El último alcalde socialista de Antequera, al banquillo por supuestas contrataciones irregulares

Nuevas complicaciones judiciales para el PSOE. El exalcalde de Antequera Ricardo Millán se sentará en el banquillo de los acusados por su presunta implicación en una serie de contrataciones irregulares y se enfrenta a una acusación de la Fiscalía de Málaga por un delito continuado de prevaricación.

El juzgado Mixto número 1 de Antequera ha acordado la apertura de juicio oral contra el último regidor socialista del municipio, para el que se pide un mínimo de ocho años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, así como el pago de las costas de un caso que se remonta a 2014.

El Ministerio Público, en su relato de hechos, al que ha tenido acceso este periódico, señala que Millán “llevó a cabo una serie de contrataciones irregulares contraviniendo las normas legales aplicables e infringiendo los principios de mérito, capacidad y publicidad”. El entonces alcalde, supuestamente, “desatendió” las indicaciones del secretario municipal y otro personal de los servicios técnicos para ejecutar las altas laborales cuestionadas durante la instrucción.

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La fiscal detalla concretamente cuatro: el puesto de ayudante de biblioteca, el de ordenanza de un edificio anejo, el de conserje conservador y el de peón de mercado. El primero se llevó a cabo a pesar de que contaba con informe de reparo, al igual que el segundo, del que se destaca la inexistencia de un documento previo de la Sección de Personal. El sistema de selección, la falta de publicidad de las bases y la convocatoria, “sin justificar la necesidad y urgencia”, de una plaza de funcionario interino, conforman los reproches sobre la tercera contratación; mientras que de la cuarta se destacan las advertencias desoídas de la Secretaría del Ayuntamiento antequerano sobre la prórroga del contrato.

La lupa se centra, principalmente, en el pleno municipal celebrado el 17 de marzo de 2011, aunque la acusación particular extiende las indagaciones a otras sesiones plenarias e incrementa notablemente los presuntos casos de enchufismo en su escrito, por lo que eleva la solicitud de pena a los 10 años de inhabilitación.

La Fiscalía explica que ese día se debatió la “normalización contractual de todo el personal laboral del Ayuntamiento” y su pase a la categoría de indefinido. Esta medida se aprobó por unanimidad pese a que el secretario municipal informó de que “existían ciertas irregularidades” y sin que, al igual que la interventor, emitiera un dictamen. “Tampoco se atendió la propuesta de que el asunto se quedara en la mesa para resolverlo posteriormente” y en el acta quedó reflejada la falta de informe jurídico por la urgencia con la que se había presentado la propuesta de dicho acuerdo.

El actual alcalde del municipio, el popular Manuel Barón, ha sido citado como testigo

“Estos hechos constituyen un delito continuado de prevaricación”, del que se considera presunto autor al antiguo regidor socialista, sobre el el que no concurren circunstancias modificativas de su responsabilidad.

Además del interrogatorio al acusado, el Ministerio Público ha solicitado la declaración como testigo del actual alcalde del municipio, el popular Manuel Barón, al que la acusación particular reprocha que avalara las contrataciones investigadas.

Larga instrucción

El caso queda así pendiente de que se fije la fecha del juicio, momento en el que parecerá verse el final del túnel a una larga instrucción no exenta de complicaciones. Las indagaciones se iniciaron en 2014 tras la denuncia de un particular que alertó de una presunta violación de los principios de “igualdad, mérito y capacidad” que deben regir cualquier proceso selectivo en la Administración pública. Estas supuestas prácticas se habrían desarrollado durante el mandato de Millán (PSOE), quien presuntamente hizo caso omiso de las advertencias de los técnicos a la hora de impulsar las altas laborales, justificando sus actos en una supuesta urgencia para cubrir los puestos vacantes alimentada por “la presión que estaban ejerciendo los agentes sociales”.

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A pesar de que el juez instructor reconoció que “el proceso de contratación fue irregular”, no halló “indicios racionales del plus de antijuricidad” que “transformarían” esta acción en “resoluciones manifiestamente impuestas, arbitrarias”, que supondrían una “evidente, patente y clamorosa infracción de las normas aplicables”. “En su gran mayoría”, según se recoge en un auto de la Sección Novena de la Audiencia Provincial que estima el recurso presentado por el querellante, “se trataba de casos de sustituciones de personal laboral —nunca funcionarial— que tenían que producirse con carácter inmediato”.

“Se acudía al concurso del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)”, apuntó el magistrado, que sostuvo que no había “indicio alguno” de que los contratados fuesen “personas afines al PSOE o que mantuvieran relaciones de proximidad con los concejales”. Algo de lo que discrepó la parte denunciante.

El documento emitido por la instancia superior, en respuesta al escrito contra el sobreseimiento de las actuaciones, concluyó que “existen indicios de su participación en el delito que se le imputa”, ya que “es claro y no se discute” que la contratación de los trabajadores a que se refieren las actuaciones “fue irregular y se realizó contraviniendo las normas legales aplicables e infringiendo los principios de igualdad, mérito, capacidad, además del de publicidad, que dimanan de la Constitución”.

La Audiencia Provincial corrige al instructor y afirmó que “las razones de urgencia que se alegan en ningún caso pueden servir de justificación para incumplir la ley”; siempre y cuando “realmente existieran”, pues “no hay constancia objetiva más allá de las manifestaciones del investigado”. Ricardo Millán “contaba con el asesoramiento de los servicios técnicos del ayuntamiento, y el particular del secretario municipal”, por lo que “sabía que las contrataciones se debían realizar de la forma que establece la ley”. “Sin embargo, prefirió desatender las indicaciones de dichos profesionales, lo cual supuestamente pone de manifiesto su voluntad deliberada de no actuar conforme a derecho, algo que podría considerarse patente y notoria arbitrariedad”, uno de los preceptos sobre los que se argumenta el delito de prevaricación.

El investigado justificó las contrataciones en una supuesta urgencia para cubrir los puestos y en “la presión de los agentes sociales”

En el auto se aludía a otra investigación de la que ha venido dando cuenta este periódico: el caso Manilva. “Puede que no nos encontremos ante un caso aislado”, advierte el magistrado sobre los procesos selectivos seguidos en las administraciones locales, y precisa que en el municipio costasoleño, al contrario que en Antequera, sí hay indicios de que el objetivo era “crear una red clientelar de votantes que garantizara la permanencia en el poder del partido gobernante”.

El magistrado, antes de estimar el recurso de apelación, y obligar al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad antequerana a continuar con el proceso, realizó una singular apreciación: “Aun en el caso de que fuera cierto que estas conductas se produzcan con cierta asiduidad, no por ello deben dejar de reprimirse si hay razones para ello”.