3 años de cárcel y 50 millones de multa al exlíder de UGT Andalucía por fraude de subvenciones

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado al exsecretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández, a tres años de prisión por los delitos de falsedad en documento mercantil y fraude de subvenciones. El exdirigente sindical asumirá también una multa de 50 millones de euros, según la sentencia que se ha hecho pública este miércoles y que puede ser recurrida ante el Supremo. El tribunal sevillano impone las mismas penas a otros tres excargos del sindicato y a una cuarta como cómplice de los mismos, por lo que tiene que asumir una pena menor.

El fallo de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla impone también una indemnización que los cinco condenados deben abonar a la Junta de Andalucía si así lo reclama que supera los 40 millones de euros. La sentencia declara a UGT Andalucía como responsable civil subsidiario de esta indemnización en caso de que los condenados no puedan asumir el pago, lo que arroja sombras sobre el futuro de la organización. El Gobierno andaluz de Juanma Moreno ya alargó los plazos de una indemnización de 36 millones en ayudas reclamadas por la Administración autonómica hasta 2048 para dar aire a UGT Andalucía y evitar su práctica desaparición. La sentencia se hace pública justo en el Congreso Confederal de UGT que ha reelegido a Pepe Álvarez como líder estatal del sindicato.

Los 40,6 millones de la indemnización se corresponden con dinero recibido por parte de la Junta para que el sindicato impartiera cursos de formación a personas desempleadas. La sentencia establece que esos fondos fueron utilizados para "fines distintos", como financiar actividades propias del sindicato "ajenas al fin social para el que las recibieron". Fernández tuvo un papel primordial en esta decisión, ya que el fallo apunta a que el exlíder del sindicato favoreció este desvío de los fondos "de forma consciente y fraudulenta". Como el resto de los condenados, se ha beneficiado de la atenuante de dilaciones indebidas.

El tribunal hace hincapié que las actitudes penales se agravan porque "son ejecutadas por agentes sociales a los que, precisamente, se les conceden las subvenciones por su proclamada defensa de los intereses de los trabajadores y desempleados”. Además, los magistrados han tenido en cuenta a la hora de tomar su decisión la “gravedad” de la conducta desarrollada, “el monto de las subvenciones, la cuantía de lo defraudado, la multiplicidad de solicitudes y de modalidades delictivas". Y remarcan el perjuicio causado a los trabajadores a cuya formación estaban destinadas las ayudas públicas y, en general, a la sociedad.

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La vertiente política del caso también influye en la sentencia, ya que los magistrados rechazan la atenuante de reparación del daño esgrimida por las defensas de los investigados tras el acuerdo adoptado por UGT-A y la Junta que establecía el fraccionamiento del pago durante 25 años de la deuda por reintegro de las cantidades no justificadas o defraudadas de las subvenciones recibidas para cursos de formación. "No implica el pago de la deuda reclamada en este procedimiento -de forma principal, a los acusados; y subsidiaria, a la UGT-. Y menos cuando se condiciona su cuantía a lo que resulte de los expedientes de reintegro incoados por la Administración y cuya reclamación es impugnada por dicha entidad sindical". Sobre todo, porque, "según informa el letrado de la Junta, algunos están paralizados a su instancia”.

El procedimiento por el cual la dirección de Francisco Fernández ha sido condenada en esta sentencia sigue, según los magistrados, una "mecánica defraudatoria" encaminada a desviar los fondos de forma sistemática. El objetivo era "obtener una vía de financiación" para sufragar gastos de estructura del sindicato por medio de un método en el que tenían un papel "distintos proveedores y empresas vinculadas" a UGT Andalucía. Entre esas fórmulas destaca la obtención de "descuentos, comisiones y rappels" que no figuraban en las facturas presentadas, por lo que el sindicato obtenía la subvención completa y se quedaba con esos descuentos para los citados fines ilícitos.

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El tribunal también alude a la práctica de presentar facturas de proveedores por "bienes no vendidos o servicios no realizados" o "bienes o servicios a los que se le adjudicaba un valor superior al que realmente tenían". Con esas facturas, UGT Andalucía justificó gastos imputados a los cursos de formación por medio de un mecanismo que fue bautizado como "bote". En esta fórmula tenía un papel relevante, según la sentencia, Federico F., exsecretario general de Administración de UGT Andalucía, que contó con el apoyo de Fernández. El tribunal ha absuelto, por otra parte, a todos los proveedores que tuvieron relación con este sistema creado por la anterior cúpula de UGT-Andalucía.