Dos policías a juicio por abuso de autoridad en una detención durante el estado de alarma

“Con evidente abuso de las funciones propias de su cargo y de manera totalmente injustificada”, procedió a arrancar la matrícula por la fuerza y después agarró a T. W. por detrás, “presionándole el cuello con el antebrazo” hasta “hacerlo caer al suelo inconsciente”. Su compañero introdujo a Y. G. A. en el coche tras “pegarle una bofetada en la cara” y “aprisionarle el pie con la puerta”. Este es un extracto del relato que la Fiscalía de Málaga hace sobre la actuación de dos agentes de la Policía Local de Torrox contra los que ha formulado acusación por supuestamente excederse durante la detención de una pareja y para los que solicita, para cada uno, un año de cárcel y tres de inhabilitación en su puesto por la presunta comisión de cuatro delitos.

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El Ministerio Público, paralelamente, insta al sobreseimiento de la causa abierta a las víctimas por su arresto por atentado a agente de la autoridad al "no quedar debidamente acreditado el delito que se les atribuye".

Los hechos se remontan al 29 de marzo de 2020, dos semanas después de que el Gobierno decretase el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Eran las 16:50 y los dos agentes investigados se encontraban patrullando por la zona conocida como El Peñoncillo. Allí se encontraba estacionada la autocaravana de T. W. Uno de los policías locales, "excusándose en la existencia de irregularidades en las matrículas, procedió a arrancárselas por la fuerza", relata el fiscal del caso en su escrito de acusación, en el que destaca “el evidente abuso” y la “manera totalmente injustificada” de la actuación.

T. W. e Y. G. A. trataron de explicar que no había "defecto alguno" en la placa porque, "con motivo del estado de alarma" dictado a raíz de la pandemia, "se habían suspendido los plazos administrativos de regularización". No obstante, los policías decidieron arrestarlos con base en un presunto atentado a agente de la autoridad.

Los agentes dijeron a todos los testigos que habían grabado la escena con sus teléfonos que debían borrar los archivos

El primero fue esposado y "arrastrado hasta el vehículo policial" después de que perdiese el conocimiento al ser agarrado por detrás y le apretasen el cuello. La segunda fue introducida por la fuerza en el coche patrulla tras supuestamente recibir un bofetón en la cara por parte de uno de los agentes, que al parecer también le pilló un pie con la puerta.

"Con la finalidad de que estos hechos fuesen conocidos, los acusados manifestaron a todos los testigos que tenían la obligación de borrar todas las grabaciones efectuadas con sus móviles", señala la Fiscalía, que añade que, una vez en dependencias policiales, uno de los agentes “cogió el teléfono de T.W. —con el que había captado escenas de lo acontecido— y lo lanzó repetidamente contra el suelo y la pared hasta dejarlo totalmente inutilizado”.

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La pareja fue conducida ante la Guardia Civil sobre las 21:30 y quedó en libertad una hora después, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera llamada. En el escrito de acusación, al que tuvo acceso este periódico, se resalta que T. W. sufrió erosiones en distintas partes de su cuerpo, que requirieron tres días de curación, y se valora en 350 euros el teléfono presuntamente destrozado por uno de los agentes.

La Fiscalía considera que los policías investigados habrían incurrido en cuatro delitos

"No ha quedado debidamente acreditado" que Y. G. A. y su acompañante "agredieran a los agentes", mientras que el Ministerio Público considera que estos cometieron, según el caso, dos delitos contra la integridad moral, otro leve de lesiones, un tercero de maltrato de obra leve y un cuarto de daños.

Para uno de los policías, al que señala como autor de tres de estos cargos, solicita un año de cárcel, tres de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como 1.200 euros de multa. Su compañero se enfrenta a otro año de prisión, tres sin poder ejercer su trabajo y 600 euros de multa. En el caso de ser considerados culpables, también deberán afrontar indemnizar conjuntamente a las víctimas con el pago de 6.000 euros "en concepto de daños morales".