El juez imputa a 3 directores del Servicio Andaluz de Salud por los contratos de emergencia

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Sevilla ha declarado como investigados a los tres últimos directores gerentes del Servicio Andaluz de Salud por su papel en la concesión de los contratos de emergencia de la Consejería de Salud de la Junta entre 2021 y 2023. El magistrado José Santa María, en un auto con fecha de 12 de noviembre, ha llamado citado este mes de noviembre a la actual jefa del SAS, Valle García, y a sus dos antecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, señalados en la querella presentada por el PSOE por un delito de prevaricación en la prórroga de estos contratos que derivan de la pandemia de covid.

El escrito, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso este periódico, admite la denuncia impuesta por los diputados del PSOE en el Parlamento andaluz y avanza en el trámite de la investigación. El próximo paso deben darlo los tres investigados, que deben acudir a los juzgados de la capital andaluza para recibir el escrito de la querella y demás diligencias. Su declaración ante el juez se decidirá "en un momento posterior", según el auto, ante el que puede interponerse recurso de reforma en un plazo de tres días.

Valle García es la directora gerente del SAS desde diciembre de 2023, cuando Juanma Moreno optó por cambiar la cúpula de la sanidad andaluza tras haber acumulado un rosario de polémicas que comenzaron precisamente con estos contratos de emergencia. Entró en el SAS desde la dirección del Hospital Reina Sofía de Córdoba para relevar a Diego Vargas, que sustituyó antes a Miguel Ángel Guzmán. Guzmán fue gerente del SAS bajo el mandato de Jesús Aguirre, ahora presidente del Parlamento andaluz, como consejero de Salud. Pasó a ser viceconsejero de Salud en el verano de 2022, después de las elecciones autonómicas del 19 de junio en las que el PP logró mayoría asboluta. Su jefa era Catalina García, destituida por el presidente de la Junta el pasado mes de julio en la remodelación del Gobierno que puso en marcha, entre otras razones, para dar un impulso al departamento de Salud, en manos ahora de Rocío Hernández.

La investigación abierta en el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla alude a la contratación de emergencia habilitada por el Gobierno central a raíz de la pandemia. El Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno utilizó en 2021 esta fórmula de urgencia para un contrato inicial de 72 millones de euros pensado para aliviar la presión sobre el sistema sanitario público provocada por las consecuencias de covid. Después, la Consejería de Salud prorrogó en dos ocasiones el contrato, la última vez en diciembre de 2022, por lo que el montante final rondaba los 250 millones de euros. Los socialistas consideran que esta fórmula impidió la libre concurrencia de empresas, lo que acabó generando un quebranto para las arcas públicas.

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El Gobierno central derogó la posibilidad de utilizar estos contratos en 2021 y la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos del Ejecutivo autonómico, en manos entonces de Juan Bravo, envió un escrito al resto de departamentos para limitar el uso de esta fórmula extraordinaria. Esta decisión responde a que la presión ejercida por la pandemia de covid ya se había reducido en el verano de 2021. Las dos últimas adendas al contrato inicial se produjeron en septiembre y diciembre de 2022 y entonces al Consejería de Salud que dirigía Catalina García no informó de esta decisión al Consejo de Gobierno.

El presidente de la Junta ha calificado a la querella del PSOE como una "denuncia política" y ha acusado a los socialistas de hacer un uso político de la justicia. El PSOE de Juan Espadas anunció hace más de un año su intención de acudir a los tribunales por lo que consideran un caso de "corrupción sanitaria", algo que finalmente hicieron el pasado mes de junio. No lo hicieron público, no obstante, hasta el pasado octubre, justo cuando se conocieron los reparos de la Intervención de la Junta a otra práctica del SAS: el uso de contratos menores a las mismas empresas en las centrales de compras de las 8 provincias.

La querella del PSOE apunta contra "altas instancias" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno y señaló a la gerencia del SAS por los delitos de prevaricación y malversación. El titular del juzgado de instrucción número 13 de Sevilla ha acotado la denuncia únicamente al delito de prevaricación administrativa contra los ahora tres investigados, que tendrán que declarar en una fecha próxima.