"¿Se va a hacer cargo la UE de los barcos y las tripulaciones?": Los pescadores de Cádiz claman contra Bruselas

"¿Se va a hacer cargo la UE de los barcos y las tripulaciones?". La pregunta retórica es de Tomás Pacheco, presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios Pesqueros y propietario de una embarcación que lleva más de dos décadas faenando entre el Golfo de Cádiz y las aguas de Marruecos y el Sáhara. Está acostumbrado a los vaivenes de un sector castigado en una provincia que sufrió la reconversión industrial y está azotada por el paro. Y que ahora se atisba como la gran perjudicada de la anulación definitiva del acuerdo de pesca entre Bruselas y Rabat, ya que el Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado que la entente entre las dos partes contraviene los principios comunitarios al no tener en cuenta a la población saharaui.

No por esperada, la decisión deja de ser un jarro de agua fría para los pescadores, que llevan sin poder faenar en aguas africanas desde el 17 de julio de 2023, cuando el acuerdo perdió su vigencia. El ministro de Alimentación y Pesca, Luis Planas, reclamaba entonces una prórroga que no se produjo y ahora la incertidumbre es todavía mayor. La Comisión Europea, responsable de este tipo de acuerdos, está en funciones hasta finales de este año y no será hasta diciembre cuando Costas Kadis asuma la nueva cartera de Pesca y Océanos. Se cumple así una aspiración de España, que había reclamado un comisario exclusivo para estas políticas, después de que el lituano Virginijus Sinkevicius haya orientado el departamento al área medioambiental que también controlaba.

Planas se limitó este jueves a defender la "estabilidad" de la relación entre Marruecos con España y la UE a pesar del chasco que ha llegado desde Luxemburgo. Sobre todo cuando la decisión del TJUE choca con el giro de la política exterior que el Gobierno de Pedro Sánchez efectuó respecto al Sáhara Occidental hace unos años. Madrid cambió la postura histórica sobre la antigua colonia para alinearse con los intereses de Rabat que, apoyado por EEUU, defiende la integración del territorio saharaui en Marruecos como una suerte de región autónoma.

Pero en Barbate no están preocupados por la política exterior y sí por la supervivencia de un sector clave en una ciudad marcada por el estigma del narco, que resucitó después del asesinato de dos guardias civiles en el puerto pesquero de la localidad después de que un grupo de 4 traficantes arrollaran a los dos agentes con su lancha. Los atunes y sardinas que entran precisamente por el puerto barbateño han sido claves en la reducción de ese estigma en los últimos años y ahora los pescadores ven como sus oportunidades van decayendo. Al horizonte difuso de un posible nuevo acuerdo hay que sumar los planes de reducción de la cuota de pesca del boquerón que hay en la Comisión Europea, que llegan al 56%.

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"Seguimos avanzando en políticas restrictivas que torpedean el sector pesquero andaluz", se queja Tomás Pacheco en conversación con esta redacción, en la que recuerda que cada uno de los 22 barcos de Barbate dan trabajo a 14 o 15 personas. España cuenta con la mayor parte de licencias de la UE, con 92 de 138, pero la mayor parte de las capturas en virtud al acuerdo las hacían pesqueros neerlandeses y polacos en busca de anchoas y arenques. Entre los 93 buques españoles había 47 andaluces, 38 canarios y 7 gallegos, aunque en Cepesca, la Confederación Española de Pesca, admiten que en los últimos años apenas estaban en funcionamiento 20 licencias de barcos que utilizaban los caladeros marroquíes y saharauis como complemento de lo que pescan en el Golfo de Cádiz.

El patrón barbateño recuerda que los barcos que faenan desde esta localidad gaditana no pueden desplazarse a otros caladeros, lo que limita su radio de acción y los deja "sin alternativa" después de haber hecho una "fuerte inversión" para adecuarse hace años a los caladeros marroquíes. A ello hay que sumar la subida de costes que se derivó del alza del precio del combustible en los últimos años y los efectos de la pandemia de covid.

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En este contexto, los pescadores de Barbate, los más afectados junto con los de Conil y Tarifa, esperan información del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que encabeza Luis Planas. "Hubo muchas promesas en julio de 2023 por parte del ministro, pero no lo he visto venir más a Barbate", lamenta Tomás Pacheco, que asegura que las ayudas a tripulantes y armadores prometidas por Planas tras el final del acuerdo no han llegado.

"Si la Comisión Europea no flexibiliza su posición, nos veremos abocados a que muchos barcos tengan que estar parados", expresa Javier Garat, secretario general de Cepesca y también de Europêche, la patronal europea del sector. La Consejería andaluza de Pesca, en manos de Ramón Fernández Pacheco, ha lamentado el perjuicio que supone la decisión del TJUE para los 45 barcos afectados en la comunidad y ha reclamado al Gobierno que "tome cartas en el asunto". La postura andaluza pasa por retomar las negociaciones con Rabat para buscar un nuevo pacto que dé más opciones a los pesqueros andaluces, aunque es una posibilidad que hoy se ve todavía lejana.

El portavoz socialista de pesca en el Parlamento Europeo, Nicolás González Casares, ha mostrado también su preocupación por las consecuencias para los buques españoles y los socialistas reclamarán a la Comisión "soluciones" para esos barcos. En este sentido se ha movido también el PP en Bruselas. La eurodiputada andaluza Carmen Crespo, exconsejera de Pesca del Gobierno de Juanma Moreno, es ahora la presidenta de la Comisión del de Pesca en el Parlamento Europeo. En virtud a ese cargo ha reclamado ya una comparecencia de la Dirección General de Pesca de la Comisión Europea en el legislativo comunitario para explicar los próximos pasos, así como una pregunta escrita.