La reforma de la malversación resta un año de cárcel a un ex alto cargo del PSOE andaluz

Un ex alto cargo del PSOE andaluz condenado por corrupción se ha beneficiado de la reforma del delito de malversación impulsada por los socialistas para beneficiar a los dirigentes independentistas y que entró en vigor hace casi dos años. Se trata de Tomas Pérez Sauquillo, expresidente de la empresa pública de capital riesgo Invercaria, vinculada a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y sobre cuya gestión partió una de las macrocausas relacionadas con la corrupción en Andalucía. La sala Penal del Tribunal Supremo ha rebajado la pena de cárcel de 3 a 2 años en su condena por la concesión de un préstamo sin justificación a una empresa de Jaén en el año 2008.

Pérez Sauquillo fue condenado en esta causa por delitos de prevaricación y malversación por la concesión del préstamo a la compañía Fumapa "de modo arbitrario, sin justificación y sin seguir los procedimientos establecidos". Así lo declara la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que recuerda que la empresa estaba en causa de liquidación cuando recibió el dinero de la empresa pública. El jefe de Invercaria recurrió la pena y ahora el Supremo ha desestimado su recurso, excepto en lo que respecta a la aplicación retroactiva de la reforma "por ser beneficiosa para el reo".

El Alto Tribunal ha decidido rebajar también la pena del administrador único de la empresa, condenado como inductor de la malversación, cuya condena ha pasado de 1 año y 6 meses a solo un año, a pesar de que no recurrió la sentencia inicial. En su fallo, el Supremo confirma la condena de ambos acusados para indemnizar con 300.000 euros a la agencia IDEA, de quien dependía Invercaria, y rechaza el resto de consideraciones de Pérez Sauquillo, que consideraba que la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla lesionaba su derecho a la presunción de inocencia.

Desde un inicio, jueces y fiscales avisaron de la posibilidad de que provocara rebajas en delitos de corrupción, como ha acabado ocurriendo con Pérez Sauquillo, que acumula varias condenas por su gestión al frente de Invercaria. Hace apenas dos meses, el pasado septiembre, el Supremo aumentó la pena del ex alto cargo en otra causa sobre esta empresa pública, distinto al que ahora revisa el Alto Tribunal. En esa pieza, Pérez Sauquillo cuenta ahora con una condena de 4 años y medio de prisión por las irregularidades detectadas en los gastos de personal de la entidad dependiente de la agencia IDEA.

TE PUEDE INTERESAR

La sentencia definitiva sobre Chaves y Griñán en los ERE queda en el aire por falta de jueces

Carlos Rocha. Sevilla

La reforma de la malversación se aprobó a principios de 2023 como gesto a ERC que, por entonces, era fundamental para sacar adelante los Presupuestos. Los cambios se produjeron de forma paralela a la derogación del delito de sedición. Se buscaba favorecer con rebajas a los líderes políticos condenados por el procés. Sin embargo, el Supremo consideró que no era aplicable a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y el resto y mantuvo la acusación de malversación agravada.

La reforma penal establece tres supuestos diferenciados de malversación y reduce sensiblemente las penas previstas hasta el momento en casos de desvíos de fondos públicos cuando estos no van destinados a un lucro directo y personal. Las bajadas más acusadas se producen en el desvío de fondos del erario para emplearlos en una aplicación diferente a la que estuviera prevista en inicio. Además, introduce atenuantes y reducciones en los supuestos en que se reintegren las cantidades desviadas y obliga a los tribunales a determinar si la conducta produjo una grave perturbación del servicio. Si esta no queda demostrada, las penas aparejadas se limitan a la inhabilitación.

TE PUEDE INTERESAR

El TC admite a trámite el recurso de Vox contra la reforma penal de malversación y sedición

Europa Press

Fuentes jurídicas indicaron durante el proceso de aprobación de esta reforma que la medida no beneficiaría a los ex altos cargos del PSOE condenados por el caso de los ERE, que es distinto al caso Invercaria y sus piezas separadas. Según explicaron estas fuentes, la condena a exmandatarios como José Antonio Griñán por malversación responde al delito que estaba vigente antes de la reforma de 2015, idéntico al de la actual redacción del Código Penal tras la revisión inspirada por el procès. Estos exdirigentes no se han beneficiado por este cambio, aunque es cierto que el pasado julio la mayoría vieron sus penas reducidas tras las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la pieza política de los ERE.

Esta decisión del Supremo se conoce el mismo día en que se ha hecho público que la Fiscalía Anticorrupción se ha hecho cargo de una investigación relacionada con posibles delitos de malversación y prevaricación en el actual Gobierno andaluz. El Ministerio Público ha asumido las diligencias que abrió hace unas semanas el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla a raíz de una denuncia del PSOE sobre los contratos de emergencia adjudicados por el Ejecuitivo de Juanma Moreno entre 2021 y 2023. Esta práctica, amparada inicialmente en las necesidades derivadas de la pandemia, hizo posible la concesión de contratos a dedo por valor de unos 300 millones en el seno de la Consejería de Salud.