Los partidos despliegan estrategias para salir indemnes de la nueva protesta por la vivienda

El 29 de junio supuso un antes y un después en el debate sobre la turistificación y el acceso a la vivienda en Málaga. La multitudinaria manifestación que recorrió la calles de la ciudad fue un toque de atención para una clase política que comienza a tomar posiciones ante la nueva movilización convocada para el próximo 9 de noviembre bajo el lema "Si nos echas de los barrios, paramos la ciudad". El PP critican la gestión del Gobierno central y su Ley de Vivienda, mientras los socialistas han puesto el foco en el alcalde, Francisco de la Torre, y su gestión de los apartamentos turísticos.

La plataforma Málaga para vivir está activando la nueva movilización con una serie de asambleas cuyo hilo conductor es denunciar que la capital malagueña "es hoy una ciudad invivible" por "los alquileres impagables, los salarios de miseria y los barrios desmantelados".

El objetivo del colectivo para el 9N es replicar el éxito de la anterior convocatoria y poner el foco sobre el modelo turístico y las dificultades de acceso a la vivienda en un momento en el que los precios de los alquileres de la ciudad han crecido un 13% durante el último año y la adquisición de un domicilio es prohibitiva para la mayoría de la población.

El 29J fue un serio toque de atención para los políticos, por eso los diferentes partidos toman posiciones y despliegan sus estrategias ante la nueva protesta. La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, compareció este lunes para denunciar la "inacción y la pasividad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para resolver un asunto que se ha convertido en el tercer problema de los españoles, según el CIS.

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"Afrontar esta situación no es hacer chascarrillos, como cuando hace pocas semanas la DGT ponía sobre la mesa, como única solución al colapso de tráfico en los accesos a la capital, que los malagueños compartieran coche. Esperamos que no, pero mucho nos tememos que la única solución que podemos esperar de la ministra de Vivienda —Isabel Rodríguez— sea precisamente que nos invite a compartir piso o habitación", advirtió.

Navarro destacó las iniciativas legislativas de su partido en Andalucía para reducir el "exceso de normativa y burocracia" que rodea al sector inmobiliario, para seguidamente lamentar que "enfrente tenemos una Ley estatal que lo único que ha hecho es encarecer la compra y el alquiler de vivienda, y proveer a los propietarios de menor seguridad jurídica frente a la okupación". Esto, según manifestó, "se ha traducido en que muchos hayan retirado sus inmuebles del mercado del alquiler de larga duración".

Los ataques de los populares responden a las acusaciones del PSOE, que en esta materia han puesto el foco en la gestión de Francisco de la Torre. El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha hecho fuerza para que el Consistorio aplique las recetas impulsadas por su partido en el Gobierno central y exige que la ciudad sea declarada zona tensionada de alquiler.

"No es posible que el alcalde no quiera escuchar a esos más de 20.000 malagueños que salieron a la calle pidiendo una ciudad para vivir. De la Torre es el responsable del éxodo de miles de jóvenes que, aunque no quieran, se tienen que ir de su ciudad para emanciparse", ha manifestado Pérez, quien defiende la intervención del mercado y la iniciativa del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de eliminar los apartamentos turísticos.

Los alquileres vacacionales han centrado las medidas municipales para tratar de contener el malestar ciudadano. El Ayuntamiento aprobó una serie de condiciones anexas al decreto regulador de la Junta de Andalucía para poder inscribir un inmueble como turístico. La más llamativa, y que ya ha motivado la no inscripción de 1.120 nuevas viviendas vacacionales, es la exigencia de contar con una entrada individual. El alcalde, además, envió una carta al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la que solicitaba una iniciativa legislativa que permita "a los municipios que lo consideren oportuno" establecer un impuesto que pueda disminuir el efecto de los pisos turísticos.

Estos pasos son considerados insuficientes por la izquierda y por parte de una población que entiende que hay que volver a movilizarse porque la situación del mercado inmobiliario, lejos de mejorar, se ha deteriorado más durante los últimos cuatro meses.