Moncloa va al choque con Moreno tras repartir fondos para guarderías a los que Andalucía renunció

Las guarderías abren un frente entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Dos ministras del Ejecutivo, Sira Rego y Pilar Alegría, las responsables de Infancia y Educación, se han lanzado contra el Gobierno de Juanma Moreno por su decisión de renunciar a 119 millones de euros de fondos europeos que debían destinarse a la creación de plazas de Educación Infantil para niños de 0 a 3 años. Esta decisión no es nueva, pero ahora el Ministerio de Educación ha distribuído 32 de esos millones entre otros siete territorios y este movimiento ha propiciado las críticas de Rego y Alegría, que han acusado de "privatizar la educación a costa de las familias trabajadoras".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución de esos 32 millones hasta 2025 entre la Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Castilla y León, Madrid, Murcia y Navarra. Entre estas regiones hay 5 en manos del PP y 2 en manos del PSOE que ya recibieron parte de estos fondos en su primera convocatoria. Se trata de partidas finalistas, ya que salen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y sólo pueden dedicarse a lo que estipula la UE. "Casi 12.000 familias andaluzas se quedan sin plazas en escuelas públicas", se ha quejado Sira Rego en sus redes sociales, mientras que Alegría ha hecho especial hincapié en que el reparto de los 32 millones es posible gracias a la renuncia "expresa" del Gobierno de Juanma Moreno a los citados 119 millones de euros.

En esta guerra hay un debate sobre el modelo, pero también adquiere relevancia en medio de la pugna por la financiación autonómica y el acuerdo entre PSC y ERC que abre la puerta a la creación de un modelo de concierto económico en Cataluña. En ese contexto se entiende la virulencia de las dos ministras, que no han hecho alusión a los argumentos de Andalucía para rechazar esta cantidad de la UE. Andalucía sólo se quedó con 4 millones de euros destinados a la creación de nuevas plazas en colaboración con los ayuntamientos donde había necesidad de plazas de esta etapa de Infantil, que no es obligatoria.

El modelo de la Junta de Andalucía fue implantado por los gobiernos socialistas y recibió un gran impulso bajo el mandato de Susana Díaz y opta por la fórmula del concierto. El esfuerzo de la Consejería de Educación no está puesto en la creación de nuevos centros, sino en la bonificación del precio a las familias que así lo necesiten. Las más vulnerables reciben una ayuda por valor del 100% del coste, que supera los 320 euros al mes por niño, comedor incluido. La nueva responsable andaluza de Educación, Carmen Castillo, ha explicado que los 123 millones de la UE podrían servir para ampliar esas bonificaciones a todas las familias, pero se trata de un imposible, ya que la UE establecía que el dinero debía dedicarse a la creación de plazas públicas.

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Los argumentos de la Junta van por dos caminos. El primero se centra en el efecto pernicioso que tendría la creación de plazas públicas en el sector de las escuelas infantiles que está consolidado en la comunidad. Y el segundo en sus numerosos intentos por convencer al Ministerio de Educación para poder utilizar estas cantidades para ampliar el alcance de las bonificaciones. Según Castillo, que fue viceconsejera en la pasada legislatura, el entonces secretario de Estado del ramo "se comprometió" a ir a Europa para explicar las "bondades" del modelo andaluz. "Todavía estamos esperando que haga eso", se ha quejado la consejera andaluza, que ha hablado de un "empecinamiento" por parte del Ejecutivo central.

Castillo ha destacado el alto nivel de escolarización que la comunidad tiene en esta etapa, que ronda el 58% y según la Junta demuestra el éxito del modelo. El Ministerio de Educación ha actualizado este martes los datos y desvelan que el nivel de escolarización en el país es casi 20 puntos más bajo que en Andalucía, ya que está en el 41%. Andalucía oferta 125.000 plazas en este modelo y cada año cientas quedan vacantes más de 20.000, explican desde la Consejería de Educación, una situación que se ve agravada por las caídas en la natalidad que se vienen registrando en la última década.

Según explicaba la antecesora de Castillo, Patricia del pozo, la decisión cuenta con el aval del sector, ya que la devolución de los fondos se aprobó en la Mesa de Infantil. En Educación recuerdan que la mayoría de guarderías son pequeñas empresas, muchas de ellas de gestión familiar. En total, la Junta calcula que son 2.000 empresas que dan trabajo a 16.000 personas. El Gobierno de Juanma Moreno, en medio de esta bronca, se ha puesto como objetivo ampliar la bonificación para alcanzar la gratuidad en los próximos años para todos los beneficiarios.

Desde el Ministerio de Educación aseguraron a este medio en marzo que hicieron la petición ante la UE para permitir a la Junta dedicar los fondos a las bonificaciones de las escuelas privadas y recibieron un no por respuesta. Rechazan también que al País Vasco se le haya dado luz verde para utilizar el dinero en su modelo de cooperativas, como ha asegurado este martes Carmen Castillo.