tiene poderes ejecutivos, pero Mateos sí tiene intención de que ejerza como una suerte de voz de la conciencia para acelerar la aplicación de las medidas incluidas en el pacto. "Soy impaciente y tendré que apretar, hablar con unos y otros para que todo vaya más rápido", avisa el científico, que salió con cierto optimismo de su primera reunión después de detectar que "las Administraciones no son complacientes" y ejercieron cierta "autocrítica". A las obras hidráulicas previstas hay que sumar la puesta en marcha de las ayudas a los agricultores, que son la clave de bóveda del acuerdo.

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Junta y Gobierno acordaron poner en marcha subvenciones para la reconversión de explotaciones que pueden llegar a los 100.000 euros en una década si los productores cambian hectáreas de regadío por la regeneración de especies forestales. Esta iniciativa sirvió para desatascar las diferencias y depende de una convocatoria que está próxima a publicarse, según informaron en el Consejo los responsables de la Oficina Técnica de Doñana, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. El departamento que ahora encabeza Sara Aagesen tiene a expertos sobre el terreno que han detectado interés por parte de los freseros, incluso aquellos que todavía tienen que regularizar algunas de sus explotaciones, y están pendientes de poner en marcha las ayudas.

"Mi experiencia con los agricultores, algunos de mi propia familia y también amigos, es que apuestan por mejorar la sostenibilidad", asegura, al tiempo que admite que hay ciertos prejuicios al respecto. Según cuenta Enrique Mateos, es lógico pensar que los productores sean reacios a colaborar en este tipo de iniciativas, pero ha ocurrido "todo lo contrario". Todo ello a pesar de que todavía existen cultivos que se riegan con agua extraída de forma ilegal. Según los cálculos de Ecologistas en Acción a partir de la nueva herramienta de teledetección de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), hay unas 1.000 hectáreas en el entorno de la Corona Norte Forestal que se nutren de recursos hídricos irregulares.

"Si llegamos a 2027 y no se han cumplido los objetivos, tendremos que decirles que han fallado", señala Mateos, que no valora la proposición de ley que generó la polémica de Doñana pero sí celebra la resolución del conflicto. "A mí lo que me preocuparía es que no se hubiera llegado a un entendimiento", añade. Y ensalza especialmente que esa entente fuera el resultado de un acuerdo entre dos administraciones de distinto color político. El biólogo onubense promete un mandato en el que el Consejo de Participación sea un foro donde "siempre se pueda hablar" y se aborden temas que generen disenso, como ocurrió el pasado lunes con la reapertura de la mina de Aznalcóllar.

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El organismo no se pronunció sobre la idoneidad del nuevo proyecto, que está en la misma explotación de donde partió un vertido que en 1998 estuvo a punto de contaminar Doñana tras la ruptura de una presa de la empresa sueca Boliden. Los ecologistas y los partidos de izquierda aseguran que la nueva mina soltará aguas residuales en el Guadalquivir, razón por la cual ha visto paralizada su Autorización Ambiental Unificada. La Junta niega que este contratiempo vaya a paralizar la apertura y defiende que no habrá afectación al espacio natural. Mateos asegura que este asunto se volverá a abordar, si es necesario, en el Consejo, que emitirá un pronunciamiento, al tiempo que alaba el "papel magnífico" de los ecologistas en el organismo.