El truco de Moreno para podar la "administración paralela": 7000 sanitarios cambian de sitio
El sector público instrumental demonizado por el PP en la oposición se queda con 21.406 trabajadores frente a las 28.519 de 2024, pero la caída responde a una mudanza de las agencias hospitalarias al Servicio Andaluz de Salud
La Junta de Andalucía es, probablemente, una de las mayores empresas de España con sus 292.093 trabajadores y un presupuesto para 2025 que supera los 48.000 millones de euros. En esa enorme plantilla hay 115.000 trabajadores sanitarios y 106.0000 docentes y también hay un número nada desdeñable que se encuadra dentro de lo que, durante años, el PP denominó como la "administración paralela". Son aquellos empleados públicos que forman parte de los entes instrumentales, las agencias, consorcios y otros organismos vinculados a las distintas consejerías de la Junta.
Cuando el PP llegó a San Telmo lo hizo a lomos de un trabajo de años de oposición que tuvo como uno de sus pilares la demonización de estas estructuras, lo que hizo pensar a muchos que este tipo de organismos acabaría desarmado. Seis años después de la llegada de los populares al Gobierno andaluz, gracias a su alianza con Ciudadanos y el apoyo de Vox, la reducción ha sido muy leve. En 2019, en el primer Presupuesto con firma popular, había 29.742 empleados en estos organismos. En las cuentas vigentes, las de 2024, eran 28.510, apenas 1.232 trabajadores menos en un lustro, la mayoría fruto de jubilaciones o fallecimientos. Pero en el proyecto de Presupuestos para 2025 la cantidad ha bajado considerablemente, hasta los 21.406.
¿Significa eso que la Junta ha despedido a 7.117 trabajadores en sólo un año? Nada más lejos de la realidad. De hecho, si eso hubiera ocurrido la oposición y los sindicatos andarían en pie de guerra, como ocurrió cuando José Antonio Griñán puso en marcha los recortes para responder a la crisis económica y financiera a principios de la pasada década. La mayoría de esos empleados públicos siguen en la Junta, pero han dejado atrás la "administración paralela" para integrarse en la joya de la corona de la Junta, el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Al mismo tiempo que han desaparecido del inventario de personal de las Agencias Administrativas se ha producido un aumento significativo de la plantilla del SAS, que ha ganado casi 15.000 trabajadores en sólo un año. La mitad de ese aumento responde al plan de estabilización impulsado por la Consejería de Salud para consolidar la plaza de muchos sanitarios que llevaban años encadenando contratos y tenían derecho a su plaza. La otra mitad son el resultado de la integración de las agencias públicas sanitarias dentro del SAS, lo que explica que 7.037 empleados públicos de estas entidades hayan cambiado su adscripción para depender del SAS.
Las agencias publicas empresariales sanitarias eran las entidades que gestionaban los hospitales comarcales que la Junta tiene por todo el territorios. Son los conocidos como CHARE, centro hospitalario de alta resolución. Es la denominación administrativa de hospitales como los de Lebrija, Benalmádena o Vejer de la Frontera, pensados para atender a poblaciones de entre 30.000 y 70.000 habitantes.
La integración de estos centros en dentro del SAS fue una de las recomendaciones que derivaron de las auditorías al sector público instrumental que puso en marcha el Gobierno de PP y Cs como una de sus grandes banderas, aunque es cierto que el proceso de fusión comenzó antes de que estos estudios independientes se hicieran públicos, lo que ha hecho posible que en 2025 ya formen parte integral del mastodonte autonómico que es el SAS. La Consejería de Salud y Consumo, de la que depende el Servicio Andaluz de Salud, tendrá un presupuesto superior a los 15.000 millones de euros. El departamento en manos de Rocío Hernández, ha visto crecer su dotación en 1.000 millones para sufragar esta apuesta por reforzar el sistema sanitario y evitar la vía de agua del descontento de los usuarios y sus posibles efectos electorales.
Con este trasvase de trabajadores de la administración paralela al SAS, la reducción de personal en el último año se reduce a 84 trabajadores salteados entre los organismos de distinta naturaleza que componen esta parte de la Junta y que van desde el Centro de Estudios Andaluces a la Fundación Baremboin-Said o la nueva Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias (Asema). El Presupuesto de 2025 también tiene entre sus estrenos la puesta en marcha de este organismo impulsado por la Consejería de Presidencia, Administración Pública, Interior y Diálogo Social que dirige Antonio Sanz.
La nueva entidad será la mayor del sector público instrumental y se nutre, sobre todo, de los bomberos forestales del Plan Infoca, el instrumento que la Junta tiene para la extinción de incendios y que ahora funcionará durante todo el año para la atención de otros desastres como las inundaciones. La Asema tendrá 3.796 empleados públicos que integrarán la agencia dedicada a las emergencias "más moderna de España y que será un modelo para las otras comunidades", expresó el propio Antonio Sanz a principios de 2024.
El impulso a este organismo, a pesar de las suspicacias de los sindicatos de bomberos forestales, ha adquirido especial relevancia en el contexto de la riada de Valencia. Sobre todo porque el Gobierno de Carlos Mazón, en la apuesta por podar la administración paralela, eliminó la Unidad Valenciana de Emergencias, a la que llegó a calificar de "chiringuito". Los mensajes en estos días sobre la preparación del Ejecutivo andaluz en este tipo de catástrofes han sido recurrentes. "Antonio Sanz apostó por esto en 2019", expresan en San Telmo para justificar la creación de este organismo, el segundo que pone en marcha el dirigente popular después de la Agencia Digital de Andalucía.
El otro cambio relevante dentro del sector público instrumental es la creación del Instituto de Salud de Andalucía tras la fusión de la Escuela Andaluza de Sanidad Pública y la Fundación Progreso y Salud. Se trata de otro intento por eliminar duplicidades, a pesar de las críticas de expertos sanitarios por la desaparición nominal de la EASP después de años como referente de la investigación sanitaria y tener el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Este nuevo organismo cuenta con 403 trabajadores.
La Junta de Andalucía es, probablemente, una de las mayores empresas de España con sus 292.093 trabajadores y un presupuesto para 2025 que supera los 48.000 millones de euros. En esa enorme plantilla hay 115.000 trabajadores sanitarios y 106.0000 docentes y también hay un número nada desdeñable que se encuadra dentro de lo que, durante años, el PP denominó como la "administración paralela". Son aquellos empleados públicos que forman parte de los entes instrumentales, las agencias, consorcios y otros organismos vinculados a las distintas consejerías de la Junta.