El difícil camino de Juanma Moreno para llevar la revisión de los ERE a la Justicia europea

Las revisiones del caso de los ERE encendieron al PP andaluz por considerarlas un ejercicio parcial del Tribunal Constitucional (TC). Entre junio y julio, una decena de exaltos cargos socialistas, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, vieron rebajadas o anuladas sus penas por su papel en la pieza política del caso que comenzó a investigar Mercedes Alaya en 2011. El enfado de los populares fue mayúsculo, pero ahora contemplan pasar a la acción, según desveló el propio Juanma Moreno en una entrevista con ABC. El partido ha abierto la puerta de la justicia europea y se plantea acudir al Tribunal de Justicia de la UE para que dilucide si la decisión del TC fue correcta. Aunque para eso todavía queda un camino largo y no exento de complicaciones.

Hay un dato muy relevante en el detalle desvelado por el presidente de la Junta y líder popular. El PP ejerce como acusación particular en el caso de los ERE desde los inicios. Por eso la Audiencia Provincial de Sevilla les da traslado de cada paso que dan. Y el próximo paso consiste en la elaboración de una nueva sentencia que sólo tenga en cuenta un porcentaje muy pequeño de los hechos probados que desembocaron en la condena de una generación de exdirigentes socialistas que gobernó Andalucía entre 1990 y 2009.

La corte de garantías anuló parcialmente las condenas a 9 de los exaltos cargos y eliminó gran parte de los hechos que motivaban las penas por prevaricación y malversación, pero ahora la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene que evaluar de nuevo la investigación y emitir un nuevo fallo. El ponente de la primera sentencia, Juan Antonio Calle Peña, se jubiló prematuramente y ahora ejerce como abogado, por lo que son las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez Casielles las que tendrán que redactar la nueva sentencia. No se espera que este paso se complete antes de septiembre, dado que la actividad de los juzgados queda suspendida en agosto. Pero antes de irse de vacaciones, las juezas ya tomaron una decisión a partir de un escrito del sindicato Manos Limpias.

El organismo que dirige Miguel Bernad remitió un escrito a la Audiencia reclamando al tribunal sevillano que antes de emitir nueva sentencia presentara una cuestión prejudicial ante el TJUE para dilucidar si el paso dado por el Constitucional encaja en la jurisdicción comunitaria. Concretamente, la organización pretende que el juzgado sevillano pregunte a los magistrados de Luxemburgo si la exoneración parcial del los exaltos cargos es compatible con la "lucha contra la corrupción". Según la entidad, las sentencias del TC apuntan a un "riesgo de impunidad" de los condenados en 2019 y dejan ver "una imagen de ausencia de persecución de la corrupción" en España. Estos argumentos no son muy lejanos a los que se han utilizado para criticar la ley de amnistía impulsada por el Gobierno a los implicados en el procès, un asunto que también llegará al TJUE como consecuencia de las cuestiones prejudiciales que ya se han planteado por parte de varias instancias.

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Las magistradas de la sección primera decidieron dar traslado a las partes, entre las que están los propios acusados, la Fiscalía Anticorrupción y el PP andaluz, además de Manos Limpias. Los populares tienen un plazo de varios meses antes de posicionarse al respecto, aunque es cierto que los pasos procesales del PP en este caso suelen ir de la mano del Ministerio Público.

Lo lógico es que esperen a conocer la decisión de los fiscales sobre el escrito de Manos Limpias antes de hacer un movimiento en un sentido u otro, pero las palabras de Juanma Moreno en la entrevista apuntan a que hay una decisión ya tomada. "El TJUE puede decir si la Audiencia debe dictar sentencia nueva o no", expresan en el Gobierno andaluz, donde consideran que la postura del tribunal europeo servirá para dilucidar si el Constitucional "se ha inmiscuido" en una decisión que debería haberse quedado en el Tribunal Supremo.

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Las dudas de Manos Limpias radican en las conexiones de algunos miembros del Constitucional con el PSOE, un partido con el que tienen "vínculos directos". Es un argumento que también utilizó el PP en su intento por recusar a dos de las magistradas del TC que participaron en la deliberación sobre los ERE, como la propia ponente, Inmaculada Montalbán, y María Luisa Segoviano. Los populares además reclamaron a Cándido Conde-Pumpido que se abstuviese de participar, como hizo mientras fue miembro del Tribunal Supremo, por haber sido Fiscal General del Estado durante parte de la instrucción del caso. Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia con Pedro Sánchez, también formó parte de los gobiernos andaluces de Manuel Chaves y Susana Díaz en dos etapas distintas.

Según dejó ver Juanma Moreno en su entrevista en ABC, si la petición de Manos Limpias no prospera, su Ejecutivo estudiará la fórmula para acudir a la justicia europea. Hay que tener en cuenta que la Junta forma parte de las piezas separadas de los ERE como perjudicada y tiene en marcha numerosas solicitudes de reintegro de fondos. El barón popular ha dejado caer en más de una ocasión que las decisiones del TC pueden generar obstáculos en la recuperación del dinero defraudado, un argumento que podría utilizar el Gobierno autonómico para elevar sus dudas a Luxemburgo, aunque la decisión está en manos del gabinete jurídico y en San Telmo no ofrecen más detalles al respecto de la estrategia. Hasta la fecha, el Gobierno andaluz ha recuperado 27 millones y reclama hasta 135 millones en las distintas causas en la audiencia, cantidades muy alejadas de los 680 millones en los que el PP sigue cifrando el fraude.