Andalucía dará la "batalla jurídica" por el reparto del impuesto a la banca que favorece a las regiones ricas

Nuevo frente entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central a cuenta de la política fiscal. El Ejecutivo que encabeza Juanma Moreno ha anunciado que dará la "batalla jurídica" contra el reparto de la recaudación del impuesto a la banca aprobado la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Los populares aseguran que se trata de un nuevo agravio hacia Andalucía después de que la reforma fiscal pactada por PSOE y Sumar con sus socios independentistas haya plasmado un reparto que perjudica a la comunidad más poblada del país.

La norma tributaria que recibió luz verde el pasado jueves aboga por una distribución de la recaudación del gravamen en función del Producto Interior Bruto (PIB) de las regiones. Este criterio beneficia a los territorios más ricos, a pesar de que el Ejecutivo central pactó esta enmienda a la reforma fiscal con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Según los cálculos que han hecho en San Telmo, Andalucía sería la tercera comunidad que recibiría más fondos en este reparto. Pero si se atiende al dinero recibido por habitante, sería la penúltima, sólo por debajo de la ciudad autónoma de Melilla. Si sale adelante el reparto pactado por el Gobierno con ERC, Andalucía recibiría 227,1 millones, mientras que si la distribución responde a la población, la cantidad crecería hasta los 303,48 millones.

"La ministra andaluza está plegada a los intereses de Cataluña y el País Vasco", ha dicho este martes Carolina España, consejera de Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, que ha puesto el foco directamente sobre María Jesús Montero y el PSOE. La dicotomía entre el criterio de población y el PIB ya generó numerosos choques entre San Telmo y Moncloa en el reparto de fondos posteriores a la pandemia de covid, a pesar de que en el PP hay comunidades, como ocurre con Madrid, que abogan por esta fórmula. Andalucía, por contra, siempre esgrime la población, ya que es el territorio con mayor población y con un PIB per cápita a la cola del país.

Fuentes de la Consejería de Hacienda admiten la dificultad de abordar una batalla jurídica para avanzar en esta reclamación, sobre todo después del varapalo que recibió la Junta cuando el Tribunal Constitucional tumbó su recurso contra el impuesto a las grandes fortunas. El Ejecutivo andaluz presentó un recurso ante el tribunal de garantías al considerar que el tributo impulsado por María Jesús Montero invadía las competencias autonómicas. Era, aseguran, un "calco" del impuesto al patrimonio que el Gobierno de Juanma Moreno intentó bonificar en 2022 y que, tras la derrota judicial, ha tenido que recuperar este 2024 para evitar que los tributos de los grandes patrimonios andaluces acaben en las arcas del Estado.

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El Constitucional descartó la invasión de competencias y también la fórmula elegida por el Gobierno de Pedro Sánchez para impulsar el impuesto, lo que da pistas de esas "dificultades" a las que aluden en San Telmo. No obstante, la Junta tiene intención de dar la "batalla social" contra este agravio. Y no es la única en relación con la reforma fiscal aprobada por los socios de la investidura del presidente del Gobierno. Carolina España ha aludido también al impuesto a las eléctricas, que se apeó del acuerdo en el Congreso por el rechazo de Junts inicialmente. El problema es que el Ejecutivo necesitaba el apoyo de Podemos a la remodelación tributaria, lo que logró por medio de un compromiso de retomar el citado gravamen en un decreto ley que se empezará a negociar en breves .

En Andalucía no quieren ni oír hablar de la reactivación de ese impuesto porque provocó la paralización momentánea de uno de los proyectos señeros de inversión industrial en la comunidad. Se trata del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, un proyecto de Moeve (la antigua Cepsa) que tiene intención de reconvertir sus fábricas en Huelva y el Campo de Gibraltar en un polo de producción de este nuevo combustible y crear una línea directa con Rotterdam. Andalucía se ha convertido en un posible foco de interés de inversiones en esta materia por su alta capacidad de producción de energía renovable, pero la empresa impulsora advirtió de los riesgos que tendría la prórroga del tributo a los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas.

"Hay miles de empleos en juego, es el futuro de nuestra tierra y de muchas familias", ha dicho España en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La inversión de Moeve estaba prevista en más de 3.000 millones de euros y la creación de 10.000 empleos en zonas con altas tasas de paro. Con este rechazo, la Junta habría rechazado los tres últimos tributos de mayor relevancia creados por el Gobierno de Pedro Sánchez: el de grandes fortunas y los extraordinarios a la banca y las empresas energéticas.

El pulso del Ejecutivo andaluz va más allá de la queja presentada por el socialista Emiliano García-Page, que después de conocerse el pacto con ERC reclamó la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir esta situación. Y encuadra con otras denuncias de "agravio" que van desde la inversión en materia de infraestructuras a los fondos para la financiación de las dependencias. Pero sobre todo al modelo de financiación autonómica, por lo que España ha aprovechado para atizar al PSOE andaluz por no ser más beligerante con Ferraz y Moncloa en sus reclamaciones, que serán objeto de debate en el congreso federal que los socialistas celebran este fin de semana en Sevilla.