Sevilla sale a la caza de los pisos turísticos ilegales: cortes de agua y retirada exprés de licencias

Sevilla tiene un plan para acabar con los pisos turísticos ilegales y consiste en atacar "donde más duele", es decir, en los suministros que permiten que funcionen a pesar de no cumplir con la normativa vigente. La principal medida pasa por cortarles el agua en colaboración con la empresa municipal Emasesa una vez que se certifique que infringen la reforma del Plan General de Ordenación Urbana aprobada en 2022 para limitar la proliferación de estos negocios. El gobierno local que encabeza el popular José Luis Sanz se ha aliado con la Administración autonómica, competente en materia de turismo, para acelerar el control a las viviendas de uso turístico mientras que se aprueba una ordenanza específica, bloqueada por la falta de apoyos en el Pleno municipal desde hace varios meses.

No existen datos oficiales sobre el número de pisos irregulares que funcionan hoy en la capital andaluza, pero un informe de la Sevilla Tourism Office publicado por El Correo de Andalucía en mayo hablaba de unas 8.000 viviendas a partir del cruce de datos de las principales plataformas donde pueden alquilarse. El informe es posterior al cambio normativo de 2022 que estableció la actual limitación de viviendas de uso turístico, impulsada por el anterior regidor, el socialista Antonio Muñoz. Entre los requisitos estaba la necesidad contar con un acceso independiente si el piso era una planta superior a la primera y la obligatoriedad de cambiar el uso del inmueble de residencial a turístico.

Con arreglo a esa norma, el Ayuntamiento de Sevilla, ya bajo mandato popular, solicitó a la Consejería de Turismo la eliminación de 715 viviendas que infringen el PGOU y no pueden funcionar como alojamiento. Ahora, la Administración autonómica va a revisar las declaraciones responsables que permitieron la apertura de los citados inmuebles para certificar su supresión. Pero ese es el primer paso de la tarea de revisión de todos los inmuebles que funcionan como apartamento turístico para comprobar que cumplen con la normativa y, en caso contrario, reducir la presión de este tipo de negocios, que han proliferado de forma incontrolada en la ciudad.

En gran parte del casco histórico de Sevilla y en el barrio de Triana, al otro lado del Guadalquivir, los pisos turísticos son ya más del 10% del parque de vivienda, según datos del propio Ayuntamiento. La intención del equipo de José Luis Sanz pasa por congelar la concesión de licencias en esas zonas, pero por el momento no pueden llevar a cabo su objetivo. PSOE, Vox y Podemos-IU han rechazado la ordenanza que presentó el regidor popular porque la consideran poco exigente y reclaman una moratoria total como la que han aprobado alcaldes del PP en Valencia o Granada. La tesis del PSOE, principal partido de la oposición, es que limitar solo las zonas saturadas provocará la aparición de nuevos pisos turísticos en los alrededores del centro, agravando aún más el problema del acceso a la vivienda en la capital hispalense.

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Sin esperar a la resolución de este bloqueo, el Consistorio sevillano ha puesto en marcha una ofensiva contra las viviendas irregulares. La tarea comenzará por la revisión de todas las declaraciones responsables presentadas desde septiembre de 2022 para permitir el funcionamiento de un piso turístico. Solo entre enero y mayo de 2024, el Ayuntamiento registró 3.821 aperturas de este tipo de negocios, lo que da pistas sobre la tarea titánica que tendrá que acometer la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en los próximos meses. El equipo de José Luis Sanz se ha comprometido a revisar 10 de estas declaraciones responsables cada semana, aunque fuentes del gobierno local explican que se trata de un mínimo y que la intención es que sean más para no eternizar la labor.

Los técnicos municipales se centrarán en los pisos turísticos que carezcan de ocupación y en las viviendas turísticas donde se hayan registrado problemas vecinales en los últimos meses. El decreto aprobado por el Gobierno andaluz a primeros de año obliga a los propietarios de los pisos a informar a los ocupantes de las normas de la comunidad en la que están instalados, entre otros requisitos que van desde la obligación de que haya 14 metros cuadrados por plaza disponible en la vivienda y contar con equipamientos como aire acondicionado y calefacción, utensilios de cocina, armarios o ropa de cama.

Una de las obsesiones del Ayuntamiento de Sevilla es agilizar el proceso, por lo que exime de la elaboración de un expediente para eliminar la licencia a los pisos que no cumplan con la reforma del PGOU de septiembre de 2022. Esto significa que si una vivienda turística está en un segundo piso y no tiene acceso independiente desde la calle, la supresión de su permiso no necesitará la apertura de un expediente que exija consultar más documentación y, por lo tanto, retrasar el proceso. Además, los informes técnicos de Urbanismo que certifiquen estos incumplimientos no requerirán la apertura de un procedimiento municipal e irán directamente a la Consejería de Turismo para la cancelación de la licencia.

El corte de agua por parte de Emasesa se ha visto como la principal medida disuasoria, aunque en el Consistorio admiten que estudiaron la posibilidad de cortar también la electricidad. Esta medida se descartó por la complicación que supone contar también con el aval de la empresa suministradora, una compañía privada, a diferencia de lo que ocurre con la Empresa Municipal de Aguas de Sevilla. En caso de que se detecte que el titular de una vivienda sigue explotándola después de su cancelación, el gobierno local podrá adoptar medidas sancionadoras.