Andalucía apacigua su revolución fiscal antes de entrar a competir con Madrid
La Junta prefiere evaluar los efectos en la recaudación antes de seguir bajando impuestos. A Moreno solo le queda por delante Ayuso, que ha anunciado nuevas deducciones fiscales
Juanma Moreno ha pausado su revolución fiscal este 2023, mientras Isabel Díaz Ayuso toma distancia. Tras seis bajadas de impuestos consecutivas, la Junta de Andalucía está “evaluando” los efectos de las medidas aprobadas en los últimos años, que incluyen cambios radicales como la supresión del impuesto al patrimonio. Los presupuestos aprobados por el Consejo de Gobierno de este martes vienen a consolidar esas rebajas y, por ejemplo, la Administración autonómica no ha podido contar por primera vez con los 95 millones de euros que recaudaba con el gravamen al patrimonio.
La recompensa es otra. En estos momentos, la comunidad es la segunda más competitiva del país en materia de impuestos, según el índice autonómico de competitividad fiscal de la Tax Foundation. En 2018, antes de la llegada de Juanma Moreno, era la décima. Es la consecuencia de cuatro años de anuncios continuados de rebajas fiscales, la mayoría durante el primer mandato en coalición con Ciudadanos, aunque a finales de 2022 también se cerró una de las más destacadas, ya con la mayoría absoluta. Muchas de esas medidas están siendo consultadas y aplicadas por otras autonomías del PP en esta legislatura, como destacan desde la Junta. Si se incluye a los territorios con un régimen económico propio, Andalucía es el tercero más competitivo, por encima de Navarra y por detrás del País Vasco.
El Gobierno andaluz pretende seguir bajando impuestos, aunque no lo hará en este año por precaución. De hecho, su presupuesto autonómico para 2024 no incluye nuevas bonificaciones o supresiones más allá de las ya anunciadas, al contrario de lo aprobado por la Comunidad de Madrid, que sí ha aplicado nuevas reducciones del IRPF, algunas de ellas destinadas a atraer inversores del extranjero. Desde Andalucía, explican que se están monitorizando todas las bajadas aplicadas hasta ahora para recabar información sobre qué gravámenes tienen margen de mejora y qué efectos tienen las medidas en la recaudación. Si la comunidad quiere competir con Madrid, tendrá que esperar.
Según los cálculos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Andalucía deja de ingresar cada año unos 900 millones de euros a raíz de las bajadas fiscales. Sin embargo, acaba de presentar el mayor presupuesto de su historia, con récord en gasto social. De momento, las transferencias del Estado y la UE y la recaudación de otros impuestos compensan lo perdido en el impuesto de transmisiones patrimoniales (-28%), el de sucesiones y donaciones (-3,3%) o la eliminación del gravamen al patrimonio. De hecho, la recaudación sigue al alza y las perspectivas son positivas para 2024, un año en el que se cerrará la liquidación de 2022, por lo que el Estado transferirá fondos extraordinarios recaudados en un año muy marcado por la inflación.
Andalucía sigue las recomendaciones de la AIReF, que aconseja no usar los ingresos extraordinarios de este año para bajar impuestos
Sin embargo, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) recomienda “no consolidar incrementos de gastos o usar ese dinero para bajar impuestos”, partiendo de que la recaudación del año 2022 responde a una situación excepcional. Por ello, la Junta ha preferido estudiar la evolución de la economía en un contexto internacional convulso y con la amenaza constante de la sequía, que ya lastra la actividad económica andaluza en un 2%. El mensaje es de precaución, aunque se buscarán todas las opciones. “Siempre que se pueda”, el Ejecutivo de Juanma Moreno pretende explorar las posibilidades para mejorar aún más su competitividad fiscal. “Podría haber más rebajas a lo largo del año próximo”, advirtió la consejera durante la presentación de las cuentas.
Fuentes consultadas reconocen que al Gobierno andaluz le queda poco margen de mejora, teniendo en cuenta que ya ha rebajado todos los impuestos sobre los que tiene competencia. La revolución fiscal de Moreno ha tocado el IRPF (reducción de escala autonómica, deflactaciones o deducciones), el impuesto sobre sucesiones y donaciones (bonificado al 99%) o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (solo Canarias y Madrid tienen un tipo más bajo que Andalucía).
Por otro lado, la consejería necesita ver cómo responde su revolución fiscal en un contexto sin inflación, en el cual las administraciones recaudarán menos. El presupuesto autonómico ya cuenta con 655 millones de euros menos en fondos europeos respecto al año anterior, por el cierre del marco 2014-2020. De momento, Andalucía ha descartado anunciar una segunda deflactación del IRPF, como ha hecho Madrid, a pesar de que fue la primera comunidad en hacerlo el año anterior.
El Ejecutivo de Moreno trasladó su malestar por haber elaborado el presupuesto sin contar con las entregas a cuentas o la liquidación de 2022 por parte del Gobierno central. De hecho, los técnicos han usado modelos econométricos para determinar las entregas y poder iniciar la tramitación parlamentaria a tiempo para aprobar las cuentas definitivamente a finales de año. El presupuesto se ha elaborado con unas previsiones de crecimiento del PIB andaluz para el año que viene del 2%, estimación que cuenta con el aval de la AIReF y que se encuentra en el término medio de las previsiones de los analistas independientes. Además, atendiendo al plan presupuestario remitido por el Gobierno central a Bruselas, se ha tomado como referencia un déficit del 0,1%.
Juanma Moreno ha pausado su revolución fiscal este 2023, mientras Isabel Díaz Ayuso toma distancia. Tras seis bajadas de impuestos consecutivas, la Junta de Andalucía está “evaluando” los efectos de las medidas aprobadas en los últimos años, que incluyen cambios radicales como la supresión del impuesto al patrimonio. Los presupuestos aprobados por el Consejo de Gobierno de este martes vienen a consolidar esas rebajas y, por ejemplo, la Administración autonómica no ha podido contar por primera vez con los 95 millones de euros que recaudaba con el gravamen al patrimonio.
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