Una misión de eurodiputados irá a Barbate para indagar sobre el narco y las fuerzas de seguridad

Una misión de eurodiputados acudirá a Barbate en el primer semestre de 2025 para conocer la situación por la que pasan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a causa de la presencia del narcotráfico en esta localidad gaditana y el Campo de Gibraltar. Así lo ha acordado la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a petición de Vox y con el apoyo del PP. Se trata de un organismo que no tiene competencia legislativa, pero que responde a la presión de los de Santiago Abascal de poner el foco sobre la seguridad en la zona después del asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha el pasado mes de febrero.

Fue la diputada Mireia Borrás quien impulsó la iniciativa, pero la popular Dolors Montserrat desveló hace unos días esta "misión de investigación" o fact-finding visit que se desarrollará en Barbate y Algeciras en una fecha todavía por determinar. Según Vox, la visita responde a las "serias amenazas" que suponen "el narcotráfico y el tráfico de personas" a esta zona de Andalucía y a las condiciones en las que trabajan las fuerzas de seguridad en el sur de la provincia de Cádiz. "Se ven constantemente expuestos al peligro sin el apoyo necesario del Gobierno español", denuncian desde el partido de Abascal, que acusa al Ejecutivo central de no dotar de "recursos y equipo" a policías y guardias civiles.

En la zona funciona desde 2018 un plan especial de seguridad impulsado por el Ministerio de Interior que ha hecho posible la detención o investigación de más de 17.000 personas y la incautación de 1.387 toneladas de hachís y 87 de cocaína. El Gobierno amplió el plan hasta el 31 de diciembre de 2025 y ya está presente en casi todas las provincias andaluzas dado el movimiento de las redes de narcotráfico en su intento por sortear la presión policial. A pesar de esta iniciativa, el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska ha recibido numerosas críticas por el desmantelamiento de una unidad de élite, el OCON-Sur, que estuvo activo entre 2018 y 2022 en esta zona para la lucha contra el narco.

La misión impulsada por PP y Vox se produce después de la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil que fueron arrollados por una narcolancha de mucha mayor envergadura que la embarcación en la que ellos navegaban, lo que desató una polémica por la falta de medios con la que contaban. Los detenidos inicialmente por estos actos fueron finalmente liberados después de que se descartara su papel en los hechos. En septiembre se entregó el piloto de la narcolancha, mientras que el pasado 8 de noviembre hicieron lo propio otros dos tripulantes tras cruzar desde Marruecos. Este jueves, el juzgado de instrucción 5 de Cádiz, que investiga la causa, ordenó la puesta en libertad de 6 detenidos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, admitir su participación en el suceso y dar información relevante en las pesquisas.

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La misión de eurodiputados se verá con los representantes policiales, autoridades locales y familiares de las víctimas, aunque es cierto que uno de los dos no era gaditano. Según Vox, la delegación evaluará las condiciones de seguridad, pero también "el impacto económico de la inseguridad" en una de las comarcas con mayor paro de España. Se trata de una zona marcada por el estigma del narco desde hace décadas. "El que estudia aquí tiene doble mérito", expresaba una fuente conocedora de la Janda y el Campo de Gibraltar en conversación con este periódico en los días posteriores al suceso de Barbate.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo tomó la decisión la pasada semana, pero todavía faltan por conocerse el resto de detalles. Lo habitual en este tipo de misiones es que haya un miembro de cada grupo en la delegación que visita la zona en cuestión y después de acudir a la zona afectada emite una serie de recomendaciones no vinculantes. Este organismo tiene una cierta particularidad, ya que no sólo pueden acudir los partidos, sino también particulares para llevar una problemática local a Bruselas. Esa cualidad ha generado que en varias ocasiones los grupos políticos se sirvan de Peticiones para discutir en la capital comunitaria cuestiones de ámbito local y que generan conflicto.

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Dolors Montserrat fue en la pasada legislatura la presidenta de esta comisión, donde ahora es vicepresidenta, y fue la responsable de moderar debates como la inmersión lingüística en Cataluña, la amnistía e incluso la ley Celaá. En la pasada legislatura, los socialistas, los verdes y la izquierda en el Parlamento Europeo acusaron a Montserrat de hacer un "uso partidista" de este organismo en una carta remitida a David Sassoli, expresidente del legislativo comunitario que falleció en el cargo a principios de 2022.

En aquella misiva los denunciantes aseguraban que muchas de las peticiones que llegaban desde España llevaban la firma de militantes y dirigentes del PP. Lo cierto es que esta práctica no es exclusiva de los populares y tiene precedentes en la última misión de eurodiputados que la Comisión de Peticiones envió a Andalucía. Fue en 2018, cuando un grupo de parlamentarios europeos acudió a Huelva y Sevilla a raíz de una denuncia realizada por un miembro de IU y apoyada por grupos ecologistas y el Defensor del Pueblo Andaluz. La iniciativa que se analizó fue un plan para almacenar gas en el subsuelo de Doñana por medio de un proyecto impulsado por Naturgy.